Catalanes y vascos rechazan la ley del Patrimonio Histórico, aprobada ayer

Los Gobiernos autónomos de Cataluña y Euskadi recurrirán previsiblemente ante el Tribunal Constitucional la ley del Patrimonio Histórico Español que ayer fue aprobada en el Congreso de los Diputados y que pasa ahora a su tramitación en el Senado. Los nacionalistas consideran que esta ley menoscaba sus competencias autonómicas en la materia.A primera hora de la noche de ayer la diputada del Grupo vasco, Mercedes Villacián, trató en un último intento, que no tuvo éxito, modificar la regulación del patrimonio histórico en favor de su comunidad. Esta diputada presentó una enmienda consistente en añadir una disposición adicional al texto legal en la que se señala que la ley no será de aplicación en la comunidad autónoma vasca, por considerar el patrimonio histórico competencia exclusiva de ese gobierno, según el Estatuto de Guernica. La diputada Villacián reconocía al Gobierno Central el derecho de arbitrio en lo referente a expoliación y exportación de bienes artísticos.

El parlamentario socialista Pedro Moya fue quien se opuso en nombre de su grupo a la petición de los nacionalistas vascos, leyendo la Constitución en los amplios apartados donde se fijan las competencias concurrentes entre las comunidades autónomas y el Estado. Apeló este diputado a la doctrina emanada del Tribunal Constitucional que contradice las tesis expuestas por la diputada Villacián. Al término de la sesión plenaria, esta parlamentaria no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que el Gobierno vasco presente recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley, pero en fuentes nacionalistas se da como seguro su interposición.

Derecho de retracto

El grado de crítica que días pasados mantuvo el diputado del Grupo Popular José Luis Álvarez, fue ayer menor, toda vez que los socialistas presentaron una enmienda transaccional fruto de las sugerencias de Álvarez. Por la misma, se suprime el derecho de retracto de¡ Estado cuando los particulares no comuniquen a la Administración la venta de bienes declarados de interés cultural en un plazo de seis meses. El derecho de retracto -el Estado se reserva la obra previo pago del precio de venta- queda sustituido por un abanico de sanciones que puede elevarse hasta los diez millones de pesetas.Mantiene el Grupo Popular altas reservas sobre la regulación que esta ley ofrece acerca de los bienes de la Iglesia, según la cual no podrá vender su patrimonio. El artículo 28 de la norma dice así: "los bienes muebles en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrá transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles". José Luis Álvarez, sin embargo, manifestó sentirse ayer "más satisfecho", cuando los socialistas introdujeron una enmienda transaccional que considera a esta ley de rango inferior respecto a acuerdos internacionales. En este caso de la Iglesia, y es lo que más "tranquilo" dejó a Álvarez, existe el Concordato firmado entre España y el Vaticano.