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La investigación de los escándalos financieros

El juez mantiene en prisión a Palazón y dicta auto de prisión contra un industrial

El titular del juzgado encargado de delitos monetarios, Luis Lerga, acordó ayer desestimar los recursos presentados por Francisco Javier Palazón y el matrimonio García de Enterría, y mantener en prisión al principal encausado en la evasión de capitales y no retirar las fianzas de 25 millones de pesetas para el catedrático de Derecho Administrativo y su esposa. Por otra parte, el juez dictó auto de prisión contra el industrial Santiago Muguiro, que depositó una fianza de 15 millones de pesetas, por lo que ha quedado en libertad provisional.

El juez ha mantenido en prisión a Palazón por considerar que el diplomático es residente en el extranjero y su actividad gestora en Suiza le convertía en incitador o en colaborador para el tránsito de flujos importantes de dinero pertenecientes a residentes españoles que se transferían a cuentas en el extranjero. Además el juez ha tenido en cuenta que los capitales que Palazón administraba en Suiza exceden notablemente de 50 millones de pesetas. Estos argumentos coinciden básicamente con los expuestos en el escrito del fiscal Manuel Villanueva en el que pedía la confirmación de las citadas resoluciones judiciales.El abogado de Palazón, Miguel Bajo, criticó la decisión judicial señalando que los argumentos del juez y del fiscal "no son válidos" ya que según la interpretación que se hace de la ley, "convertirían en delincuentes a todos los banqueros suizos por el simple hecho de administrar capitales pertenecientes a españoles". El abogado de Palazón, que también defiende al implicado Carlos Varela, entiende que el legislador al crear los delitos monetarios no pensó jamás en una extensión del carácter represivo de la ley hasta esos extremos.

Miguel Bajo ha presentado un escrito en el juzgado en el que ha solicitado que se levante el secreto del sumario con todas sus consecuencias y ha pedido igualdad de trato con el ministerio fiscal sobre el conocimiento del proceso. El abogado ha pedido también que se facilite a Palazón el control de sus asuntos profesionales desde la prisión.

En el auto que confirma las fianzas de García de Enterría y su mujer, Amparo Lorenzo-Velázquez, se explican razonadamente los motivos del instructor para dictar la libertad provisional con una fianza de 25 millones cada uno. El auto indica que existen indicios para suponer la implicación del matrimonio en un delito monetario por un importe de 278 millones de pesetas. El auto, en medios jurídicos consultados ha sido calificado de "duro". Estas fuentes han asegurado que había habido presiones sobre el magistrado Lerga para que redujera la fianza del catedrático, motivo por el que éste habría decidido expresarse en términos duros.

El juez decretó ayer la prisión del industrial Santiago Muguiro Gil de Biedma, pero éste constituyó una fianza de 15 millones de pesetas que había sido exigida por el juez y quedó en libertad provisional. Muguiro está acusado de haber entregado a Palazón 100 millones de pesetas y había declarado ante el juez el día 14, a petición propia, debido a su situación física.

El diplomático José Antonio Maeso Ducloux, que declaró ayer ante el juez, quedó en libertad sin cargos. A las doce del mediodía, una persona desconocida pero relacionada con el caso que salía del juzgado dijo a los periodistas: "El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. La Ley está anticuada. Esto es una mierda".

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Melitino García Carrero, manifestó en una conferencia de prensa que no ha sido comisionado específicamente por el Gobierno para actuar como portavoz, pero que informaba por la especial cualificación que le otorga el ser el titular de la fiscalía. García Carrero dijo que entre las 18 primeras personas que han declarado ante el juez abarcan 1.300 millones de pesetas del total de 2.000 o 2.300, depende de la fluctuación del cambio, que se están investigando. El fiscal reconoció que de las investigaciones parecen deducirse además de delitos contra el régimen de control de cambios.

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