Corcuera renuncia a sus responsabilidades sindicales para no ser un factor de ruptura en UGT en el debate sobre pensiones
José Luis Corcuera, miembro de la ejecutiva de UGT, y hasta ahora la más clara alternativa a Nicolás Redondo en la secretaría general de la central socialista, ha abandonado sus responsabilidades en la organización, como primer paso para su dimisión en el cargo. Corcuera no quiere aparecer como el núcleo de las profundas diferencias y tensiones provocadas en UGT como consecuencia de la reforma de las pensiones, y, como anunció en su día, "me marcho antes de aparecer como la oposición a Nicolás Redondo".
José Luis Corcuera, secretario de acción sindical de UGT, ha sido hasta ahora el delfín -más o menos incontestado- de Nicolás Redondo. El propio secretario general ha reconocido en distintas ocasiones la posibilidad de que fuera Corcuera su futuro sucesor en la dirección del sindicato.Desde hace varios días José Luis Corcuera ha abandonado sus tareas ejecutivas, y no acudió ya a la última reunión del órgano de dirección de UGT, en lo que muchos interpretan como la primera fase de su dimisión. Él mismo no se ha recatado en afirmar públicamente su decisión de abandonar la dirección de la central argumentando que no quiere aparecer como un elemento de tensión en el sindicato. Corcuera ha repetido cada vez que se han difundido sus discrepancias con el secretario general, que antes de que se hicieran públicas abandonaría la organización, para que nadie pudiera utilizarle contra Nicolás Redondo.
Aunque aún no ha presentado su dimisión, todas las opiniones coinciden en que será el próximo día 17 cuando lo haga y así lo habría confirmado a sus más íntimos colaboradores.
Las razones más inmediatas de la decisión de Corcuera se encuentran en las fuertes discrepancias que ha mantenido con sus compañeros de ejecutiva sobre la reforma de la Seguridad Social. Pero sus diferencias sobre la política sindical coinciden prácticamente con la llegada al poder del PSOE. En medios socialistas se asegura que el propio partido socialista y el Presidente del Gobierno, Felipe González, tienen gran parte de responsabilidad en lo que denominan "quema de un futuro líder". De acuerdo con estos juicios, a José Luis Corcuera se le ha forzado excesivamente a mantener posturas impopulares que, en opinión del propio sindicato, aparecían claramente alineadas con las tesis del Gobierno.
Felipe González ha "puenteado" en ocasiones al secretario general a través de Corcuera, pidiendo su apoyo en medidas que resultaban muy difíciles de aceptar por el sindicato. Para Corcuera, por el contrario, se trata de ser justo en las opiniones "y criticar al Gobierno cuando lo hace mal, sin olvidar los cambios que el PSOE ha introducido en la sociedad desde que está en el poder".
Confrontación intolerable
Ya en el Acuerdo Económico y Social (AES) se registraron fuertes discrepancias en el seno de UGT, entre José Luis Corcuera y Nicolás Redondo. Y la confrontación ha llegado a grados "intolerables" en el caso de la reforma de la Seguridad Social. Redondo se ha visto apoyado por José María Zufiaur y contestado por Corcuera.
En el fondo, según algunas versiones, lo que se ha producido en el sindicato no ha sido más que el choque de dos modelos sindicales distintos. Las tensiones provocadas en el seno de la central socialista han hecho coincidir a Nicolás Redondo con Zufiaur y le han separado del modelo que desearía el PSOE.
Como antecedente de esta batalla habría que recordar que en 1980 se registró un intenso debate en la UGT y el PSOE. Entonces, el ahora ministro de Trabajo, Joaquín Almunia defendió la existencia en las empresas de los denominados grupos sindicales, que estarían constituidos por los militantes del PSOE y que llevarían una acción paralela a la de las secciones sindicales. Su máximo oponente fue José María Zufiaur que defendía el papel exclusivo de los sindicatos en el ámbito empresarial.
