Críticas en el Parlamento andaluz al contrato de la Cadena SER con la Junta

El convenio entre la Cadena SER y la Junta de Andalucía por el que ésta compró la práctica totalidad de la programación regional de esa cadena tendría que haber sido adjudicado mediante concurso público, según lo expresado por el portavoz comunista, Felipe Alcaraz en el Parlamento autónomo.

El convenio tiene un coste de 89 millones de pesetas, pero la ley de Presupuestos autoriza la contratación directa sólo hasta 75 millones. El consejero de Gobernación, José Miguel Salinas, que en ningún momento respondió a esa cuestión, defendió el convenio como "acercamiento de las instituciones al pueblo", y anunció la firma de otros similares.El debate se produjo tras una interpelación de Lutis Marín Sicilia (UCD), que calificó el convenio de "burda insensatez" y preguntó por qué se vende la información que generan las instituciones, por qué se firman acuerdos comerciales con fines políticos y por qué no se avisa a los oyentes de que el espacio está patrocinado.

El convenio (véase EL PAIS del 3 de febrero de 1985) prevé la emisión de 15 programas sobre las actividades de la Junta de Andalucía y el Parlamento regional, y fue negociado a través de la agencia Cid, SA, en la que la SER participa. Los programas los realizarán periodistas de la cadena. El convenio supone la compra de toda la programación regional de la cadena, salvo los espacios informativos. Fue firmado al menos dos semanas antes de la primera junta de accionistas de la Cadena SER a la que PRISA editora de EL PAIS, acudió en representación del 25% del capital.

Los profesionales de Radio Sevilla protestaron y exigieron que en los programas constara la cabecera publicitaria.

En el debate parlamentario celebrado el martes y miércoles pasados, el comunista Felipe Alcaraz acusó al consejero de Gobernación de firmar un convenio que viola el estatuto de la publicidad porque en los programas no se especificaba tal condición, y lo calificó de "contrato privado". Señaló que el precio era extraordinariamente bajo a tenor de las tarifas de esa emisora y teniendo en cuenta que la publicidad política tiene un incremento del 50%. Según Alcaraz, lo convenido debería de haber alcanzado una cifra cercana a los 3.000 millones. Por eso preguntó "qué contrapartidas existen, incluso a nivel nacional".