Convergència i Unió deja en manos de Pujol la decisión de recurrir la ley Antiterriorista

El grupo parlamentario de Convergència i Unio (CiU) ha dejado en manos de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat y secretario general de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) -el mayor de los dos partidos de la coalición-, la decisión de apoyar o no el recurso de inconstitucionalidad contra la ley Antiterrorista presentado ante el Parlament por Esquerra Republicana (ERC) y el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). CiU tiene la mayoría absoluta en el Parlamento catalán, por lo que su posición es decisiva.Los diputados de Unió Democrática de Catalunya (UDC), el menor de los dos partidos de la coalición, son partidarios de votar afirmativamente la presentación del recurso, conforme a una decisión adoptada por la dirección de su partido. ERC forma parte también del Gobierno catalán. El parlamento deberá votar la propuesta en un pleno que se celebrará a mediados de marzo.

Los partidarios de presentar el recurso opinan que la opción de dejar la decisión en manos del presidente de la Generalitat es consecuencia del temor a sus posibles consecuencias políticas. Son pocos los que ponen en duda la inconstitucionalidad de esta ley. Fuentes de CiU recuerdan que algunos de sus diputados se ausentaron del salón de sesiones del Congreso cuando se votaban algunos de sus artículos más polémicos.

El máximo organismo jurídico asesor de la Generalitat, el Consell Consultiu, emitió el pasado 8 de febrero un dictamen en el que se pronunciaba claramente por la inconstitucionalidad de 6 artículos de la leyAntiterrorista. Este organismo, presidido por Francisco Fernández de Villavicencio, tiene un elevado prestigio jurídico.

Entre los diputados de CDC hay también muchos partidarios de votar a favorde la interposición del recurso. Existe el convencimiento de que si no intervienen consideraciones ajenas a las opiniones estrictamente jurídicas, la mayoría se inclinará a favor del recurso.

Para los partidos catalanistas existe además un poderoso argumento para votar la presentación del recurso por el Parlamento catalán, pues ha sido puesta en duda la legitimación de la Generalitat para ejercer esta acción. El dictamen del Consell Consultiu sostiene, por el contrario, que la Constitución impone a los poderes públicos, entre los que está la Generalitat, el deber de eliminar los obstáculos que impiden la plenitud de los valores supremos del ordenamiento constitucional.