El Gobierno decide apoyar la compra de Carbonell por las empresas españolas Elosúa e Industrias Pont

El pasado lunes, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos decidió conceder el apoyo del Gobierno a la operación de compra de Carbonell por parte de las empresas españolas Elosúa e Industrias Pont (más conocida por su marca comercial Borges). Esa decisión implica que la Administración está dispuesta a facilitar a las empresas españolas la compra de Carbonell. La comisión delegada dejó pendiente, sin embargo, la solución para el futuro de Cooperativas del Sur (Coosur). De este modo se aplaza el proyecto barajado por el Ministerio de Agricultura de constituir un gran grupo oleícola español que incluyera a Carbonell y Coosur.

En vista de que los ministerios de Agricultura y Economía y Hacienda no terminan de ponerse de acuerdo para solucionar el problema de Coosur, que implica, según la ley votada en el Congreso de los Diputados, la constitución de una nueva sociedad de mayoría pública, con un capital social de 2.600 millones de pesetas, el grupo asesor creado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha decidido informar favorablemente al apoyo de la Administración a la operación de compra de Carbonell por parte de las empresas Elosúa e Industrias Pont.Esta decisión supone renunciar momentáneamente a la constitución de un gran grupo oleícola español en el que estuviera presente la antigua cooperativa de Uteco (Unión territorial de Cooperativas) de Jaén, pero permite desbloquear la operación de compra de Carbonell, planteada ya en los meses finales de 1984.

De acuerdo con esta decisión, el Gobierno está dispuesto a negociar con las empresas compradoras unas ayudas financieras que les permitan adquirir Carbonell, del grupo del Banco Hispano Americano. En principio, el problema sigue siendo el precio. Para Elosúa e Industrias Pont (Borges), el precio de Carbonell no rebasaría los 2.600 millones de pesetas. Precio este que ya fue barajado en su día en las negociaciones primitivas que mantuvo el Banco Hispano Americano con la multinacional holandesa Unilever.

Sin embargo, en las negociaciones posteriores con los franceses de Lessieur, actuales socios mayoritarios en Koipe, elevaron el precio hasta los 4.400 millones de pesetas. Precisamente, el Ministerio de Agricultura abortó aquellas negociaciones para evitar la creación en España de un fuerte holding oleícola en manos extranjeras, y más concretamente francesas. El titular del departamento, Carlos Romero, y su equipo de colaboradores son decididos partidarios de la formación de un grupo aceitero español fuerte, sobre todo de cara a la comercialización de este producto una vez que se produzca la integración de España en la Comunidad Económica Europea.

Ayudas oficiales

Las ayudas del Gobierno a Elosúa e Industrias Pont se concretarían en facilitar a las sociedades compradoras financiación blanda para que pudiesen afrontar el precio máximo, que lógicamente reclamará el Banco Hispano Americano.Las alternativas que se barajan, respecto a esa ayuda financiera, son fundamentalmente dos: o bien un crédito a ocho años a un tipo de interés del 7% o el 8%, o, por el contrario, un crédito a. ocho años, también con carencia en los primeros años (a determinar) y un tipo de interés del orden del 16% en el último tramo.

Ante estas ayudas, el Gobierno exigiría algunas contrapartidas. La más importante consistiría en obligar a los compradores a no traspasar Carbonell a socios extranjeros, al menos en el plazo de vigencia de los créditos. En la nueva sociedad, Elosúa participaría en un 70%, e Industrias Pont, con el 30% restante.

Pese a que momentáneamente se ha renunciado a la formación de un gran holding oleícola español, incluyendo en la solución para Carbonell a la antigua empresa de Uteco-Jaén, no se ha descartado definitivamente su futura participación en el proyecto.

No obstante, para que esa posibilidad se convierta en una realidad, el Gobierno tiene que cumplir antes la ley, constituyendo una nueva sociedad con Coosur, en la que la participación del sector público sea mayoritaria.

De acuerdo con la ley, el capital social de la nueva empresa a constituir ha de ser de 2.600 millones de pesetas, de los que aproximadamente 1.600 deberían ser de aportación pública. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Hacienda no termina de autorizar dicha inversión, que en algunos círculos se considera que sería menor, ya que Coosur dispone de activos industriales válidos para incorporar a la nueva sociedad por un importe de unos 800 millones de pesetas.

Los 1.000 millones restantes deberían ser aportados por las 14 cooperativas que están presentes en la actualidad en Coosur, para los que Agricultura facilitaría la obtención de financiación adecuada. Dado que la idea de la Administración es no permanecer en el sector más tiempo del necesario, el futuro de la nueva sociedad pasaría por tres supuestos.

Incorporarla al grupo Elosúa-Industrias Pont-Carbonell, que las cooperativas se hicieran con el capital del Estado o bien que el Estado tutelara la marcha de la nueva empresa durante un plazo de unos cuantos años para al final trasladarla a las cooperativas. En Agricultura apuestan por la primera opción.