La entrevista con el rey de Marruecos

LA ENTREVISTA concedida por el rey de Marruecos a Televisión Española, incialmente programada para el espacio Informe semanal, ha dado motivo a una serie de incidentes en tomo a su difusión. La polémica sobre la conveniencia de que el monopolio estatal realizase ese reportaje pone de relieve, una vez más, la escasa consistencia de las convicciones de nuestros políticos acerca de los criterios con que debe ser gestionada Televisión Española. Las habituales críticas contra el déficit de autonomía del Ente Público y su dependencia del Gobierno, reforzadas tras el inaudito chantaje del que están siendo objeto dos miembros de su consejo de administración (amenazados con ser expulsados del PSOE si no presentan la dimisión o si no renuncian a la independencia propia de su cargo), se compaginan mal con las lamentaciones de la oposición ante una decisión periodística adoptada con criterios puramente profesionales y que sólo puede crear molestias al poder ejecutivo. La doctrina de Hassan II sobre Ceuta y Melilla ha sido abundantemente expuesta en los foros internacionales y es de sobra conocida por los españoles. Que se acepte sin mayor problema la reproducción en la Prensa de las posturas marroquíes pero se organice un formidable escándalo cuando Televisión transmite esa información in dica que se pretende convertir al Ente Público en una finca privada de la clase política, preocupada exclusivamente por las parcelas de influencia que le correspondan en su explotación.El interés como noticia de las palabras de Hassan II sobre el futuro de Ceuta y Melilla movió a los responsables de Televisión a difundirlas como adelanto en los telediarios del pasado viernes. Carece ya de importancia que, con esa medida, Informe semanal perdiera la exclusividad del reportaje. Porque el aspecto realmente grave del asunto es que el griterío organizado en torno a las opiniones del rey de Marruecos obligara a una mutilación parcial de la entrevista en el espacio del sábado. Las protestas de Marruecos ante esa torpeza no deben ocultar, sin embargo, el hecho de que las palabras de Hassan II fueron escuchadas por dos veces en espacios de mayor audiencia que Informe semanal. Dicho sea de paso, las autoridades marroquíes jamás han dado oportunidad al rey de España o al presidente del Gobierno para exponer en la televisión de aquel país sus puntos de vista sobre Ceuta y Melilla o sobre el Sáhara. Pero esa falta de correspondencia y esa asimetría en los tratamientos informativos son el inevitable precio que un sistema de libertades como el nuestro debe pagar por ser coherente con sus principios.

En esa carrera de disparates corresponde, sin duda, el primer premio a Miguel Ángel Roldán, senador del PSOE por Melilla, resuelto a empapelar al director de los Servicios Informativos de Televisión Española por haber autorizado la difusión de las palabras de Hassan II. La inverosímil noticia de que este parlamentario socialista se propone interponer una querella criminal contra Enric Sopena, acusándole de atentar contra la integridad territorial de España, es simplemente grotesca. Otros políticos con vocación de rábulas están consultando también los códigos penales con la intención de meter en la cárcel a Santiago Carrillo -y antes a Pablo Castellano- por sus declaraciones sobre Ceuta y Melilla. ¿Que diría el senador Roldán si un diputado del Labour Party se querellase contra los periodistas de la televisión británica que hace pocos días reprodujeron las declaraciones de nuestro ministro de Asuntos Exteriores sobre Gibraltar o que han recogido en anteriores ocasiones las tesis de las autoridades argentinas sobre las Malvinas?

Las repercusiones sobre Ceuta y Melilla de la eventual y lejana recuperación de la soberanía española sobre Gibraltar no van a desaparecer mágicamente de escena porque los medios de comunicación silencien las palabras de Hassan II gracias al procesamiento de todos los periodistas. Y las tentativas de amedrentar mediante acusaciones de traición de lesa patria o con querellas criminales a quienes tienen el coraje moral y la honradez política de proponer una discusión nacional sobre la mejor manera de proteger a largo plazo los derechos y los intereses de los españoles que habitan Ceuta y Melilla constituyen simplemente una infamia. Y por otro lado este es sólo un nuevo botón de muestra de cómo defiende el señor Calviño los principios consagrados en el estatuto de RTVE y demuestra verdaderamente el papel que desempeña, de fiel correa transmisora de las consignas gubernamentales, aunque sea a costa del pellejo de sus propios colaboradores. Todo un ejemplo.