Técnicos municipales proponen al Gobierno crear una comisión para la seguridad ciudadana

El grupo de expertos que ha redactado el documento final de la Comisión Técnica de Seguridad Urbana de Barcelona -conocida como comisión Socías por estar presidida por el ex alcalde Josep Maria Socías-, que ayer fue entregado al actual alcalde, Pasqual Maragall, afirma que "hay un caos absoluto en la información existente sobre la realidad delictiva de Barcelona". Entre las conclusiones, se propone la novedad de crear una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de la Seguridad Ciudadana.

La deficiente información de que disponen la policía y la Administración de justicia sobre la realidad delictiva de Barcelona, así como la escasa eficacia policial, son los aspectos más preocupantes observados por los expertos de la comisión Socías. Para explicar este "caos absoluto" se aporta un largo sumario de hechos: estadísticas que no cuadran (por ejemplo, no coincide el número de delitos conocidos por la policía con el de las denuncias tramitadas), sumas y recuentos mal hechos, información que se pierde (una muestra: no existe información sobre las actividades del juzgado de guardia en octubre de 1983) e información a la que no se puede acceder.El documento subraya también otro grupo de insuficiencias en la información oficial: no se conoce el grado de representatividad que tienen los detenidos dentro del universo de delincuentes de la ciudad, ni la incidencia real de la droga, ni la situación familiar o socio-laboral de los detenidos. "Parece que la eficacia de la policía no está en consonancia con su reconocida profesionalidad", afirman los expertos tras analizar la información oficial y la recogida en las dos encuestas realizadas por la comisión. Los 7.300 agentes de seguridad (sin contar Guardia Civil y Mossos d'Esquadra) que actúan en Barcelona dan a la ciudad una de las tasas de policía (4,3 agentes por cada 1.000 habitantes) más altas de Europa.

El contraste que ofrece esta tasa y el bajo porcentaje de delitos esclarecidos (18% de los denunciados, según los datos oficiales) se explica entre otras razones por la escasa presencia de la policía en la calle (la tasa de patrullas disminuye a 0,5 policías por 1.000 habitantes) -lo que refleja un exceso de burocratización en estos profesionales-, y la falta de coordinación entre los diferentes cuerpos.

En el documento se establecen una serie de principios básicos sobre la función policial democrática, y se afirma que "no se han realizado esfuerzos suficientes para dotar a todos los policías de formación sobre las implicaciones de las actuaciones en el ámbito de la protección de los derechos de los ciudadanos". Se critica especialmente "la persistencia de malos tratos y torturas", el "uso desproporcionado de la fuerza" y la "utilización de tácticas militares".

Jueces de paz

Entre otras propuestas concretas, en lo relativo a la Administración de Justicia se pide que se ubiquen los juzgados de paz en los distritos y que los jueces de paz sean designados por elección popular y directa, aprovechando el proceso electoral municipal.La tesis central de los expertos de la comisión Socías (integrada, entre otros organismos, por la Generalitat, el Ayuntamiento los jueces y la Policía) es que debe superarse el tradicional concepto de orden público y debe abandonarse la actuación represiva como eje de la lucha contra la delincuencia, para pasar a referirse a un concepto más amplio de seguridad ciudadana y a un enfoque interdisciplinar de las causas de la inseguridad.

La aportación más destacada de la comisión la constituye la articulación de los denominados "nuevos agentes de control social". En el ámbito local, estos agentes deben ser el Consejo de Seguridad Urbana de Barcelona, ya en funcionamiento, y los consejos de distrito, con la recomendación expresa de que el alcalde pueda asumir -de momento por delegación del gobernador civil- la coordinación efectiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para todo el ámbito de Cataluña se recomienda la constitución de una comisión con el otjeto de asegurar una política global bajo la dirección del titular del Departamento de Gobernación. Y, finalmente, se resalta "la urgencia de crear un consejo de seguridad o consejo nacional de prevención" para estimular la coordinación institucional y la participación ciudadana, y para formular propuestas y recomendaciones al Gobierno.