Patrimonio sindical acumulado: ¿una nueva ley de incautación?

El reciente acuerdo de principio al que han llegado UGT, CC OO y el Ministerio de Trabajo para repartirse el patrimonio sindical acumulado, como si de un botín o de una herencia se tratara, me ha sugerido bruscamente la reflexión que expresa el título de estas líneas.El régimen nacido de la guerra civil lo primero que hizo fue declarar proscritas a las agrupaciones vencidas e incautar sus bienes. Desde los grupos republicano-bur-gueses a los izquierdistas más radicales todos corrieron la misma suerte. De tal manera, los primeros asentamientos del régimen totalitario y de sus instrumentos sociopolíticos se ubicaban en las propiedades incautadas a los vencidos, todas ellas construidas con el esfuezo de millones de españoles -trabajadores muy especialmente- durante el período republicano y en los fugaces períodos democráticos anteriores.

La fuerza como única razón, el expolio implacable de los vencidos, la lógica de un Estado de conquista a la postre, fueron los fundamentos de aquel régimen.

También para los que accedimos a la lucha por reconstruir el sindicalismo y recuperar las libertades dos décadas después de la guerra y sin vinculación alguna con aquella tragedia, la reparación moral y material, de aquellos atropellos fue un imperativo democrático asumido como propio. Así, la devolución del patrimonio incautado a los vencidos o una indemnización justa en su defecto han sido banderas, democráticas que sostuvimos con la misma fuerza que la amnistía, las libertades, la legalización de partidos y sindicatos o la restauración de las autoridades históricas.

Un nuevo atropello

Hoy, a casi 50 años de aquellas incautaciones patrimoniales realizadas por el franquismo naciente, lo que pretenden hacer el Ministerio de Trabajo, CC OO y UGT con el patrimonio acumulado bajo el franquismo con la cuota obligatoria a los sindicatos verticales por parte de millones de trabajadores en sucesivas generaciones durante 36 años de vigencia de dichos sindicatos... me temo que guarda una similitud que sólo la distancia histórica y el afortunadamente distinto régimen político de hoy pueden disimular... y evitar que finalmente se consume un nuevo atropello de dimensiones mayores a las incautaciones de 1939-1940, aunque de forma incruenta y con arrope democrático.

Efectivamente, lo que pretenden CC OO y UGT es repartirse mano a mano los bienes inmuebles del extinto (¿extinto?) sindicato vertical, conceder unas migajas a los sindicatos nacionalistas del País Vasco y Galicia y aceptar, aunque gruñendo, la participación peritaria de la Administración y de la CEOE en el reparto (al poderoso lo respetan y temen).

Al Ministerio de Trabajo correspondería traducir esas pretensiones en un proyecto de ley que el Parlamento sancionaría en meses próximos. O mejor sería decir que al Parlamento le quedaría dar vestimenta legal a posteriori a un reparto prácticamente ya hecho en los últimos años y cuestionado desde las más altas instancias judiciales.

Baste si no un somero repaso al cargamento de jurisprudencia que sobre el tema existe: el real decreto constitutivo de la AISS, que es inequívoco en cuanto a orígenes históricos y función social que corresponde al patrimonio hoy amenazado; la propia Constitución española, nítida en lo tocante a la libertad e igualdad de todos los sindicatos en el desarrollo de sus actividades; las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, donde los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad han sido invocados permanentemente contra los abusos del concepto "sindicato más representativo"; la propia sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 1983, que establece que todos los sindicatos tienen derecho proporcional a usufructuar locales del patrimonio sindical; las recomendaciones de la OIT en la misma dirección que las de nuestros tribunales, o el clamor del Defensor del Pueblo ante el Gobierno pidiendo igualdad y proporcionalidad para todos en temas como la subvención presupuestaria a los sindicatos (un río de millones, oiga), el reparto del patrimonio u otros (entrañable don Joaquín, que sabe que la libertad es indivisible y si machacan la sindical las otras no están seguras).

Una pelea por el fuero

Todo ha sido inútil hasta ahora, y pretenden hacer inútil para siempre la moralidad y la legalidad democrática más elementales, insistiendo en la crónica de una voluntad anunciada de expoliar el patrimonio sindical acumulado bajo el franquismo. Porque eso es, y no otra cosa, el reciente acuerdo tripartito entre el Ministerio de Trabajo, CC OO y UGT.

La USO ha hecho hasta ahora todo lo constitucionalmente posible para impedir el expolio. Y tenemos un paquete de iniciativas -también constitucionales- para el inmediato futuro, que no hace al caso anunciar ahora. Para la USO esta pelea por el patrimonio, como lo es la exigencia de la subvención sindical o el rechazo al canon, o la denuncia radical de la nonnata ley sindical, es una pelea por el fuero, no por el huevo; por la libertad sindical, inseparable del conjunto de libertades constitucionales que tanto costó recuperar y tanto está costando consolidar.

No es nuestra filosofía sindical vivir del dinero del Estado y realquilados en sus locales. Por eso queremos impedir a toda costa que esa filosofía tan vigente hoy entre el paternalismo y la injerencia estatalista en el movimiento sindical ahogue el desarrollo libre y la conformación de un espectro sindical que a los asalariados corresponde diseñar y sostener, y no a los gestores políticos del Estado, con sus opciones caprichosas de sindicatos-beneficiados y sindicatos-damnificados, o el uso arbitrario y a contrapelo de la legalidad de la iniciativa política y legislativa.

Decididamente, es el fuero, no el huevo, lo que está en juego.