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La agencia UPI declara suspensión de pagos

El consejo de directores de la agencia norteamericana de noticias United Press International (UPI) autorizó ayer la declaración de suspensión de pagos de la firma al amparo de una ley que protege a las compañías en dificultades contra los acreedores mientras tratan de reorganizarse.Luis Nogales, presidente de la United Press International, anunció ayer el voto unánime de los miembros del consejo de directores, tras una noche de consultas a raíz de la crisis provocada por la incapacidad de la agencia de prensa norteamericana de pagar la nómina de sus empleados.

Luis Nogales no precisó, sin embargo, si iba a pedir el amparo del capítulo 11 de la ley federal de bancarrotas, a la que suelen acogerse las compañías norteamericanas con graves dificultades financieras para tener un respiro frente a sus acreedores y, al mismo tiempo, reorganizarse.

Tras el voto del consejo, el presidente Luis Nogales tomó medidas para tratar de asegurar la cobertura de la nómina de los 2.000 empleados, a los que se había pedido no presentaran al cobro sus cheques porque iban a ser devueltos.

La crisis fue desatada por la decisión de Foothill Capital Corp., a la que United Press International debe unos seis millones de dólares, de cortarle los créditos de esta semana, aparentemente para forzar a la agencia de prensa a presentar una declaración de quiebra al amparo del capítulo 11.

Luis Nogales dijo que se reuniría hoy con los miembros de la Foothill para hablar de la reanudación del flujo crediticio a United Press International, que, según diversos informes, tiene en total deudas superiores a 20 millones de dólares.

En un comunicado anterior emitido desde la ciudad de Los Ángeles (California), Nogales había informado que "en este momento no hay fondos suficientes para cubrir la nómina el día 26 de abril", y pedía la retención de los cheques salariales hasta que se resolviera la situación.

El capítulo 11 de la ley federal de bancarrotas protege a una compañía en crisis contra sus acreedores mientras un tribunal, tras fijar el valor de las acciones y bienes de la firma, reorganiza su estructura de propiedad y redistribuye las acciones entre los principales acreedores.

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