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Petición fiscal de seis años para el secretario del Parlamento canario

El fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Las Palmas (Gran Canaria) solicitará seis años de prisión para el diputado del PSOE y secretario primero del Parlamento de Canarias, José Vicente Hernández Díaz, procesado el pasado mes de febrero por dicho tribunal como presunto autor de los delitos de estafa y falsificación de documento privado.

La petición del ministerio público, que figura en sus conclusiones provisionales, pretende una pena de tres años de reclusión por cada una de las citadas faltas. La vista del juicio se celebrará el próximo 20 de mayo en Las Palmas. Hernández Díaz, abogado de profesión, continúa ocupando su cargo en la Cámara regional a pesar de su procesamiento. Según señaló ayer a EL PAIS, desconoce por el momento las conclusiones del fiscal. "Estoy tranquilo porque el tribunal está actuando con una imparcialidad exquisita. En los próximos días se van a efectuar unas pruebas caligráficas que me darán la razón", afirmó el diputado socialista.

Una estafa de 4,5 millones

Erich Nikolaus y Christine Zilgldrum, matrimonio de nacionalidad alemana que regenta una cafetería en la localidad turística de Puerto de la Cruz (Tenerife), habían presentado una denuncia en el juzgado de La Orotava contra Hernández Díaz, al que acusaban de haberles sustraído 4,5 millones de pesetas. Dicha cantidad, según los demandantes, había sido entregada por ellos mismos al parlamentario a finales de 1982, cuando éste ostentaba la segunda tenencia de alcaldía de Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, para que les gestionara la adquisición de un local comercial. El apoderado del matrimonio que se personó en la denuncia era el francés Jean Paul Raguet, un individuo cuyo cadáver fue descubierto en septiembre pasado en avanzado estado de descomposición dentro de un cobertizo abandonado.Hernández Díaz ha defendido siempre su inocencia alegando que se trata de "una burda y misteriosa maniobra contra mi persona". Afirma que el dinero que se le reclama lo devolvió en su día porque la operación no llegó a culminar. Los denunciantes sostienen que ha sido falsificada la firma del documento que acredita que los ZilgIdrum recuperaron su dinero. El diputado regional, por su parte, asegura que su actuación en este asunto fue como mandatario del empresario alemán y que éste "ha falsificado maliciosamente su rúbrica para involucrarme en un feo asunto", matiza, y añade: "Su firma, que medía nueve centímetros hace tres años, es en la actualidad seis centímetros menor".

Según la acusación particular, la falsificación es un hecho irrefutable porque el gabinete central de identificación de la Dirección General de Seguridad del Estado demostró que existen 28 irregularidades entre la firma dudosa y la que estampó el denunciante ante el juez. Hernández Díaz había solicitado, tras su procesamiento, unas nuevas pruebas caligráficas, que han sido autorizadas ahora, al considerar que las que poseía el juez no arrojaban toda la luz sobre el caso. El denunciado no ha sido relevado de su cargo en el Parlamento canario porque según su presidente, Pedro Guerra (PSOE), el reglamento de la Cámara prevé que no se puede suspender de sus funciones a un diputado hasta que la sentencia no sea firme.

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