A vueltas con la libertad de prensa

UNO DE los halagos más venenosos que se suelen dirigir a a Prensa es calificarla de cuarto poder, y no hay que descartar la posibilidad de que esa calificación, en el fondo, responda a un deseo de desacreditarla ante los ojos de la sociedad, a la que la palabra poder le recuerda antes los rigores y los excesos de algunos gobernantes arbitrarios, la indiferencia y el desapego de otros respecto a los problemas reales de la calle, que no la función de amparo y defensa de los ciudadanos, que también le corresponde.El II Premio Ortega y Gasset, que ha recaído en José Luis Salanova Fernández y Joaquín García Cruz -periodistas a pesar de la increíble actitud de sus compañeros de la Asociación de la Prensa de Murcia, que les niegan el ingreso en la entidad con el argumento de que carecen del carné oficial del antiguo régimen-, ha intentado subrayar el agradecimiento que se debe a los profesionales que tienen la valentía y la independencia de desafiar al poder establecido en los casos de flagrante arbitrariedad, pues ni siquiera el origen democrático de unos cargos públicos les confiere patente de corso para desviarse de sus estrictas obligaciones. Las informaciones de aquellos dos modestos reporteros de la Prensa local, primero, y luego la resistencia mostrada frente a los intentos de acallarles, acabaron forzando la dimisión del presidente del Gobierno autónomo de Murcia, Andrés Fernández Ros, entonces dirigente del Partido Socialista Obrero Español. Una actitud profesional correcta sobre la que debe reflexionar la sociedad española, que si disfruta de una libertad de expresión desconocida en las últimas décadas, asiste con desesperanza a las maniobras del poder para poner límites a los medios de comunicación, recortando uno de los derechos fundamentales de toda sociedad democrática.

Sin ánimo de dramatizar, valgan algunos ejemplos. Con la llamada ley Antiterrorista en la mano, cualquier diario que se edita en España puede ser cerrado provisionalmente sin que medie un juicio en el que pueda ejercitar su defensa. Se trata de una norma que podría ser aplicada por cualquier golpista, acogiéndose para mayor sarcasmo a una ley aprobada por un Parlamento democrático, para silenciar cualquier discrepancia. Otra ley, la de la protección del derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, concebida para proteger al ciudadano de a pie -por ejemplo, contra las escuchas telefónicas o las observaciones policíales no justificables-, está siendo utilizada torcidamente para descalificar las críticas a la actuación de los cargos públicos. La ley de Rectificación, por otra parte, revive las notas de inserción obligatoria de otras épocas, aunque esta vez sea el juez y no el funcionario de turno quien dicte la orden, pasando por encima del legítimo derecho que tienen los editores de una publicación a decidir cuáles son sus contenidos.

Tal vez escribir hoy en España no sea llorar, pero tampoco es ejercer ese cuarto poder que la Prensa ni tiene ni quiere. Los periodistas ganadores del Premio Ortega y Gasset no hicieron otra cosa que cumplir brillantemente con su obligación cuando denunciaron el abuso de un poderoso. Y si éste cayó, no fue por el poder de la Prensa, sino porque la sociedad democrática, a la que deben servir los periodistas, tiene elementos correctores para evitar que el poder viole la legalidad o ampare a quienes la violan.