La fiscalía investiga cuentas de 'dinero negro' por importe de 2.000 millones depositadas en el BIM entre 1980 y 1982

La Fiscalía de la Audiencia de Barcelona investiga la existencia de "cuentas de dinero negro" depositadas en el Banco Industrial del Mediterráneo (BIM), del grupo de Banca Catalana, por un valor próximo a los 2.000 millones de pesetas, entre los años 1980 y 1982, según fuentes oficiales. Estas actuaciones están relacionadas con una denuncia presentada hace cuatro meses ante la Delegación de Hacienda de Barcelona.Ese escrito incluía una lista de unos 200 nombres de presuntos titulares de estas cuentas, entre los que figuran conocidas empresas comerciales y de servicios de Barcelona así como alguna personalidad política. Las actuaciones judiciales, de carácter previo, no están relacionadas con la investigación sobre el caso Banca Catalana.

Según el denunciante, las empresas y personas implicadas mantuvieron cuentas bancarias en el BIM durante los años 1980, 1981 y 1982 que eran supuestamente empleadas como refugio de dinero negro. Según fuentes bancarias, la mayoría de las operaciones se realizó en certificados de depósitos y pagarés bancarios. Estos últimos facilitaban la opacidad fiscal, porque las rentas generadas no están sujetas a retenciones. Otras fuentes estiman que también se operaba con cuentas atípicas que facilitaban el refugio de dinero negro.

Sin embargo, las investigaciones de los inspectores de Hacienda no han hallado irregularidades en la contabilidad del banco, según Alfredo Saériz, actual consejero-director general del grupo. Se da la circunstancia de que a mediados de 1982, coincidiendo con la crisis del grupo, los afectados retiraron estas cuentas.

El Banco Industrial del Mediterráneo fue adquirido por Banca Catalana en enero de 1979. En junio de 1980 redujo su capital social a la mitad y pasó al Fondo de Garantía de Depósitos del que recibió una ayuda de 7.000 millones de pesetas. Ocho meses después volvió a la órbita de Catalana. De nuevo, en diciembre de 1982, precisó una segunda reducción de capital y nuevo remozamiento del Fondo con otra inyección financiera de 23.500 millones de pesetas. Todo el grupo de Catalana (Banca Catalana, Banco Industrial de Cataluña, Banco de Industrial del Mediterráneo) fue comprado al Fondo por el Banco de Vizcaya, en marzo de 1984, por 13.602 millones de pesetas.

El fiscal ha tomado declaración a varias de las personas que ocuparon cargos de responsabilidad en el Banco durante el período investigado. Entre los interrogados figura Emiliano Jiménez, ex jefe de 5-1 categoría, que abandonó la entidad hace un año, coincidiendo con la desaparición de importante documentación confidencial del Banco.

En fuentes próximas al BIM circula la versión de que estas actividades anómalas fueron descubiertas a raíz de una investigación interna efectuada por el propio banco en febrero de 1984, a cargo de personal especializado del grupo de Banca Catalana. Antes de que la investigación alcanzase a su departamento, Emiliano Jiménez abandonó la entidad. En ese momento desapareció un listado de fotocopias de documentación confidencial en la que figuraba una relación de titulares y las cantidades de sus depósitos.

Las mismas fuentes desconocen, sin embargo, la existencia de unos misteriosos listados de ordenador en los que presuntamente figuran los números y nombres clave de las operaciones no declaradas. Unos listados con estas características fueron ofrecidos a un medio informativo, hace unos meses, por si deseaba adquirirlos para su divulgación. Aquel diario no los compró, y los listados aparecieron abandonados posteriormente en un taxi. Acabaron en una comisaría, desde donde fueron trasladados al fiscal. Paralelamente a las actuaciones judiciales, la Inspección de Hacienda ha empezado a citar a los presuntos implicados en el caso, a los que se requiere para que presenten las documentos de sus declaraciones de renta de los últimos años.

Al conocer los hechos, los responsables del Banco Industrial del Mediterráneo presentaron una denuncia por apropiación indebida de documentos y de 50 millones de pesetas que no prosperó por falta de pruebas. Tras los últimos acontecimientos la entidad está estudiando presentar una querella criminal contra el empleado.

Los directivos del Banco han dado seguridad a sus clientes de que no facilitarán ninguna información a los inspectores de Hacienda sin su consentimiento. Algunos de las personas presuntamente implicadas han sido víctimas de chantajes.