Fondos de la 'caja B' de Catalana sirvieron para pagar sobresueldos, según los fiscales

Los fondos de la caja B de Banca Catalana sirvieron, entre otros objetivos, para pagar sobresueldos de los empleados y fueron un factor determinante de la crisis patrimonial de la entidad, según aseguran los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena en el último recurso de queja remitido al Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona. Prueba de la importancia de la caja B es que la actividad desarrollada en este apartado durante 1974 ascendía a más de 2.000 millones de pesetas, afirma el ministerio público en el citado documento, al que ha tenido acceso EL PAIS.

Con estos argumentos, que se desarrollan a lo largo de tres folios del recurso de queja, los fiscales Mena y Villarejo ilustran a los magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona sobre la importancia de la caja B y sobre la necesidad de que se aporte al juzgado "la totalidad de los libros ( ... ) y documentación en la que se registraba el movimiento de la citada caja".Las dos cuestiones que se plantean en el recurso presentado por los fiscales, que está pendiente de resolución, son la aportación de la documentación sobre la caja B y de los documentos referentes a los créditos concedidos al ex presidente del banco Jaume Carner Suñol. Hasta ahora había trascendido a la opinión pública uno solo de los motivos del recurso de queja, el relativo al imputado Jaume Carner, pero se desconocía el otro objetivo, referido a la documentación sobre la caja B.

El juez delegado para la querella por el caso Banca Catalana, Ignacio de Lecea, denegó en su providencia del 27 de diciembre de 1984 la práctica de ambas diligencias, sin razonar la negativa referida a la documentación sobre la doble contabilidad. En opinión del ministerio público, recogida en el documento del recurso de queja, esta negativa significa una infracción del artículo 311 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que en este precepto se establece que el juez practicará las diligencias propuestas por el ministerio fiscal y por las partes "si no las considera inútiles o perjudiciales".

Los fiscales razonan que el acceso a la documentación sobre los movimientos económicos de la caja B es "fundamental para los fines del sumario", ya que "las actuaciones practicadas hasta ahora han puesto de manifiesto que la caja B era el vehículo principal para el apartamiento de los fondos propios de la entidad bancaria, fuera del control de los accionistas y autoridades bancarias, para aplicarlos a fines diversos que no estaban permitidos a los administradores de Banca Catalana".

En opinión del ministerio público, la caja B se nutría fundamentalmente de créditos fiduciarios, de depósitos a plazo en sociedades instrumentales de los querellantes y de una cartera comercial ficticia. Los fondos de esta caja, continúan los acusadores en su documento, servían para pagar sobresueldos a los empleados, intereses complementarios y superiores a los autorizados, para poder llevar a término una política de concesión de créditos irregulares y para adquirir acciones de otras entidades bancarias.

El juez Ignacio de Lecea presentó ayer al presidente de la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera, el dictamen solicitado por el pleno sobre la queja planteada por los fiscales. Queda ahora pendiente la fijación de la fecha para un nuevo pleno en el que se sometan a debate las dos cuestiones planteadas por el ministerio público. Este pleno podría convocarse a finales de este mes.

Dificultades de la instrucción

La negativa del juez delegado a practicar importantes pruebas documentales y lo que algunos observadores consideran como ralentización de la instrucción de la causa son las dos características esenciales que definen el actual período procesal. La actitud del juez delegado de denegar alguna prueba que, a juicio del ministerio fiscal, era importante culminó hace pocos días cuando Lecea desestimó una nueva petición de prueba reclamada el pasado 7 de febrero por los fiscales. El ministerio público había sugerido que se aportaran los libros de contabilidad de 18 empresas relacionadas con Banca Catalana. Esta prueba fue desestimada parcialmente provocando que los fiscales presentaran ayer un recurso de aclaración.

La ralentización del procedimiento, otra de las características de la instrucción de la causa, a juicio de observadores jurídicos independientes, parece haberse acrecentado en las últimas semanas coincidiendo con una afección cardiaca sufrida por el juez Ignacio de Lecea el pasado 31 de diciembre, y que obligó a su internamiento en un hospital. En medios allegados a la abogacía se asegura, sin embargo, que este retraso sólo es aparentemente contradictorio con la actitud diligente, pero algo precipitada, demostrada por el juzgado cuando el pasado verano no hizo vacaciones y llamó a los querellados a declarar sin que los fiscales tuvieran prácticamente tiempo de preparar el caso en profundidad. Se afirma en los citados medios que muchas de las preguntas que se realizaron en aquellos interrogatorios se encuentran ahora totalmente desfasadas.