La oportunidad de Duarte
LAS ELECCIONES que se han llevado a cabo en El Salvador no pueden poner fin a la situación de guerra civil que vive el país, pese a las nobles intenciones que cabe prestarle al presidente Duarte. No pueden ser la solución del enfrentamiento no solo porque la guerrilla -que agrupa a un amplio abanico de fuerzas, desde la socialdemocracia a la izquierda dura, marxista y leninista- no aceptó la invitación a participar en esos comicios, sino porque el Estado de derecho que prometía el presidente se halla todavía muy lejos de hacerse realidad, aun dentro de la parcela del país sobre la que con evidentes dificultades gobierna. Desde la asunción de la presidencia por el demócrata cristiano José Napoleón Duarte, el número de asesinatos de figuras próximas a la oposición, de masacres groseramente indiscriminadas, no ha dejado de crecer. Esas muertes no hay que atribuirlas al Gobierno de Duarte, pero sí a su incapacidad; no matan los esbirros del poder, como ocurría anteriormente, pero el Gobierno tampoco logra impedir que los escuadrones de la muerte de la extrema derecha, vinculados en muchos casos al Ejército, lleven su ley a la arena política.Los resultados de las recientes elecciones legislativas y municipales, con el triunfo por mayoría absoluta de la democracia cristiana, deberían permitir a Duarte demostrar si es o no capaz de pacificar sus filas, condición inevitable para llevar a cabo un diálogo significativo con la guerrilla. Hasta la fecha, Duarte actuaba con sus poderes desde la presidencia, pero podía argumentar que, falto de una mayoría en la Cámara, la coalición de derecha y extrema derecha en la misma, acaudillada por el siniestro Roberto d'Aubuisson, constituía un freno para las iniciativas reformistas del régimen. Confirmados los resultados todavía no oficiales que entregan esa mayoría al partido presidencialista, Duarte se ve en la tesitura de un ahora o nunca para asentar la democracia y desarmar la contienda civil, desmarcando al menos a aquellos elementos más moderados del esfuerzo guerrillero.
Es muy cierto que la victoria en las urnas, conseguida con menos de un 50% de votantes debido a la inseguridad generalizada en la que se ha desarrollado la ceremonia electoral, no cambia las relaciones subyacentes de poder. D'Aubuisson no va a desaparecer bajo tierra por un puñado de votos más o menos, y los escuadrones de la muerte no estaban pendientes del escrutinio para sentirse legitimados en su execrable cometido. Pero no es menos cierto que lo que no pueda hacer ahora Duarte ya no podrá hacerlo nunca.
Al mismo tiempo, el presidente salvadoreño anuncia su intención de reanudar el diálogo con la guerrilla. El Gobierno de El Salvador podrá pedir a los guerrilleros que entreguen las armas cuando las armas de sus elementos incontrolados hayan sido visiblemente abandonadas, pero no antes. Ningún grupo guerrillero, por moderado que se declare, puede aceptar su integración en la democracia salvadoreña mientras ésta no dé pruebas de legalidad y orden en su propia retaguardia. Establecidas esas condiciones previas y legalizados todos los partidos políticos, la guerrilla debería quedar reducida a una minoría infatigable que, por su propio y eventual mantenimiento sobre las armas, demostraría que no desea el triunfo de los modos democráticos. Si algún día se llegara tan adelante en el proceso de pacificación de El Salvador, entonces sí que las fuerzas armadas estarían plenamente legitimadas para defender el país de todos contra los que quisieran perpetuar el juego de las dictaduras de uno u otro signo. Hoy por hoy el posible diálogo no se produce entre legalidad y subversión, sino entre un partido centrista, que apenas puede gobernar, y una coalición de fuerzas izquierdistas sin cuya integración en la política nacional no podrá hablarse de democracia en El Salvador. La demostración de que es posible ampliar y dar significado a ese diálogo le toca ahora al presidente José Napoleón Duarte, sobre la base de su claro triunfo en las urnas.
