Detrás de la huelga

LA RECIENTE huelga de los profesores y trabajadores de la enseñanza privada, en defensa de sus reivindicaciones económicas y profesionales, ha sido presenta da por las organizaciones empresariales y los partidos de la oposición conservadora como unas jornadas de protesta contra la política educativa del Gobierno. De esta forma, los empresarios no sólo intentaban eludír sus propias responsabilidades en las negociaciones con sus empleados sino que también se esforzaban por aumentar la presión social sobre el Tribunal Constitucional en vísperas de la sentencia sobre la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Nuevamente la discusión sobre los dineros -ahora entre trabajadores y empresarios, como antes lo fue entre la Adminitración y los colegios privados- es disfrazada de debate ideológico; y otra vez el concepto de libertad de enseñanza- vuelve a ser enarbolado como bandera por los mismos que ayer imponían a los demás su propia intolerancia. Las organizaciones patronales hicieron saber desde el principio de las negociaciones que no podían negociar el convenio hasta que no se conociesen los módulos de las subvenciones para este año. Cuando éstas se hicieron públicas, los empresarios ofrecieron un incremento salarial del 7,5% (equivalente a la aportación aprobada por el Ministerio) a los profesores de las aulas subvencionadas y una subida del 5,5% (acogiéndose a la banda del Acuerdo Económico Social) a los profesores de los centros no subvencionados. Sin embargo, los salarios del personal no docente, tanto de las empresas subvencionadas como de las restantes, quedaban congelados. El argumento de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) fue que la partida de las subvenciones destinada a gastos de funcionamiento -que creció tambien en un 7,5%- no permite modificar los salarios del personal no docente. Este debate, que en apariencia es similar a las negociaciones de los convenios de otros sectores, está lastrado, sin embargo, por la carga política de la polémica LODE, que intenta poner orden en las subvenciones que el Estado destina a la enseñanza privada.

Recordemos que la Confederación Católica de Padres de Familia (CONCAPA) interpuso recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra la órdenes ministeriales que regulaban las subvenciones a centros privados. Una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dio parcialmente la razón al recurso de la Concapa, si bien el Gobierno recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso. El obstruccionismo legal que sectores de la derecha conservadora practican con la política educativa del Gobierno se ha visto completado ahora por la reacción adoptada frente a la huelga de profesores en demanda de mejoras económicas y profesionales: un cierre patronal, que en definitiva es una manera añadida de desafiar las reformas previstas. Los hechos parecen empeñados en demostrar que, tras la discusión sobre la libertad de enseñariza, se esconde un problema económico y la lucha por el control de las subvenciones estatales.

Mientras todo esto sucede, nadie -ni Gobierno ni empresarios- parece plantearse seriamente el debate verdaderamente necesario: el relativo a la calidad y contenido de la enseñanza. Y sigue vigente en nuestro país la triste realidad de una enseñanza general básica con angustiosas carencias en las zonas rurales y suburbios y un fracaso escolar galopante en las enseñanzas medias, que están pidiendo a gritos una urgente reforma. Confíemos en que la inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso previo interpuesto por Alianza Popular permita desbloquear la situación, descargar al conflicto de la artificiosa ideologización a que ha sido sometido por la ofensiva de la derecha conservadora y obligar a unos'y a otros a plantear esa reforma de la enseñanza que capacite a los españoles del siglo XXI para responer a los desafíos de la modernidad.