ACCIÓN JUDICIAL DEL MINISTRO DEL INTERIOR

Barrionuevo sostiene que EL PAÍS ha atentado contra los pilares del sistema democrático español

Resumen del escrito de la demanda

Madrid - 14 abr 1985 - 00:00CEST

El ministro del Interior, José Barrionuevo, ha presentado una demanda contra PRISA, sociedad editora de este diario, y contra el director de la publicación, Juan Luis Cebrián, por supuestas difamaciones a su honor contenidas en las informaciones publicadas sobre el asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santi Brouard. La demanda fue presentada con fecha 27 de marzo por el letrado Luis López Herrera y por el procurador José Granados Weil, en representación de "José Barrionuevo Peña, en la actualidad ministro del Interior" (así reza el encabezamiento de la enumeración de los hechos), ante el Juzgado de Primera Instancia número 16, del que es titular Ernesto González Aparicio. El juez dictó providencia el pasado 2 de abril aceptando la tramitación de esta demanda por la que Barrionuevo exige una cuantiosa indemnización a la empresa editora y al director de EL PAÍS, en base a la ley de Protección del Honor de 1982 y a la ley de Prensa franquista de 1966 (la conocida ley Fraga). El ministro, en esta larga demanda (92 folios), acusa de forma reiterada a este periódico de socavar las instituciones democráticas. Juan Luis Cebrián, tras una primera lectura de la demanda (que le fue remitida el pasado jueves), manifestó que su contenido le sugiere "que lo que el ministro del Interior pretende llevar a cabo es un juicio político contra EL PAÍS. Decir que criticar a un ministro equivale a socavar los fundamentos de la democracia es una de las cosas más incomprensibles de cuantas he oído en mi vida". A continuación se reproduce un amplio extracto de la extensa demanda presentada ante el juez por el ministro del Interior contra este periódico.

El procurador Granados Weil, tras acreditar la representación de José Barrionuevo, Peña, manifiesta al Juzgado de Primera Instancia: "Que mediante el presente escrito formulo demanda contra Promotora de Informaciones, SA, compañía editora del diario EL PAÍS, y contra el director de este periódico, Juan Luis Cebrián, ( ... ), acogiéndome a lo establecido en la ley orgánica de 5 de mayo de 1982 y en la ley de 26 de diciembre de 1978, por haber vulnerado dicho diario el honor de mi mandante, cuya tutela, de acuerdo con lo establecido en las leyes citadas y en los artículo 18.1, 20.4 y 53.2 de la Constitución ( ... )".Más adelante expresa la posición de su representado con la prensa: "ha considerado siempre que la actitud vigilante y severamente crítica de los medios de comunicación y, en particular, de la Prensa no sólo es necesaria, sino un valor a defender ( ... )".

"Uno entre todos los diarios, sin embargo, destacó desde el comienzo por una especial dedicación a la persona de mi mandante, respecto del que ha sostenido imputaciones y formulado críticas que se salen por completo de lo normal y que, desde luego, han sobrepasado con creces los límites lícitos de la libertad de Prensa hasta quebrantar su honor ( ... )".

"Las críticas del diario EL PAÍS, han sido, en efecto, desorbitadas y excesivas, en el fondo -en cuanto que se imputan al señor Barrionuevo y al departamento y servicios que dirige desmesuras de todo punto irreales- y en la forma -ya que las expresiones utilizadas son muchas veces inusitadamente graves e hirientes y, sobre todo, innecesarias para hacer efectiva la crítica que se quería formular-, lo que, en suma, revela un ánimo de agraviar fácilmente constatable".

"Todo ello lo ha soportado con paciencia mi mandante, por más que lo consideraba lesivo de sus derechos constitucionales, y se ha resistido a ejercer acción alguna contra EL PAÍS, pensando, tal vez, que esa particular dedicación a su persona, a la que EL PAÍS considera poco menos que como fuente de los males más varios, sería pasajera y fruto del capricho del director del medio o de algún redactor empecinado. Sin embargo, la enjundia de las agresiones no ha disminuido con el tiempo, y recientemente ha superado sus propios e inadmisibles límites con ocasión de la información ( ... ) sobre lo que se ha dado en denominar el caso Brouard. ( ... ) Se ha ofrecido la imagen de un ministro directa y personalmente interesado en que no se investigue un asesinato, sembrando de paso la gravísima sospecha de que no se sabe qué suerte de aparato parapolicial, pero oficialmente protegido ("dos latinoamericanos a sueldo"), son los responsables de tamaño crimen".

