Acuerdo entre el Gobierno vasco y las diputaciones sobre reparto de funciones

El Gobierno vasco y las diputaciones forales de la comunidad autónoma han llegado a un acuerdo sobre redistribución mutua de competencias de acuerdo con lo establecido en la Ley de Territorios Históricos (LTH). Las interpretaciones divergentes sobre dicha ley fueron decisivas en la crisis institucional y política que determinó el cese de Carlos Garaikoetxea como lendakari. Al firmar, el miércoles, los 45 decretos de transferencias en que se ha concretado el acuerdo, ambas partes expresaron su satisfacción por haber solventado en menos de cuatro semanas un problema que durante largos meses pareció irresoluble.En opinión del vicelendakari, Javier García Egocheaga, que es a la vez presidente de la comisión mixta Gobierno-diputaciones, la "voluntad política de las partes" ha facilitado el acuerdo. Es evidente que el cambio de filosofía inherente a la sustitución de Garaikoetxea por José Antonio Ardanza ha posibilitado el entendimiento, pero dista de estar descartado que la polémica de fondo sobre la posibilidad de que las diputaciones ejerciten su capacidad de actuación sobre materias cuya titularidad corresponde al Gobierno, reaparezca en el debate de los presupuestos de unas y otra instituciones.

El acuerdo logrado implica el trasvase, en ambas direcciones, de más de 4.500 funcionarios. El capítulo más importante corresponde a Sanidad, puesto que 2.894 trabajadores de dicho sector hasta ahora dependiente de las diputaciones pasarán a la nómina del Gobierno autónomo. Ello podría dar lugar a ciertas tensiones, dado que el acuerdo prevé el mantenimiento de la situación laboral y salarial de los transferidos y, que existen fuertes diferencias salariales entre trabajadores de la misma categoría, según pertenezcan a las diputaciones o al Gobierno vasco. Según una información publicada en la revista nacionalista Euzkadi, los médicos dependientes de las diputaciones perciben unos emolumentos de hasta el 240% superiores a los salarios de los dependientes del Gobierno regional.

Por otra parte, el pleno del Parlamento vasco aprobó, tras ocho meses de negociación entre los diferentes grupos parlamentarios, el texto consensuado del proyecto de ley por el que se crea la institución del Ararteko (literalmente, mediador), equivalente al Defensor del Pueblo.

El texto propuesto recoge la enmienda presentada en su día por Euskadiko Ezkerra, por la que se exige una mayoría cualificada de tres quintos (45 diputados) para el nombramiento.

Como candidatos suenan el actual decano del Colegio de Abogados de Vizcaya y presidente de la comisión Pro-Derechos Humanos del País Vasco, Juan María Vidarte, independiente próximo al PNV. Otros nombres citados son los del magistrado Juan Alberto Belloch, miembro destacado también de la asociación Pro-Derechos Humanos y de Jueces para la democracia; el del también magistrado Adrián Celaya; el del abogado donostiarra José Ramón Recalde, antiguo director de Derechos Humanos del Consejo General Vasco; el del alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda; y el del diputado Juan María Bandrés de Euskadiko Ezkerra.