Los transportistas reclaman que la inspección en carretera no dependa de Interior

La Asociación Nacional de Empresas de Carga Fraccionada (Anecaf) remitió a finales del pasado mes al presidente del Gobierno, Felipe González, y al ministro de Transportes, Enrique Barón, una extensa carta solicitando, entre otras cosas, la urgente creación de unidades operativas de vigilancia del transporte por carretera, dependientes del Ministerio de Transportes y no del Interior, como ocurre en la situación actual. Las labores de vigilancia las desempeña en la actualidad la Guardia Civil de Trárico.

Los transportistas reclaman que entre en vigor ya, sin esperar a la futura promulgación de la ley ordenadora del Transporte, el artículo 173 del borrador de dicha ley. En su punto quinto, el borrador contempla "la creación de una agrupación especial de vigilancia del transporte (dentro de las Fuerzas de Orden Público de vigilancia en carretera) que, conservando su relación orgánica y de servicio con el Ministerio del Interior y manteniendo su propia estructura jerárquica con obediencia a sus mandos naturales, estará integrada funcionalmente en los servicios de la Inspección del Transporte y actuará bajo la dirección de los órganos superiores de dichos servicios".Para los empresarios del sector, tras la promulgación de la ley 38/ 1984 sobre Inspección, Control y Régimen Sancionador de los Transportes Mecánicos por Carretera, se ha creado un conflicto de competencias efectivas con la ley 47/1959 -en su artículo prime ro afirmaba que "la vigilancia y disciplina del tráfico, circulación y transporte por carretera corres ponden el Ministerio de la Gobernación...-, que debe zanjarse inmediatamente en favor de la Inspección del Transporte Terrestre, integrada en Transportes.

Los empresarios entienden que la nueva ley de Inspección, de 1984, introduce una serie de puntos específicos -básicamente la declaración de porte, que implica controles estadísticos- que confiere a las tareas un cierto grado de especialización en las tareas de vigilancia que justificarían la necesidad de unas unidades operativas específicas.

Intrusismo e ilegalidad

De hecho, según recoge el escrito de Anecaf, "sin estas unidades de vigilancia en carretera no puede combatirse el intrusismo y la ilegalidad, exigirse la aplicación del régimen tarifario para la carga completa y cumplimentarse la declaración de porte, clave para el conocimiento y ordenación del transporte". Una de las síntesis a las que llega la carta aventura la posibilidad de que, "sin la aplicación del marco tarifario, el sector público de transportes de mercancías podría abocar a una situación límite, lo que generará tensiones, conflictos y huelgas".