Muchos ven ahora en el enfrentamiento actual una continuación de aquella batalla. Dentro de este análisis, Corcuera estaría en medio de dos contendientes -el PSOE y el Gobierno por un lado, y la UGT por otro- y sería el hombre que se ha querido utilizar para conseguir un control más estricto del sindicato, aprovechándose de su decidida voluntad de fortalecer la organización y su reconocido carisma sindical.
Corcuera, por su parte, ha visto en los últimos meses disminuir su influencia en la central socialista. A pesar de todo, nadie niega dentro de la organización que a sus actuales posturas le ha llevado, fundamentalmente, un íntimo convencimiento de que el modelo sindical que defiende es el único posible y que, en este aspecto, la reforma de las pensiones aparecen como única alternativa a la quiebra del sistema.
El Gobierno sólo subirá las ayudas asistenciales en 1.000 pesetas
La cuantía de las pensiones asistenciales, de las que en un principio se había insinuado la posibilidad de hacerlas subir hasta las 15.000 pesetas, frente a las 11.000 pesetas mensuales fijadas en la actualidad, ha quedado finalmente establecida en 12.000 pesetas, según el texto definitivo del proyecto de ley de reforma de pensiones que el Gobierno remitirá a las Cortes Generales. Fuentes oficiales señalaron que en "este caso, han vencido las tesis restrictivas del Ministerio de Economía sobre las que había venido manteniendo Trabajo". Con ello, desaparece una de las principales contrapartidas esgrimidas por el Gobierno para justificar la reforma.El resto del texto es similar al que se había venido filtrando en los últimos días. Se suprime el requisito de alta -estar afiliado a la Seguridad Social en el momento de pasar a la jubilación- y se amplía el período de cotización a 15 años, frente a los 10 actuales.
Los requisitos para acceder a la pensión por invalidez causada por enfermedad común también se endurecen en su conjunto, aunque se establece un baremo en función de la edad que el trabajador, lo que en algún caso supone suavizar los requisitos. Así, hasta la edad de 26 años, el período de cotización exigido es igual a la mitad del tiempo transcurrido entre los 16 años y el momento en que pase a pensión de invalidez. A partir de esa edad, se exigen 3/8 del período comprendido entre los 20 años y el momento de la jubilación. En este caso, tres años han de. estar comprendidos dentro de los 10 últimos. Todo ello, cuando el trabajador estuviere en situación de alta.
En los casos de invalidez absoluta o gran invalidez por enfermedad o accidentes no laborales, si el trabajador no se encuentra en el momento de causar la pensión afiliado a la Seguridad Social, el período exigido es de 15 años, pero tres de ellos han de estar comprendidos dentro de los 10 inmediatamente anteriores.
Sistema de cálculo
El proyecto de ley recoge, tal como se había anunciado, la revalorización automática en función de las previsiones de inflación, aunque no su revisión si el IPC supera la cifra estimada.
El sistema de cálculo para la cuantía de la pensión consiste en la media de las bases de cotización de los ocho últimos años, revalorizando los seis primeros de acuerdo a la inflación y mantener en su valor nominal los dos últimos. Si el trabajador no hubiera cotizado en alguno de esos años, se aplicarán las bases mínimas a ese período.
Precisamente un lector de este periódico planteó ayer esta cuestión. Se trata de una persona de 59 años, hoy en paro, que ha cotizado durante 32 años. En los últimos ocho sólo ha trabajado cuatro. Se había planteado jubilarse anticipadamente dado que no cree que pueda conseguir otro empleo. En su caso se calcularía la pensión tomando la cotización de los dos últimos años en su valor nominal, otros dos años con la cotización que tuvo, y los otros cuatro en bases mínimas. Según cálculos todavía provisionales, teniendo en cuenta el coeficiente reductor por jubilación anticipada, la prestación en base al nuevo proyecto quedaría fuertemente disminuida con respecto a la que correspondería con la legislación actual.
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