Dificultades para un acuerdo entre los socialistas y la oposición sobre la ley electoral

La negociación del proyecto de ley orgánica electoral protagonizará esta semana la labor de pasillos en el Congreso de los Diputados, donde el Grupo Popular y los socialistas tratarán de llevar a cabo una difícil aproximación de sus respectivas posiciones en busca del consenso no alcanzado hasta ahora en otros muchos temas. El próximo miércoles se realizará una sesión negociadora entre el principal ponente del Grupo Popular, Oscar Alzaga, y los socialistas Eduardo Martín Toval y Guillermo Galeote, máximos representantes de los puntos de vista del Gobierno y del grupo que le apoya.Sin embargo, los muchos puntos de fricción entre unos y otros hacen que este consenso se vea lejano para cuando, el jueves, se reúna de nuevo la ponencia encargada de dar la segunda lectura al proyecto. Pese a todo, los socialistas impondrán el criterio de agilizar los trámites, de manera que la semana próxima pueda reunirse la correspondiente comisión y a comienzos de junio, como fecha más tardía, la ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado. Medios de la oposición no han dejado de subrayar su extrañeza por las prisas mostradas en este tema por el grupo mayoritario del Parlamento, sugiriendo que tras ellas podría esconderse el deseo de anticipar las próximas elecciones generales acelerando la disolución de las cámaras legislativas.

La composición de la Junta Electoral Central (JEC) constituye el máximo punto de fricción entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista: el primero, apoyado aparentemente en este punto por las minorías catalana y vasca -si es que el pacto de legislatura del PNV y el PSOE no les hace variar de criterio-, rechaza la idea socialista de que la Mesa del Congreso sea quien, en caso de desacuerdo entre los partidos, designe a los miembros de la JEC. La oposición alega que, al tener el PSOE mayoría en la Mesa, podría caer en la tentación de nombrar personas afines para la Junta Electoral Central, con lo que la necesaria neutralidad de sus componentes quedaría desvirtuada.

De esta desavenencia básica parten otras, como el criterio de formación de la oficina del censo, que, para el Gobierno, debe depender del Instituto Nacional de Estadística, lo que rechaza la oposición porque este instituto depende de la Administración y es, por tanto, susceptible de ser influido por el Ejecutivo. Algo semejante sucede con la composición de la junta especial que debe supervisar la imparcialidad informativa de RTVE durante la campaña.