El ministro del Interior acusa a EL PAÍS de socavar las instituciones democráticas

El ministro del Interior, José Barrionuevo, ha acusado a EL PAÍS de difundir informaciones que quebrantan su honor "y, desde luego, que conmueven los cimientos mismos de las instituciones democráticas" según la demanda judicial presentada por el mismo contra PRISA, sociedad editora del diario, y contra el director del periódico, Juan Luis Cebrián. En la citada demanda, que ayer fue trasladada a las partes y que contesta a las informaciones publicadas sobre el caso Brouard, se afirma entre otras cosas que este periódico tiene una Mesorbitada arición por el libelo". Se esgrime además la ley de Prensa del franquismo, conocida como Ley Fraga, para exigir una indemnización cuantiosa a la empresa editora del diario.

La demanda por difamación fue presentada con fecha 27 de marzo de 1985 por el letrado Luis López Herrera y por el procurador José Granados Weil, en representación de "José Barrionuevo Peña, en la actualidad Ministro del Interior" (así reza el encabezamiento de la enumeración de los hechos) ante el Juzgado de Primera Instancia número 16, del que es titular Ernesto González Aparicio. El juez dictó providencia el día 2 de abril, aceptando la tramitación de la demanda, y ayer fue remitido a PRISA el contenido de la misma: 92 folios en los que la representación legal del ministro expone los hechos que, a su en tender, pueden constituir difamación para el honor de Barrionuevo y lesión para las instituciones democráticas; se solicita un "cuantiosa" e indeterminada indemnización "porque es una reparación moral a un Ministro en activo lo que está en juego y una agresión frontal a las instituciones de un Estado de Derecho que la indemnización debe servir para castigar y enderezar".

Capricho o empecinamiento

La demanda presentada contra el diario EL PAÍS, tras declarar al ministro José Barrionuevo como defensor de la crítica periodística, indica: "Uno entre todos los diarios, sin embargo, destacó" desde el comienzo de su gestión "por una especial dedicación" a su persona, respecto de la que "ha sostenido imputaciones y formulado críticas que se salen por completo de lo normal y que, desde luego, han sobrepasado con creces los límites lícitos de la libertad de prensa".

Según el documento, Barrionuevo, hasta las informaciones sobre el caso Brouard, "ha soportado con paciencia" las críticas de este periódico, "por más que las considerara lesivas a sus derechos constitucionales, y se ha resistido a ejercer acción alguna contra EL PAÍS, pensando, tal vez, que esa particular dedicación a su persona, a la que EL PAÍS considera poco menos que como la fuente de los males más varios, sería pasajera y fruto del capricho del Director del medio o de algún redactor empecinado".

Pero la paciencia del ministro terminó con las informaciones publicadas en relación con el caso Brouard, que han ofrecido, dice, "la imagen de un ministro directa y personalmente interesado en que no se investigue un asesinato, sembrando de paso la gravísima sospecha de que no se sabe qué suerte de aparato para-policial, pero oficialmente protegido ('dos latinoamericanos a sueldo'), son los responsables de tamaño crimen".

A partir de aquí la demanda asimila reiterativamente los supuestos ataques a la persona del ministro con atentados de EL PAÍS a la democracia y a sus instituciones.

Este periódico, según la demanda, "obsesionado por agredir" a Barrionuevo "y tal vez herido en su sentimiento de prepotencia, como medio de información escrita más relevante de España, por el nulo eco en medios gubernamentales de su desorbitada aficción al libelo" en cuanto al ministro se refiere, "decidió elevar aún algunos grados su punto de mira y no dudó, para difamar al Ministerio del Interior, en dirigir sus armas contra los pilares mismos de nuestro sistema dernocrático".

El ministro Barrionuevo, a continuación, "para facilitar el más exacto encuadramiento del premeditado y obsesivo afán difamatorio del periódico" contra su persona, hace referencia a informaciones previas a las del caso Brouard.

Informaciones que, según la demanda, "se insertan en una recalcitrante línea editorial basada en una animosidad inexplicable (si es que no se justifica en el capricho personal del señor direc tor del medio o de algún redacto influyente que desconociendo que a los Ministros los nombra y cesa el Presidente del Gobierno aspira vanamente a un cese siempre posible y natural en un cargo como el de Ministro, del señor Barrionuevo, justificado en la contundente razón de no agradar su persona a los responsables de tan poderoso medio de difusión), cuyas características son, desde luego, la arbitrariedad más pura", "el deseo evidente de lesionar" el honor del ministro y la utilización para ello de las invectivas más gruesas, calificativos más despreciativos, las frases más hirientes y las descalificaciones más rotundas".

Y, entre otros ejemplos, la demanda afirma que para nuestro periódico "lo que el Ministro del Interior dice o escribe oficialmente contiene siempre construcciones o refleja una literatura parvularia en cuanto al estilo; rudimentariedad estilística que sólo se abandona para utilizar los giros semánticos de la época de la dictadura".

La demanda dedica tres páginas a este tema de las críticas al mal estilo literario de las notas de su ministerio.

La demanda del ministro del Interior afirma que el diario EL PAÍS ha difundido "la especie, casi siempre de forma larvada pero comprensible para el lector, a quien el mensaje se le ofrece ya deglutido, de que la violencia de ETA se responde por el Ministerio del Interior por una violencia de la misma especie". Y añade: "Todas estas desmesuras las ha soportado durante dos años, con desagrado, desde luego, y a pesar del efecto corrosivo que, indirectamente, dicha crítica tiene para la conservación de algunos valores constitucionales esenciales".

Para que esta aseveración de atentado a valores constitucionales no sean sólo "conclusiones de parte", la demanda asegura que "para probarlo bastará con repasar, muy sumariamente, cómo recoge el resto de la prensa, especialmente la del País Vasco (territorio en el que, por razones obvias, se propicia un deterioro mayor del máximo responsable de la seguridad pública y en el que la difamación cala de modo inmediato) las noticias difundidas por EL PAÍS".

Recurso a la 'ley Fraga'

La demanda, más adelante, indica: "La agresión al honor" de Barrionuevo "no se lava con arrepentimientos o con desmentidos propios, lo núsino que un asesinato no se exculpa dando el pésame a los familiares de la víctima".

La demanda asegura que no cabe imaginarse una difamación más intolerable jurídicamente que la realizada por EL PAÍS con una persona como Barrionuevo, que "es el máximo responsable de los servicios de seguridad pública y de la garantía de las libertades de un Estado de Derecho". Y añade: "No sólo la persona" de Barrionuevo, "sino el imperio de la ley y el Derecho, que nuestra Constitución proclama, exigen que se repare el daño y se condene a EL PAÍS por difamación".

La condena exigida por Barrionuevo se dirige tanto a la empresa editora, PRISA, como al director del diario, y para ello se acoge a la ley de prensa franquista de 1966 (la conocida ley Fraga), solicitando la responsabilidad solidaria de la empresa, no prevista en la Ley de Protección al Honor.

EL PAÍS publicará el próximo domingo un amplio resumen de la demanda.