"Así pues, en desarrollo de su incontenible animosidad contra la persona del señor Barrionuevo, EL PAÍS, obsesionado por agredirle y tal vez herido en su sentimiento de prepotencia, como medio de información escrita más relevante de España, por el nulo eco en medios gubernamentales de su desorbitada afición por el libelo cuando a mi mandante se refiere, decidió elevar aún algunos grados su punto de mira y no dudó, para difamar al ministro, en dirigir sus armas contra los pilares mismos del sistema democrático ( ... )".

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Base fáctica de la demanda

"Las pretensiones que en esta demanda van a deducirse tienen como base fáctica exclusivamente las informaciones del diario EL PAÍS sobre el caso Brouard. ( ... ). "Si centramos la acción en el citado caso es, por una parte, porque ofrece base sobrada para nuestras pretensiones, y por otra, porque es un verdadero supuesto límite en el que es particularmente pertinente que, por la vía judicial, como está indicado en nuestro sistema constitucional, se muestre a un periódico en qué medida está mal utilizada una libertad como la de Prensa, rebasando con mucho los límites de su lícito ejercicio, y también que se le hagan ver los daños que de su actitud se derivan para la convivencia en paz de una sociedad democrática".

"No obstante basarse la acción que seguimos exclusivamente en las 'informaciones' dadas por EL PAÍS sobre el caso Brouard, creemos que será de utilidad, para facilitar el más exacto encuadramiento del premeditado y obsesivo afán difamatorio del periódico, utilizar algunos indicadores previos que pueden ilustrar cómo las "informaciones" sobre el indicado caso se insertan en una recalcitrante línea editorial basada en una anirnosidad inexplicable (si es que no se justificaba en el capricho personal del señor director del medio o de algún redactor influyente que, desconociendo que a los ministros los nombra y cesa el presidente del Gobierno, aspira vanamente a un cese, siempre posible y natural en un cargo como el de ministro, del señor Barrionuevo, justificado en la contundente razón de no agradar su persona a los responsables de tan poderoso medio de difusión), cuyas características son, desde luego, la arbitrariedad más pura y ( ... ) el deseo evidente de lesionar su honor ( ... )".

La demanda incluye, a continuación, una serie de supuestos que pretenden demostrar esta afirmación sobre el comportamiento de este periódico con respecto al ministro en sus informaciones:

A) Descalificiones genéricas y menosprecios.- "Lo que el ministro del Interior dice o escribe oficialmente contiene siempre construcciones o refleja una literatura parvularia en cuanto al estilo; rudimentaridad estilística que sólo se abandona para utilizar los giros semánticos de la época de la dictadura". Las informaciones de EL PAÍS" ( ... ) subrayan la ignorancia del ministro y lo descalifican de manera rotunda para dirigir un departamento tan decisivo para la convivencia en paz y la salvaguarda de la democracia".

B) Incumplimiento de las obligaciones del cargo.- "Las alusiones a un ministro despreciativo de las libertades se encuentran en múltiples ocasiones en los editoriales, según se verá más adelante. Pero existe una técnica particular de conculcación de las libertades -la más genérica, global y opresiva- que consiste en emplear, reviviéndolos, los métodos policiales de la dictadura ( ... )".

C) Vulneración de las reglas del Estado de derecho.- "( ... ) la escalada verbal de EL PAÍS subió un peldaño inás en 1984, cuando empezó a difundir la especie, casi siempre de forma larvada, pero comprensible paria el lector, a quien el niensaje se le ofrece ya deglutido, de que la violencia de ETA se responde por el ministro del Interior por una violencia de la misma especie, inconstitucional y marginal respecto de los usos obligados en un Estado de derecho".

"Los comentarios, muy repetidos, sobre la dialéctica de asesinatos que protagonizan ETA y GAL empiezan a insinuar que el Gobierno, y el ministerio en particular, han abandonado la vía política para combatir a ETA y fomentan una violencia paralela ( ... )".

El 'caso Brouard'

"( ... ) cuando las informaciones de EL PAÍS suben de tono es en el momento en que empieza a insinuar complacencia del Gobierno en la utilización de medios terroristas para combatir a los terroristas; poco a poco va trazando una información lo suficientemente articulada, aunque sin imputaciones directas, como para sugerir al lector una participación oficial en dichas prácticas".

