Un forcejeo sin respiro

Las primeras críticas de autodefensa corporativa de los jueces, especialmente por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se produjeron cuando en febrero de 1984 se conoció el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) preparado por el Ministerio de Justicia, y todavía pendiente en ese momento del informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial.Aunque el anteproyecto inicial recibió un informe negativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los aspectos nuevos introducidos por el Gobierno antes de su remisión a las Cortes no pudieron ser informados por ese órgano de gobierno de la justicia. "El ministro no cumplió la promesa de remitirnos de nuevo el texto en el caso de que se produjeran innovaciones importantes", según un consejero. El anteproyecto de ley fue recibido por la Mesa del Congreso el 13 de septiembre de 1984.

Con ocasión de la ceremonia de apertura del año judicial, el 19 de septiembre del pasado año, y en presencia del Rey, Federico Carlos Sainz de Robles, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, acusó al Gobierno de proyectar una ley orgánica cuyas modestas reformas se orientaban no a mejorar el funcionamiento de la justicia ni a diseñar el modelo de juez de la Constitución, sino a responder al esquema de que "hacen falta más jueces y también jueces distintos". Estas críticas fueron acogidas con un largo aplauso por parte de la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional allí presentes.

Después, y durante el debate sobre el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1985, el diputado del Grupo Popular José María Ruiz Gallardón, al defender las enmiendas presentadas por la coalición a la que pertenece sobre los fondos destinados al Ministerio de Justicia, acusó al Gobierno de no contar en los presupuestos con el preceptivo informe del CGPJ.

Un mes antes, el Grupo Popular había afirmado que el Gobierno, con el proyecto de ley de la LOPJ, pretendía realizar una depuración de jueces y magistrados, al tiempo que solicitaba la devolución al Gobierno de dicho proyecto de ley.

En una conferencia pronunciada en el club Siglo XXI, Sainz de Robles manifestó que el PSOE había variado sus planteamientos respecto a la reforma judicial en los últimos cuatro años, aunque insistió en que "ni un solo momento ha pasado por la mesa del CGPJ la idea de una dimisión". Aseguró, por otra parte, que la LOPJ no es la ley más adecuada para realizar las transformaciones que requiere la Administración judicial, entre otras razones porque pretende, según el presidente del CGPJ, "que la organización judicial siga dependiendo del Ejecutivo". Estas afirmaciones las sustentó Sainz de Robles en la tesis de que existía un acoso a la justicia, situación incompatible con la necesidad de lograr un aparato judicial que satisfaga las aspiraciones de los ciudadanos. No obstante, en esta misma ocasión Sainz de Robles reconoció que "el juez es el más respetuoso con la ley y no cometerá un fraude a la voluntad de los parlamentarios".