Tres condenados por el 'caso Bultó' piden que se procese a cinco policías por presuntas torturas
El abogado Ignasi Doñate ha pedido a la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial el procesamiento de cinco inspectores de policía de la Brigada Regional de Información de la Jefatura Superior de Barcelona por supuestas torturas infligidas a tres independentistas catalanes durante su permanencia en las dependencias policiales.Los independentistas fueron detenidos en octubre de 1980 por su presunta implicación en el atentado del industrial catalán José María Bultó. La solicitud será examinada dentro de pocos días por los magistrados Ezequiel Miranda, Fernando Pérez Máiquez y Manuel Quiroga Vázquez.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona empezó, en marzo de 1984, a investigar, por orden del Tribunal Supremo, las supuestas torturas a que fueron sometidos los independentistas catalanes Xavier Barberá, Antoni Messegué y Ferran Jabardo. Durante más de un año, los jueces Carlos Bueren -actualmente destinado en Madrid- y Ángels Vivas realizaron una minuciosa investigación, siendo llamados a declarar los tres independentistas y numerosos inspectores que participaron en su detención.
Las indagaciones finalizaron hace pocos días, cuando el juzgado de instrucción remitió el sumario a la Audiencia de Barcelona para que procesara a los policías si lo creía pertinente, atendiendo al fuero especial que protege a estos funcionarios. Los magistrados han entregado el caso al ministerio fiscal para que emita un informe previo sobre el asunto.
Los tres independentistas catalanes implicados en el caso Bultó habían denunciado reiteradamente las supuestas torturas mucho antes de que se iniciara la investigación oficial. La primera acusación se formalizó el mismo mes de octubre de 1980, cuando los detenidos pasaron por las dependencias judiciales.
El juez de guardia, después de escuchar el dictamen del médico forense, decidió archivar la queja de los detenidos. Quince meses más tarde, en enero de 1982, los tres independentistas volvieron a denunciar las presuntas torturas. En aquella ocasión, la reclamación se planteó a la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, ante la que comparecieron para ser juzgados por su supuesta implicación en el atentado contra el industrial catalán.
Finalmente, sus quejas fueron atendidas en 1983, cuando el Tribunal Supremo revisó el caso y los magistrados ordenaron que se investigaran las denuncias por supuestas torturas.
Demanda contra el Estado
En septiembre de 1983, en vista de que la Administración de justicia no había iniciado aún la investigación oficial decretada por el Tribunal Supremo, los independentistas condenados se dirigieron a la Comisión Europea de los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), donde plantearon una demanda contra el Estado español por la supuesta conculcación de cinco principios jurídicos, entre los que se encontraba el incumplimiento de la orden dada por el Supremo.