"Para mayor ilustración, acompañamos a esta demanda, en el supuesto de las informaciones sobre el caso Brouard, ejemplares completos de EL PAÍS. Es trascendente esta circunstarcia para probar no sólo la gran dedicación que el periódico ha prestado al tema, sino también para hacer notar el lugar de privilegio que se concedió a estas informaciones.( ... )".

"En el editorial" del 12 de enero de 1984 "el periódico insiste en su opinión, mezcla turbiamente -aunque sin imputaciones directas- a ETA, GAL y la "desazón policial" por la línea de investigación emprendida por el fiscal Valerio, lo que ya insinúa bastante acerca de lo mucho que, supuestamente, tendría que ocultar en este asesinato. En fin, que, por otra parte, la cerrazón a aceptar una investigación sobre la policía es también una actitud propia del ministro del Interior, señor Barrionuevo, en una cuestión que el editorial trata de dejar clara ( ... )".

"El círculo, en este instante, de lo que la información sugiere y pretende mostrar como cierto a la opinión pública está definitivamente cerrado y queda integrado por los siguientes elementos esenciales: a) es probable que los "servicios de inteligencia", policiales o parapoliciales, tuvieran relación, bien directamente, bien a través de los GAL, "grupo criminal al que se ha vinculado en algunas ocasiones con medios gubernamentales", con el asesinato del señor Brouard; b) el fiscal Valerio intentó investigar estas conexiones y su ensayo provocó una reacción de los servicios de inteligencia y policiales; c) comunicado por éstos al señor Barrionuevo tal circunstancia, y dado que, según el periódico, este ministro no acepta que "sus subordinados están obligados, como el resto de los ciudadanos, a responder a las preguntas que el instructor del sumarlo les formule", ordenó al fiscal general que retirara al fiscal Valerio del caso, lo que aquél hizo efectivamente; d) con lo cual queda, en fin, expresamente publicado que existe un interés del señor ministro en que no se investigue el caso Brouard, al menos en los indicados aspectos de la supuesta conexión de la policía con tan deplorable asunto".

"Se comprende por todo ello que mi mandante vuelva a escribir al periódico una carta, que éste inserta el mismo día 13, en la que protesta de nuevo: 'Señor director: ningún servicio policial o de inteligencia, como se dice en la información de referencia, me ha presentado protesta alguna sobre las investigaciones seguidas por el asesinato de Santiago Brouard. Vuelvo a insistirle que no se ha transmitido por parte de este ministerio al fiscal general del Estado ninguna indicación, observación, instrucción ni protesta por las citadas investigaciones".

"( ... ) Todas las informaciones las apoya el periódico en 'fuentes jurídicas solventes' y las mantiene sin desmayo, pese a los desmenti

Barrionuevo sostiene que el país ha atentado contra los pilares del sistema democrático español

dos de las autoridades implicadas. Creyendo, tal vez, que ha encontrado la vena definitiva de información contra mi mandante, se obceca en la noticia, no la contrasta como debiera y difunde una información que quebranta el honor de mi representado y, desde luego, conmueve los cimientos mismos de las instituciones democráticas cuya solidez, así como la honestidad de las personas que las sirven, queda gravemente en entredicho"Repercusiones

"Esto último no son, obviamente conclusiones de parte. Las extraería cualquier lector de los mensajes de EL PAÍS. Para probarlo bastará con repasar, muy sumariamente, cómo recoge el resto de la Prensa, especialmente la del País Vasco -territorio en el que, por razones obvias, se propicia un deterioro mayor del máximo responsable de la seguridad pública y en el que la difamación cala de modo inmediato-, las noticias difundidas por EL PAÍS".

"( ... ) La interpretación de toda la Prensa de lo que EL PAÍS quiere decir y dice cuando afirmó que 'las instrucciones de Barrionuevo al fiscal general del Estado desen cadenaron el relevo de Emilio Valerio' es unánime y clara ( ... )".

"EL PAÍS no desaprovecha ocasión para agredir de nuevo a mi mandante y mantener abiertas sus tesis sobre la conexión de los servicios que él dirige en el asesinato (documento número 28); pero, sin embargo, va corrigiendo, poco a poco, sus informaciones iniciales aun manteniendo su núcleo esencial (consistente, en todo caso, en dejar bien sentada la tacha de la incomodidad de los servicios policiales por las peticiones del fiscal y la "ayuda" del ministro Barrionuevo para aliviarles de la presión de una investigación judicial)".

"( ... ) El colmo del desatino informativo, que ahora ya muestra más inequívocamente que nunca, además de una osadía y soberbia sin límites, una consciente y dolo sa intención de difamar a mi mandante, es un editorial, publicado el día 20 de enero, bajo el aparatoso título de ¿Quién miente?".

