Interrogantes sobre el ingreso de España en la CEE

TODO PARECE indicar que, definitivamente, España y Portugal serán miembros de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea (CEE) el próximo 1 de enero. Esta situación tiene una dimensión histórica incuestionable. Cuando la Europa de los doce sea un hecho irreversible sí se podrá decir que definitivamente la transición política en España es ya pasado y se habrá culminado el proceso de normalización política. La oposición democrática al franquismo luchó desde siempre por dos objetivos prioritarios: la devolución de las libertades secuestradas y la pertenencia a Europa.Por otra parte, el Gobierno socialista ha conseguido -sin desmerecer a los anteriores negociadores desde que Marcelino Oreja pidió la integración política en Europa en 1977- el objetivo principal: ingresar en la CEE. De las condiciones ya habrá tiempo de hablar más adelante, cuando se pase a la valoración técnica y por capítulos de la adhesión. Y en ese análisis será primordial llegar a deslindar los precios ocultos de esa nueva europeidad española. Hay numerosos interrogantes concretos que se insertan en la propia circunstancia de la adhesión. Por ejemplo: ¿qué país va a sacar más provecho de la modernización de los servicios ferroviarios españoles?; ¿qué tanques se van a comprar para el Ejército español?; ¿qué compañía se va a llevar el gigantesco contrato de renovación de la flota de los aparatos DC-9 de Iberia, de más de 100.000 millones de pesetas?

Otro precio es la OTAN. Hay pocas dudas, aparte de las existenciales, de que el acuerdo con la CEE ha sido posible a cambio de una permanencia -ya se verá de qué tipo- en la Alianza Atlántica. La promesa del Gobierno de Felipe González de un referéndum sobre la OTAN ha sido una de las mejores bazas psicológicas para ingresar en la Comunidad. El Reino Unido se quedó durante años al margen de la CEE -con el veto de De Gaulle-, pero no pasaba nada, al ser ese país tino de los pilares de la OTAN. El ministro de Asuntos Exiteriores, Fernando Morán, ha negado una y otra vez que los diez hubieran establecido para el caso español un vínculo entre la CEE y la OTAN. Es una forma de alterar la evidencia. En todo caso, los ciudadanos españoles tienen derecho a conocer todo el proceso de las negociaciones oficiales y extraoficiales.

En cuanto a la negociación en sí -en la que aún quedan los flecos, de segundo orden, pero muy significativos-, una primera valoración crítica es muy disímil según los sectores y según los productos. La cuestión industrial no sale mal parada, con una supresión gradual en siete años de las defensas arancelarias y cuantitativas de España frente a los diez. El sector pesquero también sale aventajado, pues 18.000 toneladas de merluza en aguas de la CEE es el doble de lo que pescamos actualmente, lo que ilustra claramente que es mejor ingresar que quedarse al margen, como ocurre en el capítulo de los trabajadores emigrados.

El capítulo agrícola es quizá el más discutible a corto plazo. En junio de 1984, los negociadores españoles aceptaron el sistema de dos etapas para la integración en la Comunidad de nuestro sector hortofrutícola. Eri. la noche histórica del 28 al 29 de marzo, cuando se llegó al acuerdo final, las frutas y hortalizas quedaban, con pocas modificaciones, como estaban en junio: un tratamiento de país tercero durante cuatro años. Los cítricos españoles no alcanzarán las ventajas arancelarias que tienen los de Marruecos frente a la CEE hasta pasados cinco años de la adhesión. Fracasó el empeño español de vaciar de contenido el sistema de las etapas.

La agricultura se ha negociado, aceptando las imposiciones francesas y cambiando la actitud inicial española, de la forma menos comunitaria posible, aceptando defensa frente a defensa, en vez de apertura frente a apertura. Los países comunitarios se defienden de nuestro sector más competitivo, el hortofrutícola; nosotros defendemos el menos competitivo, el de los productos continentales, y en una cuantía menor que la esperada. De todas formas, y para que esta situación no sea aprovechada por fáciles demagogias, éste no es un problerna para las rentas de los agricultores -que se verán favorecidas-, sino de balanza comercial.

Eduardo Punset, uno de los anteriores negociadores españoles, fue el que mejor definió el problema; preguntado sobre las verdaderas razones de la necesidad de que España ingresase en la CEE -indeperidientemente de las políticas-, explicó que dentro de la casa de la CEE hay goteras, pero que fuera diluviaba. Y buena razón tenía. Los costes no son suficientes para ponerle peros a la integración global en Europa. Indudablemente, habrá que arrancar viñas y olivos, completar la reestructuración del sector siderúrgico y cerrar algunas empresas. De cualquier forma, esta lista sería peor de no ingresar en la CEE, una Comunidad, además, que está condenada a desarrollarse o morir. Y con el ingreso, otras enlpresas se abrirán. Es un reto más para una clase empresarial más habituada al proteccionismo que a la verdadera economía de mercado. El ingreso en el MeIrcado Común es, per se, el ingreso en la Europa liberal, aunque sea una paradoja hacerlo de la mano de un Ejecutivo de ideología socialista.

Con España, ingresa Portugal. Ésta es otra buena ocasión para volver a tejer la historia y acercar hurnanamente dos pueblos que se dan la espalda, a pesar de que, geográficamente hablando, no pueden estar más próximos. La CEE fuerza a ambos países a negociar un acuerdo pesquero -y comercial- que quizá no se llegaría a conseguir de otro modo. Las fronteras van a desaparecer entre España y Portugal, al menos para las personas. Y esto puede plantear problemas en el mercado de trabajo español, por lo cual es mejor prevenir que curar.

En cualquier caso, hay que recordar que lo que se lla negociado, en la gran mayoría de los casos, son condiciones transitorias y derogaciones temporales a normas de la CEE. Al cabo de 10 años, España estará plenamente integrada en la Comunidad.