El Gobierno asumirá la promoción exterior del turismo, con la oposición de las autonomías

El decreto que reserva a la Administración central el coordinar la promoción del turismo exterior, cuyo presupuesto asciende este año a 1.500 millones de pesetas, entrará en vigor sin modificar su texto inicial, pese a la oposición de distintas comunidades autónomas. Entre los detalles del mismo, tres permanecían inéditos: la bandera nacional deberá distinguirse sobre cualquier otra bandera o enseña, la palabra España deberá recibir tamaño superior a otros rótulos e inscripciones y será también obligada la utilización preferente de un logotipo común.

Aprobado por el Gobierno hace un mes, el decreto ha sido contestado en especial por el Ejecutivo autónomo catalán, que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad. Tampoco ha gustado a otras autonomías, lanzadas también a promover en solitario su turismo en el extranjero mediante viajes, entrevistas con autoridades extranjeras y presencias individuales en certámenes. En la última feria internacional de Berlín Occidental, por ejemplo, concurrió sin distintivo español alguno el pabellón Basquesland.Según fuentes de la Administración central que censuran estas actuaciones, el decreto, todavía no publicado por el Boletín Oficial del Estado, se mantendrá inmune a las críticas y entrará en vigor tal y como fue aprobado, a propuesta del ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Enrique Barón. Por su parte, el Ministerio de Economía y Hacienda ha dicho que no mediará en la polémica con alguna de los cambios de detalle que a veces se introducen en las normas tras su aprobación.

El decreto reserva al Estado la promoción del turismo hacia España, "que se realizará a través del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, sin perjuicio de las facultades de coordinación general atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores". Sienta después tres principios: la "debida coordinación"; la consideración de la oferta española "en su conjunto como un todo en el que se insertan de forma coordinada, y sin perjuicio de sus propias peculiaridades, las características e intereses de las ofertas turísticas de las distintas áreas o localidades turísticas concretas", y la adaptación a las exigencias de la demanda actual y potencial de los mercados".

La Secretaría General de Turismo elaborará anualmente el programa general de promoción. Así, "las diferentes ofertas turísticas regionales españolas en las ferias o exposiciones internacionales estarán integradas, a ser posible, dentro de un espacio común a la totalidad de la oferta turística española". Todo "de acuerdo con la oficina nacional española de Turismo, la representación diplomática española en el país de que se trate o servicios de ésta".

Competencia estatal

Tras detallar lo relativo a la bandera, la palabra España y el logotipo de identificación' del turismo español, el decreto autoriza al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones a dictar las disposiciones necesarias para "su aplicación y desarrollo".El Tribunal Constitucional anuló desde el pasado 11 de enero otro decreto recurrido por Cataluña, Canarias y Valencia. Pero entonces, según la Administración, el alto Tribunal dijo que "la promoción exterior del turismo adquiere desde esta dimensión [la de ser uno de los principales soportes de la balanza de pagos] una perspectiva que la sitúa dentro de la competencia estatal".

Las autonomías -y en especial la catalana- opinan que la Administración central ha desatendido oportunidades de promoción que interesarían a las respectivas ofertas (como la de viajes en autocar a Cataluña) y gasta sin eficacia los 8.000 millones de pesetas asignados a turismo. La Secretaría General de Turismo replica que pretende sumar esfuerzos para lograr eficacia y ahorrar recursos públicos. A su juicio, si es difícil en América y Japón vender la imagen de España, más costoso será la promoción por separado. En campañas de publicidad turística, el Estado gastará este año 1.513 millones de pesetas.