Selectividad y modelo de universidad

UNO DE LOS grandes obstáculos que impiden a nuestra enseñanza superior salir de su marasmo actual es su falta de recursos. La elevación de la calidad de la enseñanza, el desarrollo de la investigación y la conexión del mundo universitario con la sociedad son algunos de los desafíos a los que se ha enfrentado el Gobierno socialista que prometió el cambio para que España funcionara. El Gobierno, en sus dos años y medio de gestión, ha puesto en marcha la ley de Reforma Universitaria, que ha resuelto la espinosa cuestión de los profesores no numerarios, en un plazo más que razonable de tiempo. Que la solución adoptada haya sido la mejor de las posibles, el tiempo se encargará de juzgarlo. La ley, sin embargo, no se agota en ese problema y tiene que ser desarrollada, por los poderes públicos y por la propia Universidad con la autonomía que la ley le confiere, para dinamizar una de las instituciones claves en la modernidad e innovación de una sociedad.Entre esas leyes pendientes, existe una de capital importancia para el futuro de la Universidad en España que el equipo del ministro Maravall no ha podido o no ha querido acometer todavía.' Nos referimos a la ley que habrá de regular el acceso a la enseñanza superior. Para paliar esta laguna, la Administración anunció la publicación de un decreto que regule las condiciones de acceso a la Universidad, que a la innegable virtud de reunir en un solo instrumento normativo toda la caótica legislación sobre el acceso a la enseñanza superior contrapone el defecto fundamental de que deja sin resolver la cuestión de fondo.

Y esta cuestión de fondo no es otra que la imperiosa necesidad de que la sociedad española, a través de sus representantes en el Parlamento, defina finalmente el modelo de Universidad que desea, lo que, simplificando momentáneamente las cosas, significa elegir entre una Universidad de masas y una Universidad rigurosamente selectiva.

La importancia de esta disposición ha quedado reflejada en la oposición que el proyecto de decreto ha en contrado en la propia universidad española que no parece estar dispuesta a asumir los riesgos políticos de una medida impopular que supone el endurecimiento de los criterios de selectividad. Esta aparente timidez de los estamentos académicos contrasta con sus reiteradas peticiones de que si limite el acceso de los estudiantes en determinadas facultades y escuelas. Cuando se decidió limitar el acceso a las facultades de Medicina, los administradores de turno rizaron el rizo del juego semántico para intentar negar que aquello fuera un verdadero numerus clausus. Se decía entonces, y se sigue diciendo ahora, que técnicamente sólo puede hablarse de numerus clausus cuando, en virtud de una prospección de las expectativas de empleo a plazo fijo, un determinado sistema educativo planifica deliberadamente el número de graduados que pueden salir de sus aulas cada año. En el caso de Medicina, se trataba solamente, - por lo visto, de adecuar el número de alumnos a la capacidad real de las facultades y concretamente a la disponibilidad de camas hospitalarias docentes que garantizaran una mejor formación de los futuros médicos. Luminoso razonamiento que, por otra parte, nadie sabe por qué ha de limitarse al ámbito de la carrera médica. El argumento de que la espera se debe a que la regulación del acceso a la Universidad ha de vincular se a la reforma de las enseñanzas medias, porque de éstas depende esencialmente el planteamiento de la enseñanza superior, es insuficiente. Porque si hay que esperar a que se resuelvan previamente todas las circunstancias que condicionan la justicia y equidad de las soluciones que se adopten para determinar quién entra y quién no en la Universidad, el asunto no se resolverá jamás.