El PSOE se resiste a aceptar el triunfo de la oposición conservadora

Ningún diputado o alto cargo socialista consultado quiso admitir ayer que la sentencia sobre el aborto, aun cuando sólo sea de un modo relativo, significa un triunfo para el Grupo Popular, que la recurrió. Aunque solamente en parte, AP y el PDP ven triunfar por segunda vez, tras la sentencia de la LOAPA, sus tesis ante el Tribunal Constitucional. Las primeras reacciones oficiales del Gobierno o tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley de interrupción del embarazo dejaban traslucir, pese al optimismo mostrado públicamente, una indudable dosis de preocupación ante lo que parece ser un creciente enfrentamiento de los socialistas con el poder judicial.

La mesura mostrada en sus palabras por el ministro de Justicia, para quien los requisitos exigidos por el tribunal para que. el proyecto sea constitucional "son mínimos", contrastó con las primeras declaraciones de los diputados socialistas, quienes, entre otras cosas, señalaron que "la justicia española está superpolitizada desde el punto de vista del inmovilismo, de la derecha, del retroceso ideológico", llegando a hablar de "vuelta a los tiempos de Trento".Medios parlamentarios socialistas destacaban ayer el hecho de que la sentencia del Tribunal Constitucional coincidiese en el mismo día con la entrada en el Congreso de los Diputados del escrito por el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) plantea conflicto de competencias contra la Cámara, protestando por la "indebida asunción de atribuciones" que supone haber aprobado ciertos preceptos de la ley orgánica del Poder Judicial, que prevén la elección por las Cortes de todos los consejeros del CGPL Esto significa, de manera inequívoca, que el conflicto de competencias planteado por el CGPJ no se dirige, en general, contra el Congreso de los Diputados, sino exclusivamente contra el Grupo Socialista, bajo cuyos auspicios, y contra la opinión del Grupo Popular, se aprobaron tales artículos.

La sentencia dada ayer por el Tribunal Constitucional es, para el diputado Carlos López Riaño, ponente socialista en la ley de despenalización del aborto, consecuencia "de la estrategia de la derecha española", resultado de la presión ejercida "desde algunas instancias en la sombra". Para el, diputado socialista Francisco Granados es "un exabrupto que nos pone en ridículo frente a las modernas doctrinas socialistas y penales de Europa", precisamente cuando Madrid es huésped de decenas de parlamentarios socialistas europeos, que han dado la bienvenida a España en la CEE.

Según Pablo Castellano, presidente de la Comisión de, Justicia e Interior, y uno de los políticos que más enfrentamientos personales ha mantenido con el poder judicial, "a esta sentencia le sobran contenidos políticos, dentro de una línea muy determinada, y le faltan contenidos jurídicos".

Los tres diputados expresaban claramente, más que insinuaban, una determinante influencia de la oposición conservadora sobre la decisión final del alto tribunal. Algo que, veladamente, ya había hecho también el vicepresidente Alfonso Guerra dos semanas atrás.

Tercera cámara'

Sin embargo, pese a sus protestas contra la politización de la justicia -protestas que ninguna fuente de la Administración quiso ayer asumir públicamente-, medios gubernamentalei, al conocer ayer la sentencia, reiteraron la aprensión, denunciada meses atrás por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Sáenz de Cosculluela, de que el Tribunal Constitucional se esté convirtiendo en una tercera Cámara, con poder sobre las dos legislativas, desde la que la oposición ejerza un poder de veto sobre lasprometidas reformas del cambio socialista. Fuentes gubernamentales expresaban ayer en privado su temor ante la incertidumbre de que otros temas cruciales de la reforma socialista -LODE, reforma sindical, supresión del recurso previo de inconstitucionalidad- también puedan ser escalonadamente sujetos en las próximas semanas a la crítica jurídica del tribunal.

Media hora después de haber conocido la sentencia, el diputado Grariados insistía en estas mismas tesis: "El Gobierno puede verse convertido en un lebrel obediente del tribunal e imponer esta obediencia al Congreso y el Senado". "Si las Cámaras van a estar supeditadas por estos métodos al grupo rnayoritario de la oposición, el futuro es problemático; vemos que España no va a cambiar, o sólo lo hará superficialmente". Completamente desanimado, Granados subrayó que, en su opinión, el Grupo Parlamentario Socialista debería pensar en "no hacer nada, si lo que tenemos que plantearnos es cómo agradar al Tribunal Constitucional". Pese a su reserva -o indecisión- sobre los próximos pasos jurídicos a dar, el Gobierno pareció ayer haber meditado las cosas más fríamente que sus diputados. Hablando en tono mesurado y sin perder la sonrisa, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, dio a entende ayer que el equipo de Felipe González no se alterará por esta sentencia, de la misma manera que no se alteró por la mucho más adversa sobre la LOAPA. Prueba de la calma con la que el Ejecutivo ha querido acoger la sentencia del tribunal es el hecho de que Felipe González ni siquiera haya convocado todavía una reunión extraordinaria del Gabinete para debatir el tema y sus posibles salidas jurídicas, entre las que, pese a la evidente desgana de algunos diputados socialistas, podría incluirse la presentación por el Grupo Socialista de una proposición de ley sobre interrupción del embarazo que recoja las exigencias del Tribunal Constitucional.