La oposición critica la dureza de las multas en la ordenanza de protección ambiental

La excesiva dureza de las sanciones que prevé la nueva Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, la descapitalización de suelo del municipio por la concesión gratuita de terrenos a cooperativas de construcción de viviendas y el peligro para la libre competencia que implican los reglamentos del Mercado Central de Carne y de prestación de servicios en el Matadero Municipal, fueron los principales argumentos esgrimidos por el Grupo Popular para votar en contra de dichos puntos en el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Madrid, presidido por el alcalde, Enrique Tierno.

La nueva Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, que unifica las normas existentes hasta ahora sobre ruidos, humos, limpieza urbana, vertidos y zonas verdes y añade la regulación del transporte de material radiactivo, fue aprobada con el voto en contra del Grupo Popular por considerar "excesivamente duras" -la multa máxima es de 25.000 pesetas- "las sanciones en hechos que son calificados en sí mismos como leves", en palabras del popular Enrique Villoria, que consiguió que el responsable del área de Urbanismo, Jesús Espelosín, se comprometiera a que las ordenanzas se apliquen paulatinamente.El debate volvió a animarse ante la propuesta, más tarde aprobada, de concesión gratuita de terrenos municipales para construir 273 viviendas en régimen de cooperativa. Enrique Villoria argumentó que con este procedimiento "el Ayuntamiento está descapitalizando el suelo municipal al ceder gratuitamente cientos de millones de pesetas para la construcción de unas viviendas que no resuelven el problema a las clases más necesitadas", al mismo tiempo que acusó de parcialidad en la concesión "a unas cooperativas. con vinculación ideológica al equipo de gobierno".

Los nuevos reglamentos del Mercado Central de Carne y de prestación de servicios del Matadero Municipal originaron un amplio debate entre el popular Antonio García Alarillas y el responsable de Abastos, el comunista Adolfo Pastor Alarillas sostenía que "atentan contra la libre competencia y representan un riesgo económico para el Ayuntamiento las grandes inversiones que va a realizar". Pastor argumentó que "para que el matadero no cueste 800 millones al año es necesaria la captación de clientes". Por último, el pleno acordó que se investiguen los gastos de un viaje realizado por el concejal comunista Mario Nolla a Palma de Mallorca y París (ver EL PAIS de ayer).