La Constitución y el referéndum sobre la OTAN

El referéndum sobre la OTAN es perfectamente constitucional, según argumenta el autor de este artículo, por cuanto las votaciones de este tipo tienen carácter consultivo y pueden producir efectos políticos pero no jurídicos sobre los acuerdos parlamentarios. Con ello sale al paso del dictamen y de las declaraciones del dirigente reformista Miquel Roca, que considera como un aspecto más de la campaña destinada a evitar la celebración del referéndum.

Uno de los argumentos más peregrinos de los que no quieren que se celebre el referéndum sobre la OTAN es el que acaba de avanzar el portavoz de Convergència i Unió y líder del Partido Reformista, Miquel Roca, al aducir la posible inconstitucionalidad de dicho referéndum.Según se argumenta -al parecer con el aval de un dictamen jurídico encargado al efecto- la celebración del referéndum significaria invadir las competencias de las Cortes puesto que éstas ya decidieron por mayoría autorizar el ingreso de España en la OTAN y el referéndum equivaldría a una ratificación o a una invalidación de dicho acuerdo, supuesto que, efectivamente, no está permitido por la Constitución.

Digo que éste es un argumento peregrino porque cuesta entender que ningún jurista pueda aducirlo con un mínimo de seriedad. El posible referéndum sobre la OTAN sólo puede ser el referéndum consultivo previsto por el artículo 92 de la Constitución. Si es consultivo quiere decirse que no produce efectos jurídicos por sí mismo y que, por consiguiente, no ratifica ni deroga ninguna decisión de las Cortes Generales ni de cualquier otro órgano institucional.

El referéndum del artículo 92 de la Constitución no es más que una consulta que el presidente del Gobierno, debidamente autorizado por el Congreso de los Diputados, decide plantear al conjunto de los ciudadanos cuando se encuentra ante una decisión política que él considera de especial trascendencia.

El resultado del referéndum no obliga ni al presidente del Gobierno ni a nadie en el plano estrictamente jurídico. Otra cosa es el efecto que puede producir en el plano político.

Si el referéndum se lleva a cabo -cosa que hoy por hoy parece problemática- sólo pueden ocurrir dos cosas: que la propuesta del Gobierno obtenga la mayoría o que quede en minoría. En ambos casos, el Gobierno deberá sacar las conclusiones, políticas que se impongan. En teoría, cabe incluso que el referéndum dé una mayoría favorable a la salida de España de la OTAN y que el Gobierno, a pesar de ello, decida continuar en ella.

El problema es, evidentemente, político, porque está claro que si el referéndum diese una mayoría favorable a la salida de España de la OTAN el precio que el Gobierno pagaría si decidiese ignorar esta manifestación mayoritaria de la voluntad popular sería altísimo y la propia credibilidad del sistema podría quedar afectada. Pero insisto en que desde un punto de vista estrictamente jurídico, que es el que cuenta para hablar de inconstitucionalidad, el. referéndum no obliga a nada.

Una maniobra política

Si el referéndum se celebra, da un resultado favorable a la salida de España, de la OTAN y el Gobierno decide hacer case, de esta opinión mayoritaria del electorado el procedimiento a seguir está trazado por los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Constitución y, por consiguiente, en ningún case, puede hablarse de invasión de competencias de las Cortes, de supeditación de éstas ni de anulación anticonstitucional de ninguna decisión del Parlamento. ¿Dónde está, pues, la inconstitucionalidad que se denuncia?

Lo que hay en realidad es una amplia maniobra política, impulsada desde distintos frentes, para impedir que el referéndum se celebre. Las dificultades de calendario, reales o provocadas, los pretendidos atentados a la Constitución y todos los demás argumentos jurídicos que se han aducido o se puedan aducir no son más que pantallas destinadas a ocultar el verdadero fondo del asunto.

Y el fondo del asunto es, en primer lugar, que el Gobierno de los Estados Unidos, secundado por los gobiernos de otros países miembros de la OTAN y por toda la derecha española no quieren que España salga de la organización y que, por consiguiente, no se consulte al pueblo español sobre la posibilidad de hacerlo. El fondo del asunto es, también, que al PSOE en el Gobierno, atrapado entre sus planteamientos electorales y sus realidades actuales, el referéndum no le hace ninguna gracia.

Y el fondo del asunto es, en tercer lugar, que nadie de los citados llama a las cosas por su nombre y por eso se buscan y se inventan pretextos.

Al final puede ocurrir que el pueblo español, del que, como titular de la soberanía nacional emanan todos los poderes, según la Constitución, se encuentre con que nadie le pidió su opinión para entrar en la OTAN y que nadie se la pida ahora para decidir si se continúa en ella o se sale. Puestos a hablar de la Constitución quizá sería bueno que nos fijásemos en este aspecto, nada trivial, del problema.