El aborto y los cuervos del PSOE

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Despenalización Parcial del Aborto no ha provocado, en opinión de la autora del artículo, la reacción debida en el Gobierno socialista, que ha preferido encontrar el "lado bueno" de dicho fallo, mientras la derecha considera el mismo como un triunfo propio.

-...Y con esto y un bizcocho, ¡esta noche me emborracho!- gorgojeó el señor Ruiz Gallardón.Luego precisó que, en realidad, no pensaba emborracharse esa noche en concreto. Que era tan sólo un modo de exteriorizar su euforia por el fallo del Tribunal Constitucional relativo a la llamada ley de Despenalización Parcial del Aborto.

Más tarde, el propio señor Ruiz Gallardón, primer firmante y autor del recurso de inconstitucionalidad que el tribunal ha atendido, desafiaba con gesto colérico "a quien sea" a que le lleve una sola mujer que desde 1966 haya pisado las cárceles españolas por haber abortado. De lo que se deduce que, en un nuevo ejercicio de doble moral, materia en la que la derecha española es experta, el representante de Alianza Popular es partidario, a la vez, de penalizar el aborto en las leyes y de que las leyes no se apliquen.

Tenía su aquel ver las reacciones paralelas que iban adoptando entre tanto los responsables del partido socialista y del Gobierno. Sin conseguir ocultar su irritación por la sentencia dictada, se esforzaban -las consignas eran obvias- por ver "su lado bueno": se reconoce la constitucionalidad de los tres supuestos recogidos por la ley e, incluso, el tribunal ha tenido el detalle de considerar que las garantías ofrecidas en uno de los supuestos son suficientes. Cosa, pues, tirando a fútil la del tribunal: el Parlamento dará unos retoques aquí y allá a la cosa de las garantías y pronto, muy pronto -lo dijo el señor Ledesma, todo dulzura, ante las cámaras de televisión- tendremos en vigor la ley del aborto. Conclusión socialista: la sentencia es realmente una pena, pero tampoco hay que tomársela por la tremenda.

Lo esencial del problema

Desde que fue conocido el proyecto de ley elaborado por el PSOE, el movimiento feminista señaló con nitidez que los supuestos de despenalización recogidos en él no se hacían cargo de lo esencial del problema, ni cuantitativa ni cualitativamente. No lo hacían cuantitativamente porque sólo venían a amparar a un porcentaje mínimo de las mujeres que abortan a diario en el Estado español. Y no lo hacían cualitativamente porque no se basaban en el reconocimiento del aborto cómo un derecho de la embarazada, como una resolución -nunca agradable, conviene recordarlo- que a ella y sólo a ella compete.

No son pocos los responsables del PSOE que, reconociendo total o parcialmente lo bien fundado de nuestros argumentos, han pasado largos meses respondiéndonos así "Es cierto que, si la ley se aplicara estrictamente, sólo una pequeña parte de los abortos que hoy se realizan dejarían de ser ilegales. Pero fijaos que la ley pone unas condiciones de control de los abortos muy ambiguas. Son deliberadamente ambiguas. Se trata de abrir una brecha en el muro de la situación actual. Ahora no cabe hacer más porque no estamos en condiciones de afrontar la respuesta que podría desatar la derecha, con el apoyo de la Iglesia. Pero, una vez abierta la brecha, cabrá ir ampliándola por la vía de los hechos, de la práctica...".

"Se trata de abrir una brecha", decían. Y el Tribunal Constitucional les contesta: fijadme bien las garantías, para que no se pueda utilizar esta ley para ningún caso que no esté incluido en los tres supuestos. Adiós brecha.

Según cálculos realizados por la Comisión Pro Derecho al Aborto a partir de los cientos de casos atendidos por ella, sólo cuatro de cada 100 mujeres abortan por las tres razones recogidas en la ley. Otras estadísticas, realizadas tal vez con criterios menos estrictos, elevan el porcentaje hasta la veintena. En todo caso, gracias, a la torpeza culpable del Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, la inmensa mayoría de las mujeres que deciden abortar en el Estado español seguirán siendo consideradas delincuentes.

El ministro Ledesma muestra su regocijo porque el tribunal ha reconocido la constitucionalidad de los tres supuestos recogidos en la ley. Parece ignorar que, al referirse a la licitud de esos tres supuestos, el tribunal está precisando que todo otro supuesto lo considera anticonstitucional. Esto es, está excluyendo el aborto por razones económicas, sociales y otras: las razones que mueven a la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría de las mujeres que abortan.

De esta guisa, entre la pusilanimidad legislativa del PSOE y la carquería moral del alto tribunal, gracias al voto "de calidad" de un presidente que fue elegido con el consenso del Grupo Socialista, más de un cuarto de millón de mujeres seguirán anualmente recurriendo a métodos clandestinos para abortar, poniendo frecuentemente en peligro sus propias vidas o endeudándose para costear el viaje hasta Holanda o el Reino Unido.

Se quejan algunos parlamentarios socialistas ahora de estar atados de pies y manos con las ligaduras de esa tercera cámara que es el Tribunal Constitucional. Tal vez debieran iniciar a partir de ahí una reflexión sobre los beneficios de la cría de cuervos, oficio al que el PSOE se ha dedicado con singular entusiasmo desde los comienzos de la transición.

El señor Ruiz Gallardón tiene buenos motivos para echarse el fallo del tribunal al coleto, con o sin bizcocho, y largarse de farra. La derecha se ha apuntado el tanto. Reconozcamos que se lo habían puesto fácil.

pertenece a la Comisión Pro Derecho al Aborto de Madrid.