"El editorial no tiene desperdicio: arranca insultando, sin más trámites, al señor Barrionuevo por esforzarse en desmentir al periódico; construye luego una tesis informativa que no es la que el periódico venía sosteniendo ( ... ); opina que no ha sido EL PAÍS quien ha construido el malévolo artificio de la conexión del asesinato de Brouard con los servicios policiales; resta todo crédito a las notas de protesta del ministro, y, en fin en un ejercicio realmente insólito, termina por llamar mentiroso a mi mandante (concluye, en efecto, el editorial diciendo que "alguien ha mentido en este asunto, y, desde luego, no ha sido EL PAÍS". Dado que la alternativa que se ofrece es que ha sido el periódico o el ministro quien ha mentido, la respuesta al interrogante no precisa ingenio para ser hallada)".

EL PAÍS "( ... ) sostuvo primero que Barrionuevo ordenó el cese del fiscal y, más tarde, que lo que hizo es comunicar unos oficios judiciales al ministro de Justicia (lo cual, por cierto, seguía siendo falso)".

"( ... ) EL PAÍS se cree con derecho a difamar, y la respuesta del difamado no es el resorte mínimo disponible para atajar la malevolencia de tan poderoso medio, sino un "desahogo epistolar", por lo que se ve intolerable a esto le llama EL PAÍS "la grafomanía histriónica" del ministro".

"(...) El periódico es consciente de la enorme falsedad que había supuesto imputar a mi mandante intervenir directamente para impedir la investigación de un asesinato y para proteger a unos servicios oficiales supuestamente implicados en el mismo. Pero, no obstante, nunca despejó EL PAÍS la duda por él sembrada sobre estas conexiones. La difamación se hubiera producido en todo caso porque la agresión al honor de mi mandante no se lava con arrepentimientos o con desmentidos propios, lo mismo que un asesinato no se exculpa dando el pésame a los familiares de la víctima".

Conclusiones

"( ... ) Los ataques de EL PAÍS contra mi mandante se iniciaron con su mandato. Por lo normal, rebasan los límites de la honesta y necesaria crítica periodista y revelan una inexplicable persecución personal y deseo de difamar ( ... )".

"( ... ) No obstante ser consciente de la falsedad de lo que publica, vuelve a insistir en sus primitivas tesis de cuando en cuando, con lo que perdura en el público lector la imagen -por otra parte, difundida, siguiendo a EL PAÍS, por el resto de los medios de comunicación- de una oscura conexión Barrionuevo-servicios oficiales de información-violencia antiterrorista-asesinato de Brouard".

"No puede imaginarse supuesto de difamación más intolerable jurídicamente que difundir todo lo anterior en relación con una persona que, como ocurre con mi mandante, es el máximo responsable de los servicios de seguridad pública y de la gararitía de las libertades de un Estado de derecho cuyas exigencias, en el sentir de EL PAÍS, margina para combatir a los terroristas con los medios de los terroristas y obstaculizar, acto seguido, cualquier investigación judicial sobre los hechos".

"No sólo la persona de mi mandante, sino el imperio de la ley y el Derecho ( ... ) exigen que se repare el daño y se condene a EL PAÍS".

"La acción que se sigue en este proceso es la regulada en la ley orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". ( ... ) "La jurisdicción competente es la del orden civil, correspondiendo la competencia al Juzgado de Primera Instancia". ( ... ) "La legitimación de mi mandante deriva de ser titular de un derecho fundamental, el derecho al honor que proclama el artículo 18 de la Constitución ( ... ) que ha sido lesionado gravemente por las informaciones de EL PAÍS".

"La legitimación pasiva de Promotora de Informaciones, SA (PRISA), resulta de ser imputable a EL PAÍS, periódico del que dicha compañía es propietaria y editora, la vulneración ilegítima en el honor de mi mandante; la de don Juan Luis Cebrián, de la circunstancia de ser el director".

"La responsabilidad civil del editor y el director por actos y omisiones causadas por el periódico es solidaria, según el artículo 65.2 de la ley 14/66, de 18 de marzo" (la ley Fraga de prensa).

"Es la protección civil que la ley orgánica 1/82, de 5 de mayo, proporciona la que reclamamos en este proceso, renunciando expresamente a seguir cualquier otra acción penal. Creemos que es el ilícito civil que, de acuerdo con la Constitución, diseña la ley citada lo que se ha producido en este caso. De haberse producido algún ilícito penal, sería de los perseguibles a instancias del agraviado, y expresamente, según lo dicho, renunciamos a esa vía".

