Enviado al fiscal el informe parlamentario sobre Rumasa por si existe responsabilidad penal

La comisión del Congreso de los Diputados encargada de investigar la situación de Rumasa aprobó ayer el dictamen, elaborado a raíz de las Investigaciones y las declaraciones de los altos cargos y miembros de las empresas de Rumasa desde su fundación, con los votos particulares de los representantes del Grupo Popular y del Centrista. Las conclusiones del dictamen señalan que "sólo la pasividad, y en ocasiones la complicidad e Incluso el apoyo explícito de los Gobiernos anteriores a 1977, puede explicar el surgimiento del fenómeno Rumasa y sus desastrosas repercusiones políticas, sociales y económicas".

La comisión de investigación de Rumasa ha apreciado responsabilidades políticas en la gestación de la crisis del holding dirigido por José María Ruiz-Mateos, pero, ante la posibilidad de que también puedan aparecer responsabilidades penales, ha decidido remitir a la Fiscalía General del Estado todo lo actuado.Las responsabilidades políticas afectan a buena parte de los Gobiernos y autoridades monetarias anteriores a 1975, y podrían extenderse a personalidades políticas más cercanas en el tiempo, a tenor de las conclusiones, en las que se señala que, a pesar de las advertencias dadas por el Banco de España a partir de esa fecha, se tarda bastante tiempo en poner en marcha mecanismos de control para intentar frenar el crecimiento del conglomerado comercial y financiero.

Luis Berenguer, diputado socialista y presidente de la comisión, declaró ayer que en el informe se ha tratado de reflejar todo lo ocurrido desde la fundación de Rumasa hasta su expropiación en febrero de 1983, en lo que se refiere "a su crecimiento, ampliación de actividades, incursión en el sector bancario y relaciones con la Administración predemocrática". Para Luis Berenguer, parece claro que hubo "una cierta pasividad de los Gobiernos de UCD".

Intervención de las autoridades

El Grupo Popular, que ha rechazado las conclusiones del informe y ha emitido un voto particular, critica que la ponencia de la comisión "se ha limitado a dar por buenos los datos y resultados de la auditoría efectuada al grupo Rumasa por la firma Arthur Andersen, sin haber realizado comprobación alguna ni análisis de los criterios de valoración utilizados por los auditores". Para este grupo, si se acepta que el déficit patrimonial de Rumasa era en el momento de la expropiación los 259.339 millones de pesetas estimados por Arthur Andersen, "es evidente que el estado económico y de actividad en que se encontraba el grupo era de crisis grave, que hacía necesaria, por su entidad y posibles repercusiones, la intervención de las autoridades económicas en dicho grupo". Luis Berenguer, que calificó de enmienda a la totalidad el voto particular del Grupo Popular, dijo que éste era confuso, incoherente y frívolo.

El diputado socialista declaró que las conclusiones del Grupo Popular no tienen nada que ver con el contenido de la investigación y que en cualquier caso no entendía cómo se ponía en tela de juicio, al final de los trabajos de la comisión, la cifra de pérdidas evaluada por Arthur Andersen, cuando a lo largo de los meses en que se ha venido reuniendo la comisión se han aceptado todas las comparencencias solicitadas por los grupos parlamentarios y cuando los distintos métodos de trabajo fueron aprobados por unanimidad en el seno de la comisión. Para Berenguer, habría sido entonces el momento de solicitar una revisión y contraste de los datos a los que había llegado la firma auditora.

La comisión de investigación sobre el asunto Rumasa señala en sus conclusiones también que a partir de 1977 "se van tomando las medidas jurídicas y produciéndose las actuaciones administrativas que permiten tener una real y efectiva constancia con la desastrosa situación del grupo Rumasa y de su manifiesta resistencia y mala fe a acatar las indicaciones tendentes al saneamiento de dicho grupo, pese a las facilidades de todo tipo que le fueron ofrecidas; lo que, por otra parte, contrasta con los tratamientos dados a otras crisis de menor entidad".

Mala fe

Para la comisión de investigación, la mala fe se muestra en lo realizado por José María Ruiz-Mateos para eludir la prohibición que sobre Rumasa pesaba de adquirir nuevos bancos. Dicho sistema consistió, según la comisión, en la utilización de personas interpuestas "que, plenamente conscientes de participar en unas operaciones tendentes a sortear la voluntad de las autoridades monetarias, se prestaron a adquirir los paquetes de acciones necesarios para que los nuevos bancos -Exbank y Masaveu- se integraran en el grupo Rumasa, de modo que los recursos ajenos de los mismos sirvieran para financiar las necesidades de tesorería del grupo".

Este párrafo, que estaba incluido en las conclusiones primitivas de la comisión, fue el que provocó que Juan de Arespacochaga, portavoz del Grupo Popular en el Senado, solicitara comparecer voluntariamente ante la comisión, por considerar que se le aludía, ya que él compró en julio de 1982 una parte del paquete mayoritario de la Banca Masaveu que, posteriormente, se supo pertenecía al grupo Rumasa. La declaración de Arespacochaga no ha hecho modificar las conclusiones de la comisión.

El informe, después de enumerar las posibles alternativas que tenía el Gobierno ante la situación del grupo Rumasa, señala que "la solución de la expropiación ha mostrado ser la única eficaz, frente a la dimensión y naturaleza de los problemas del grupo". Las conclusiones terminan recomendando la modificación de la legislación de sociedades mercantiles y que se den instrumentos al Banco de España para profundizar en el conocimiento de la situación de las entidades financieras y pueda intervenir ante cualquier riesgo, aunque sea remoto, con la celeridad y agilidad necesarias.