La alternativa progresista / 2

La cargoadicción, la incomprensión del Estado de las autonomías, el monetarismo económico y el alejamiento de una opción de paz y de neutralidad en política internacional son algunas de las características que el autor señala de la gestión del actual Gobierno. De todo ello deduce la necesidad de articular una alternativa que recoja numerosas aspiraciones de los ciudadanos hasta ahora no satisfechas.

Ante el escenario político que describimos en el primero de los artículos de esta serie, el objetivo más racional para una alternativa política progresista parece estar en contribuir a poner coto a la peligrosa concentración del poder, criticar su derechización y sus manipulaciones -desde las distorsiones macroeconómicas hasta su concienciación proatlantista- y profundizar en la democracia para avanzar y no para perpetuar en el poder de unos miles de cargoadictos. Y la referencia es, desde luego, a los 40.000 cargos públicos de nuevo cuño con camé, y a su reflejo mayoritario en el 30º Congreso del PSOE, y no a la generalidad de sus militantes, y mucho menos a la inmensa mayoría de sus votantes de 1982.De lo que se trata es de llevar a la gente la idea de que la política es cosa de todos que la democracia de 1977 la hemos traído entre todos, y que en democracia no se puede uno autoexcluir e indiscriminadamente echar la culpa de lo mal que puedan ir las cosas a los partidos y a los sindicatos. Todos tenemos el derecho y la obligación de configurar las decisiones políticas. Y si se abdica de ello, dejándolo todo en mano de "los otros", puede producirse el secuestro de la voluntad política por organizaciones que disten mucho de practicar la democracia en su seno interno, de ser responsables, y de ser eficaces. Como se ha dicho: "Si tú no te ocupas de la política, la política se ocupará de ti".

Frente a la situación actual, propugnamos una alternativa progresista, que nace desde lo profundo de una conciencia crítica que aspira a poner en tensión las capacidades de la sociedad para asumir la democracia avanzada -trabajo para todos; justicia; y paz por la vía de la neutralidad-, y que, en definitiva, busque soluciones duraderas a los problemas, sin resignarse a un cierto perfil de sumisión y de complejo de inferioridad.

La crítica de un entorno mediocre

Pero antes de entrar en las propuestas, y aunque sea de manera sucinta, habremos de exponer cuáles son las circunstancias que nos hacen pensar que el actual Gobierno y su partido no estén cumpliendo lo esencial de lo que prometieron en su programa electoral, y que el proyecto de cambio se haya desvanecido por completo.

En lo autonómico, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA habló por sí misma: el PSOE -que se asoció en ese episodio a la UCD, entonces en el poder- no acaba de comprender lo que puede ser un Estado de autonomías. Y un partido que denomina federales a algunos de sus propios órganos, resulta cuando menos ambiguo respecto de la idea federalista, que aplicada sensatamente sería la base para resolver muchas de las dificultades por las que atraviesa el proyecto autonómico en término de lentitudes de transferencias, solapamiento de funciones e inéficacias diversas.

En lo económico, más que ante un relanzamiento, tras 28 meses de Gobierno del PSOE, nos encontramos en un permanente atentismo monetarista de signo dependentista, sin ningún proyecto alternativo de desarrollo compensatorio interno; con una reconversión industrial incapaz de crear empleo alternativo, y con la más alta cota de paro de todos los países industriales. Lo que realmente está en marcha es todo un proceso de desindustrialización de España, con la ausencia de cualquier propósito de combinar mercado y planificación, lo que ha conducido a la más grave descapitalización: la falta de nuevos proyectos de desarrollo. Y en el caso de la empresa pública, lo que se aprecia, ante la incapacidad del PSOE de introducir en ella una gestión democrática y eficaz, es la intención de privatizarla, desnacionalizando además su gestión, por la cesión cada vez más preocupante de la dirección de grandes sociedades antes públicas a intereses transnacionales.

La política económica del Gobierno presenta como únicos éxitos la reducción de la inflación (con un índice de precio de consumo, IPC, cada vez menos fiable) y el aumento de la reserva de divisas; pero tratando de velar al mismo tiempo la caída de las inversiones, la nula eficacia del déficit público para crear empleo y el dramático ascenso del paro con la persistente destrucción de puestos de trabajo.

El marco social

En lo sindical y en lo laboral, la actitud del PSOE y su Gobierno peca, cuando menos, de mediocre. Con la idea de que todo lo que sea imposible de controlar hay que procurar marginarlo, no ha habido inteligencia para crear una dinámica en la que la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras puedan haber laborado conjuntamente. Y una actitud como ésta no podía por menos de tener consecuencias sociales lamentables, en lo que en muchos casos ha constituido una política de objetiva de agresión a las clases trabajadoras; especialmente, en temas como la reconversión industrial, en la Seguridad Social, en la política agraria respecto de los obreros agrícolas, etcétera.

En términos de sociedad, seguramente: es más lo que se hizo en la primera fase de la transición, con el arco, parlamentario (restauración de los derechos políticos y humanos, ley de divorcio, nuevas disposiciones en materia de familia, reforma fiscal, etcétera), que lo hasta ahora promovido por el Gobierno del PSOE, que ha abandonado, en su renuncia a transformar la sociedad, a los sectores sociales que lo votaron. Sin que las prometidas reformas de la Administración y de la justicia se hayan materializado hasta ahora en mejoras mínimamente sustanciales.

En lo ecológico, todo sigue más o menos igual, pues la prometida. ley General del Medio Ambiente no acaba de llegar al Parlamento, como tampoco hay ninguna voluntad manifiesta de ecologizar los distintos aspectos de la política. Lo cual se demuestra en el hecho de la semiparálisis que se advierte en la política conservacionista, en un país que durante tantos años hemos contaminado, erosionado y desertizado sus propios habitantes.

En definitiva, estamos en la España de 1985 ante un desvanecimiento de la idea del cambio prometido. Y frente a tal estado de cosas, la alternativa no cabe pensarla resignadamente como una involución democráticamente sancionada hacia una derecha semiultramontana; como no cabe aceptar el continuismo desde las posiciones que defiende el actual Gobierno. Hay toda la posibilidad de una alternativa progresista, innovadora en lo económico y social, en lo ecológico, desburocratizada y federalista en la organización del Estado, que opte por la paz y la neutralidad en lo internacional y en la defensa. Y esos son los temas del tercero y último de los artículos de esta serie.

Con Ramón Tamames firman esta serie de artículos Santos Ruesga, economista, y Fernando Reinares, sociólogo. Los tres son miembros del nuevo partido político Federación Progresista.