El dinero es agradable

"En los tiempos modernos se'ha aceptado de modo definitivo el principio de la reparación del perjuicio moral, pues aunque los derechos de la personalidad no se acomoden a una estimación pecuniaria, por lo que el dinero no puede aquí cumplir su función de equivalencia como en materia de reparación del daño material, la víctima del perjuicio moral padece dolores, y la reparación sirve para restablecer el equilibrio roto (pretium doloris), pudiendo, gracias al dinero, según sus gustos y temperamento, procurarse sensaciones agradables, que vendrán a contrapesar las dolorosas o desagradables, o más bien revistiendo la reparación acordada al lesionado, la forma de una reparación satisfactoria puesta a cargo del responsable del perjuicio moral, en vez del equivalente del sufrimiento moral".

"Después de la exposición hecha, que viene siendo ya excesivamente larga, por lo que pedimos disculpas al juzgado al que tenemos el honor de dirigimos, aunque necesaria para resolver en justicia este asunto, nos queda tan sólo entrar en fase de conclusiones ( ... )".

A) "Las informaciones dadas por EL PAÍS se refieren nominatim a don José Barrionuevo Peña, ( ... ) de manera que la identificación del agredido no ofrece la menor duda ( ... )".

B) "Las imputaciones son gravísimas. Se le adjudica de modo directo una intervención destinada a evitar el esclarecimiento de un asesinato, quitando de enmedio a un fiscal molesto que pretende investigar a unas fuerzas policiales de las que, unas veces larvadamente y otras de forma expresa, se insinúa que algo tienen que ver con el crimen. Por demás, toda esta imputación de hechos está cargada de valoraciones en las que se utilizan los calificativos más gruesos e intolerables (en los hechos de esta demanda han quedado expuestos), concluyendo por llamar, sin más vueltas, mentiroso a mi mandante. También en esta cuestión -digamos que menor en el contexto de la gravedad de este caso-, EL PAÍS rebasa una exigencia impuesta, tanto en nuestra jurisprudencia como en todos los sistemas comparados, a la crítica periodística a los políticos: el principio de continencia en las expresiones utilizadas, que viene demandada no sólo por respeto a las personas, sino a los cargos que ocupan o a las instituciones que representan".

C) "La información dada por EL PAÍS se produce en un contexto de críticas personales reiteradas, penosas y de desusado calibre para con un ministro al que se persigue, a saber por qué, maniáticamente. Cuando tal crítica sube de tono hasta convertirse en difamación pura, el afán difamatorio se contrapone al rigor que a la Prensa es exigible ( ... )".

D) "La noticia publicada, que imputaba a mi mandante una intervención directa en el cese del fiscal (y daba a entender, como tenemos dicho, aun al menos inteligente, que para proteger a la policía de su oscura conexión con un crimen), era falsa (...)".

Las reparaciones debidas

"Las medidas que procede adoptar y reclamamos son las siguientes":

A) "En primer lugar, la declaración misma de que EL PAÍS ha cometido una intromisión ilegítima en el honor del señor Barrionuevo y lo ha difamado".

B) "La condena, por otra parte, a publicar en primera página del periódico la parte dispositiva y los considerandos de la sentencia, como medio de reparación ( ... )".

C) "Una indemnización cuantiosa por el daño moral sufrido"."( ... ) La indemnización (muy alta en todo caso, porque es una reparación moral a un ministro en activo lo que está en juego y una agresión frontal a las instituciones de un Estado de derecho que la indemnización debe servir para castigar y enderezar) debe establecerse, sin embargo, en ejecución de sentencia para ofrecer al juzgador entonces una más precisa concreción de las bases que, de acuerdo con el artículo 9.3 de la ley 1/82, han de servir para fijarla".

"Dichas bases son: La condición personal del lesionado y el cargo de ministro del Gobierno que ocupa, teniendo en cuenta el atentado contra las instituciones que representa; la circunstancia de ser EL PAÍS el diario de mayor circulación y más influyente de España; la enorme cantidad de páginas y espacio dedicado a las informaciones; la reiteración de la misma información, con el agravamiento consiguiente de la lesión; el eco o acogida de la noticia en los demás medios de difusión; y los eventuales beneficios adicionales que al periódico haya podido reportarle la publicación de la noticia (beneficios que no necesariamente tienen que ser económicos, sino también los verificables en el orden de las influencias y los favores personales)".