El Congreso exime de responsabilidad al Gobierno por las catástrofes aéreas de Madrid

La comisión investigadora del Congreso de los Diputados creada para estudiar los accidentes aéreos del 27 de noviembre y 7 de diciembre de 1983, en Mejorada del Campo y Barajas, respectivamente, tras 16 meses de trabajo, deduce: "No se encuentra motivo alguno por el que se pudiera exigir responsabilidades en torno a tan lamentables accidentes a las autoridades aeronáuticas españolas". Al propio tiempo, se insta al Gobierno para que "continúe" con la política de modernización de la infraestructura aeroportuaria, se insista en la formación profesional y se amanenten los presupuestos en este capítulo".

El debate de estas conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, se desarrollará el próximo miércoles en el pleno del Congreso y hasta el momento sólo existe certeza absoluta de que el Grupo Popular presentará un voto particular, probablemente lo harán los grupos centrista y Minoría Catalana, pero no así el vasco y mixto.El Grupo Popular considera estas conclusiones "una auténtica broma" y se ayudará para explicar su posición, de una pizarra de grandes dimensiones, colocada en el hemiciclo, donde se expondrán los gráficos que muestran las "vicisitudes" de los dos accidentes. Este grupo anunció el pasado miércoles al presidente de la comisión, José de Gregorio, su intención de volver a los trabajos de la misma, de los que se retiró el pasado mes de noviembre. Ésta es la única vía para que los populares puedan expresar su opinión en el pleno. Caso de no haberse incorporado, sólo podrían haber hecho uso de la palabra durante cinco minutos, en un turno de mera fijación de posiciones.

El informe consta de cuatro conclusiones y siete recomendaciones. En las primeras se afirma, en el caso del accidente del 27 de noviembre, que el funcionamiento de los servicios de control de aproximación de Paracuellos y de la torre de control en Barajas no presentaba ninguna dificultad. Respecto al segundo accidente, se afirma que no hay razones para atribuir la causa determinante del mismo al funcionamiento de los servicios de control o a fallos de los sistemas de balizamiento y señalización en el aeropuerto de Madrid-Barajas. En ambos accidentes se concluye que no existe responsabilidad atribuible a las autoridades aeronáuticas españolas.

La primera recomendación insta al Gobierno a que adopte medidas para que la Administración aeronáutica haga cumplir las recomendaciones contenidas en el informe técnico de la comisión de investigación de accidentes de la Dirección General de Aviación Civil. Asimismo, se apela al Ejecutivo para que lleve a cabo acciones que eleven la categoría de las instalaciones; especial hincapié se pone en el aeropuerto de Madrid-Barajas. También se reconoce la desproporción entre los recursos de las compañías aéreas para el mantenimiento de su material volante y los que los Presupuestos Generales del Estado asignan a la Administración aeronáutica para la conservación de sus instalaciones. Por ello se recomienda que los recursos dedicados a mantenimiento por la Administración aeronáutica se adecúen al volumen que las inversiones del Estado tienen en materia de infraestructura.