El Pleno de la Asamblea de Madrid aprueba la suspensión de la ley del Fondo de Solidaridad Municipal

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó ayer el proyecto de ley del Consejo de Gobierno de la comunidad por el cual se suspende, pero no se deroga, la ley del Fondo de Solidaridad Municipal, en la que se incluye el recargo del 3% sobre la cuota líquida del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). La suspensión, aprobada con los 65 votos de los grupos Socialista y Popular, frente a siete en contra de los comunistas, indica que, si en su día el Tribunal Constitucional declara la ley del recargo como constitucional, ésta entraría en vigor el 1 de enero del año siguiente al que se produjera dicha sentencia. Si los recursos de inconstitucionalidad prosperaran en todo o en parte, la ley sería adecuada a la sentencia y entraría también en vigor en enero del año siguiente.

Joaquín Leguina, presidente del Consejo de Gobierno, defendió ayer la ley del Fondo de Solidaridad Municipal, a la que calificó como progresista, necesaria y no incrementadora del esfuerzo fiscal. Leguina acusó a la oposición de haber realizado una campaña de boicoteo a la ley, incluida una llamada a la desobediencia civil, lo que supone para el presidente de la comunidad una falta de coherencia política y de sentido de Estado. Leguina recordó que los mismos que aquí se han opuesto al recargo son los que en Santander aprobaron un recargo del 10% sobre el IRPF.El presidente del Gobierno regional afirmó que su Consejo de Gobierno decidió la suspensión de la ley a raíz de la decisión del Defensor del Pueblo de presentar recurso de inconstitucionalidad y, sobre todo, de la recomendación del defensor al Ministerio de Hacienda para que se abstuviera de recaudar el recargo. Estos hechos, sumados a la campaña "demagógica y oportunista" de la oposición, afirmó Leguina, llevaron al Gobierno que preside a decidir la suspensión ante la confusión creada entre los ciudadanos.

Leguina puso de manifiesto lo que considera una situación muy peligrosa porque la campaña contra el recargo llegó a convertirse en una cuestión de Estado que afectaba a los más de 600 ayuntamientos repartidos por toda España que habían decidido instaurar impuestos similares

"Retirada vergonzante"

El portavoz del Grupo Comunista, Lorenzo Hernández, acusó a su vez a los socialistas madrileños de no haber sabido cumplir las previsiones y promesas contenidas en su propio programa electoral. En síntesis, Lorenzo Hernández afirmó que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid no había tenido el coraje político suficiente para exigir del Estado la culminación del proceso de transferencias. "En estas circunstancias", afirmó Hernández, "el Consejo de Gobierno madrileño se plegó a la política autonómica y económica del Gobierno de la nación y se echó mano precipitadamente de la vía excepcional del recargo del 3% sobre el IRPF para consolidar la autonomía de Madrid". El portavoz comunista calificó la suspensión de la ley como una "retirada vergonzante" y acusó al PSOE de ceder ante las presiones de la derecha. "Si la ley es tan progresiva y buena como dicen, manténgala; si no, retírenla, porque las cosas no van a cambiar, pues de ello se va a encargar el Grupo Popular. ¿O la compensación de tasas sólo era una argucia para que luego, con el 3% vigente, salieran como un Guadiana metidas en la contribución territorial urbana?". dijo Hernández.José Antonio López Casas, diputado del Grupo Popular, que ayer actuó como portavoz de su grupo, anunció que a su grupo le bastaba con la suspensión del recargo del 3% y no con la suspensión total del fondo de solidaridad municipal. López Casas negó que Coalición Popular hubiese ejercitado prácticas de boicoteo y mucho menos que hubiera llamado a la desobediencia civil. El portavoz del Grupo Popular se reafirmó en que el recargo supone un incremento de la presión fiscal sobre los madrileños y en que el recargo es dudosamente constitucional, opinión que, según afirmó el diputado, comparte el Defensor del Pueblo.

El portavoz del Grupo Socialista, Marcos Sanz, que dedicó una gran parte de su intervención a criticar la labor de Luis Guillermo Perinat, ausente de la sala, afirmó que en la base de esta discusión está la financiación de las comunidades autónomas y que el PSOE consideraba "absolutamente imprescindible conocer lo que diga el Tribunal Constitucional para saber a qué atenerse" y afirmó que su grupo está tranquilo ante el dictamen que se produzca. Por su parte, Javier Ledesma, consejero de la Presidencia, afirmó en su intervención: "El Consejo de Gobierno y el PSOE respeta a los ciudadanos que han firmado contra la ley, pero acusan a los instigadores de hacer una profunda demagogia".

Leguina, en una conferencia de prensa celebrada después del debate, dijo que el Gobierno regional se va a poner en contacto con los ciudadanos "para explicarles no tanto las bondades de la ley como las necesidades reales" y afirmó que se está estudiando la agilización de la transferencia estatal sobre el juego "No pierdo las esperanzas de que podamos poner en marcha la ley hoy suspendida en esta misma legislatura. De momento lo que estudiamos son las soluciones para hacer llegar el dinero que necesitan los pueblos para inversiones y que van a salir del ahorro propio de la Comunidad, o bien de créditos y deuda".