El Gobierno está decidido a que la Seguridad Social pague el aborto

El Gobierno, con el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista, está decidido a que el aborto sea practicado gratuitamente, con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social, y ha instado al Ministerio de Sanidad a que desarrolle la normativa que regirá la interrupción de los embarazos en los centros facultados para ello. El próximo martes, el Grupo Parlamentario Socialista presentará cuatro enmiendas para ceñir la ley del aborto a las exigencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Según el nuevo texto, no será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centros sanitarios públicos o privados, siempre que éstos estén autorizados, se cuente con el consentimiento de la embarazada y concurra una de las tres circunstancias previstas por la ley.

La interpretación que el Gobierno da a este texto, que habla de centros públicos o privados autorizados, es que en todos los casos la intervención se hará gratuitamente, siempre que la embarazada sea beneficiaria de la Seguridad Social.Dado que, según los legisladores socialistas, no existe, como tal, una ley del aborto, sino una simple modificación del Código Penal, será necesario que el Ministerio de Sanidad regule paralelamente las normas que habrán de regir los centros autorizados para practicar la interrupción del embarazo.

Las enmiendas introducidas por el Grupo Socialista para adaptar la ley a las instrucciones del Tribunal Constitucional prevén que haya dos informes médicos previos a la realización del aborto terapéutico y uno para la del aborto eugenésico.

En otra de las nuevas enmiendas se libera a la madre de responsabilidad penal en el caso de que haya abortado sin cumplir con todos los requisitos a los que obliga la ley; en cambio, los médicos o los responsables de los centros en los que se produzca la intervención sí serán responsables.

Ayer, en Barcelona, un grupo de feministas irrumpió en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Territorial, donde se celebraba un juicio contra un presunto abortista, e interrumpió la vista de la causa. En Madrid, diversos colectivos sociales convocaron anoche una manifestación que reunió entre 5.000 y 6.000 personas. Los asistentes a la misma no escatimaron sus ataques al Gobierno, a la derecha y al Tribunal Constitucional.

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