Una cesta de cerezas

LA INVESTIGACIÓN sobre evasión de capitales, parcialmente relacionada tal vez con el fraude fiscal y con el blanqueamiento de fondos eludidos en las declaraciones sobre la renta o el patrimonio, está ocupando el centro del interés de la sociedad española y suscitando vivas emociones. A medida que se suceden las actuaciones ju diciales, aumentan las ramificaciones del asunto, con vertido en una verdadera cesta de cerezas, y crece la complejidad de sus implicaciones. Aunque el monto del capital presuntamente evadido constituya un mínimo porcentaje de las transferencias especulativas hacia el exterior realizadas desde los comienzos de la transición, sería inmoral utilizar ese argumento como agravio com parativo en favor de los eventuales defraudadores de unas sumas que resultan exorbitantes para la inmensa mayoría de las economías domésticas españolas. La existencia de una franja negra de delincuencia impune -a la que hacía alusión el último informe anual del ministerio fiscal- no puede servir de eximente o de atenuante a los procesados que se sientan habitualmente en el banquillo acusados de haber infringido otros artículos del Código Penal.Resulta altamente significativo que las lamentaciones y críticas en torno a la legislación española sobre control de cambios -establecida por el régimen franquista, suavizada por un Gobierno de UCI) y nuevamente reformada por un Gobierno socialista- se produzcan justamente en el momento en que un juez tiene que aplicarla sin reparar en las repercusiones sociales de sus actuaciones. El confusionista intento de meter en el mismo saco las trabas administrativas a las exportaciones de capital, único punto que una futura reforma legal podría acometer, y los movimientos ilegales de fondos al exterior, ligados parcialmente a la defraudación fiscal, constituyen un monumento a la mala fe que sólo puede erigañar a los muy ingenuos. En cualquier caso, la libertad para el movimiento de capitales dentro de la Comunidad Económica Europea, en cuyas estructuras España aspira a integrarse, no impide que esos países sancionen la evasión ilegal de divisas, con propósitos de fraude fiscal, a naciones extracomunitarias como Suiza. Sin duda, las informaciones relacionadas con la comparecencia ante el juez Lerga de los presuntos implicados en este asunto han suscitado curiosidades y comentarios. Sin embargo, las reacciones frente al escándalo constituyen meras anécdotas que no pueden desnaturalizar los verdaderos términos del problema. Es cierto que los riesgos de una instrumentación demagógica de esta investigación judicial no son desdeñables. Para la inmensa mayoría de los españoles, las denuncias formuladas (deseamos que sin fundamento) contra Eduardo García de Enterría -jurista excepcional, demócrata probado y hombre que ha prestado grandes servicios al sistema de libertades públicas han sido un trago amargo y un motivo de hondo disgusto. Resulta dificil aceptar, así, que el ilustre catedrático -contra el que hasta la fecha no se ha dictado auto de procesamiento- haya podido ser sometido a las medidas cautelares de un auto de prisión y de una elevada fianza, sólo justificables en términos procesales para impedir la posibilidad -absurda en este supuesto- de que el presunto inculpado se dé a la fuga. Nunca se repetirá lo suficiente -como demostró la infecta campafía demagógica de la derecha autoritaria contra las reformas de Ledesma- que la Constitución de 1978 garantiza a todos los españoles (sean cuales sean sus ingresos económicos, origen social, nivel de renta, creencias religiosas o militancia política) tanto la igualdad ante la ley como la presunción de inocencia. La peregrina teoría de que el seísmo informativo y social pro