Coalición Popular incluirá en su recurso nueve motivos de inconstitucionalidad

El recurso que medio centenar de parlamentarios de Coalición Popular tiene previsto presentar hoy por la mañana ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Comunidad de Madrid que creó el recargo del 3% incluirá hasta nueve motivos de posible insconstitucionalidad, según informó ayer el jurista Andrés de la Oliva, que ha participado directamente en la preparación del texto. El plazo para la presentación del recurso de inconstitucionalidad, que no paraliza la aplicación de la ley, termina mañana, al haber transcurrido tres meses desde su entrada en vigor.De la Oliva declaró ayer que una de las razones de presunta inconstitucionalidad, ya conocida, es que el recargo grava todas las rentas del contribuyente, incluso las que se han generado fuera del ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid, lo cual está expresamente prohibido en la Constitución. Otro tipo de argumentos se refieren a las limitaciones o interferencias que representa para la autonomía de los ayuntamientos madrileños la ley del Fondo de Solidaridad Municipal, en la que se incluye la creación del recargo sobre el impuesto de la renta de las personas fisicas.

El primer motivo de inconstitucionalidad que alega Coalición Popular es el de que la ley del Fondo de Solidaridad infringe el principio de jerarquía normativa, según lo que establece el propio Estatuto de Autonomía de Madrid.

El artículo 53 del Estatuto de-termina que la Hacienda de la comunidad autónoma se constituye, entre otras fuentes, con "los recargos que establezca la Comunidad de Madrid sobre impuestos estatales, en los términos que establezca la ley reguladora de los mismos".

Esta ley reguladora, según declaró ayer De la Oliva, "aún no existe, aunque cuando se redactó el Estatuto de Madrid estaba en preparación". De la Oliva añadió que ignora el motivo de que aquella ley no llegara a aprobarse "pero parece evidente que la imposición del recargo del 3%, sin que exista norma estatal reguladora de los recargos autonómicos, choca con el corpus constitucional".

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