La mitad de los miembros del Tribunal Constitucional estima que la ley del Aborto no contiene suficientes garantías jurídicas

MadridLa mitad, al menos, de los magistrados del Tribunal Constitucional se pronunció ayer contra el proyecto de ley de despenalización de aborto, pero ante el enfrentamiento producido, que dividió en dos al alto tribunal, se aplazó 10 días, prorrogables otros 30, la decisión definitiva y la firma de la sentencia. La oposición a la ley del Aborto -que ha causado hondo malestar en el Gobierno- no proviene de una interpretación del artículo 15 de la Constitución, que dice "todos tienen derecho a la vida", sino del precepto que garantiza "la seguridad jurídica", por estimar algunos magistrados que la ley no contiene suficientes garantías jurídicas. La interpretación sobre el alcance del término todos como sujeto del, derecho a la vida, que los sectores confesionales católicos y, en gene ral, antiabortistas, estimaron que incluía también al feto y no sólo la persona, no fue la clave jurídica de la disparidad de criterio entre los magistrados. Las argumenta ciones jurídicas en favor del recurso presentado por 54 diputados del Grupo Popular se fundamenta con en la ausencia de garantía para que el aborto pueda quedar despenalizado en los casos de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada; embarazo con secuencia del delito de violación, o probabilidad de graves taras físicas o psíquicas en el feto.

El artículo 9.3 de la Constitución garantiza, entre otros principios, el de la seguridad jurídica, que, para los magistrados favorables al recurso, no queda suficientemente cumplido. Por ejemplo, se argumentó que, en el caso de la

violación, no debe bastar con que el delito haya sido denunciado, sino que sería necesario, además, la comprobación de que el embarazo se produjo "como consecuencia de la violación". Frente a este criterio, la reciente ley portuguesa de despenalización del aborto admite esta indicación cuando existen meros indicios de que se produjo violación.

Los magistrados contrarios al recurso de inconstitucionalidad mantuvieron el criterio de que éstas y otras argumentaciones podían figurar en los fundamentos jurídicos de la sentencia o, en todo caso, en los votos particulares a la misma. Ésta era la impresión existente durante la mañana de ayer en círculos jurídicos y políticos consultados por este periódico, incluidos los gubernamentales y los próximos al Tribunal Constitucional, en los que se estimaba que la sentencia sería favorable a la ley,"pero con reticencias". Sin embargo, una vez concluido el pleno del Tribunal Constitucional, un ambiente de pesimismo recorrió los mismos sectores, en donde llegó a contemplarse la posibilidad -que también temió el Gobierno- de que el fallo desfavorable a la ley se conociera inmediatamente.

Sólo a última hora de la tarde, el Tribunal Constitucional emitió una nota oficial , en la que se describía la reunión de los 12 magistrados, de más de cuatro horas de duración, y tras 15 meses desde la presentación del recurso previo, que suspendió la tramitación del proyecto de ley, como un primer encuentro "para iniciar las deliberaciones correspondientes al recurso". En la nota del alto tribunal, acogiéndose a lo establecido en el artículo 34.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, se fija un plazo de 10 días, prorrogable por otros 30 días, para dictar sentencia.

El retraso en la firma y notificación de la sentencia se valora en los medios jurídicos y políticos antes citados como una medida de distensión, tras las presiones de que ha sido objeto el pleno del Tribunal Constitucional por parte de los sectores antiabortistas, y que llevaron a algún magistrado a negarse a firmar la sentencia bajo este clima. La reunión se celebró en un ambiente de gran tensión y crispación, propiciadas por las presiones que, procedentes de sectores confesionales católicos y otras influyentes instancias, llegaron al alto tribunal en contra de la despenalización del aborto, y que enrarecieron la discusión jurídica de los magistrados.