El PC andaluz llevará al Tribunal de Cuentas el convenio de la SER y la Junta
El Partido Comunista andaluz (PCA) llevará al Tribunal de Cuentas el convenio entre la Junta y la Cadena SER, que supone la compra por un año y por 90 millones de 15 programas. El convenio fue denunciado en sesión parlamentaria por los distintos grupos como propaganda encubierta.El citado convenio fue firmado a principios de este año por el entonces consejero de Gobernación, hoy vicepresidente, José Miguel Salinas, y por el mismo la Junta pagaba a la SER una cantidad próxima a los 90 millones por la emisión de 15 programas regionales (toda la programación regional, con la única excepción de los informativos). Para la elaboración de estos programas, los profesionales de la SER deberán atenerse a los criterios de la Junta.
Los programas, en los que no se decía que se realizaran bajo patrocinio de la Junta, se emitieron durante dos semanas hasta que otros medios denunciaron la existencia de este convenio. Los profesionales de la SER que venían efectuándolos hasta ese momento se negaron a hacerlo, al conocer las cláusulas del contrato, que comprometía su libertad para hacer los programas. El problema lo resolvió el director regional de la SER al garantizar a los profesionales que tenían plena libertad.
En la sesión del martes, este convenio volvió a debatirse en el Parlamento autónomo. Junto a acusaciones de realizar propaganda encubierta, surgió la ilegalidad de la contratación directa por valor de 90 millones. La legalidad vigente en el momento de firmarse el convenio establecía el límite de cualquier contratación pública directa en 50 millones, cantidad a partir de la cual es necesario un concurso para la adjudicación. Ese límite ha sido elevado en la nueva ley de Presupuestos a 75 millones, muy por debajo aún del convenio, por lo que el PCA llevará a la Junta al Tribunal de Cuentas.
También se discutió la concesión de 37 cadenas de FM, efectuada por la Junta de acuerdo a criterios discutidos por la oposición, y el PSOE se comprometió a poner en funcionamiento antes de fin de año un Consejo Andaluz de Comunicación, para regular los convenios entre las instituciones y las empresas pertenecientes a los medios de comunicación.
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