Empresarios y religiosos apoyan el cambio en Filipinas

La incidencia de la situación política en la economía filipina determina una crisis de confianza en la inversión, suspensiones de pagos casi en cadena, dificultades para renegociar la deuda exterior, incremento de precios y, en definitiva, unas perspectivas sombrías para el nivel de vida de los filipinos. Los empresarios han empezado a publicar manirlestos contra la política económica del equipo del presidente Ferdinand Marcos. A la protesta se ha sumado otro de los pilares capitales de la viola filipina: la Iglesia católica, encabezada por el crítico cardenal Sin, que pide un cambio en la dirección filipina.

La crisis económica, acentuada en gran parte por las incógnitas que presenta la sucesión del presidente Marcos, ha congelado prácticamente la inversión extranjera.Si el plan de estabilización de la economía filipina sale adelante (lo que equivaldrá a reformas en monopolios y mayor control de la empresa pública), los filipinos tendrán un crecimiento muy lento en los próximos 10 años, del orden del 2% anual, en un país donde el crecimiento demográfico es ya del 2,5% anual, según proyecciones del Banco Mundial. En definitiva, el proceso de cambio político para una era pos-Marcos coincide para los filipinos con un obligado plan de estabilización duro.

Según un estudio del Banco Mundial, los filipinos tardarán 12 años, hasta 1993, en recuperar un nivel de vida igual al que tenían en 1983, que era de 550 dólares (unas 95.000 pesetas) de renta per cápita. La crisis abierta con el asesinato del líder político Benigno Aquino, en agosto de 1983, por parte de un compló militar actualmente ante los tribunales, y las incógnitas sobre la sucesión del presidente Ferdinand Marcos, en precarias condiciones de salud, han originado una espectacular fuga de capitales.

Medios bancarios han informado que las reservas pasaron de unos 2.300 millones de dólares (unos 409.000 millones de pesetas) a unos 500 millones de dólares (8.900 millones de pesetas) en los tres meses que siguieron al asesinato del más firme opositor de Marcos.

En octubre de 1983, Filipinas tuvo que declararse técnicamente en bancarrota, al no poder hacer frente al pago de los intereses de su considerable deuda exterior, finalmente cifrada en unos 25.000 millones de dólares (cerca de cuatro billones y medio de pe setas), tras una serie de polémicas entre el Banco Central filipino y las instituciones monetarias internacionales, ante las dificultades para que cuadrasen las estadísticas.

Con la llegada de las elecciones a la Asamblea Nacional, en mayo de 1984, el Gobierno filipino puso en marcha unos programas económicos, con enorme profusión de dinero y con escaso control de la masa monetaria, lo que acabó relanzando la inflación, que llegó hasta el 60% (bajó posteriormente al 50%) en diciembre de 1984.

César Virata, primer ministro y ministro de Finanzas, inició hace unas semanas una gira por Europa y Estados Unidos, donde logró compromisos para la renegociación de la deuda con la banca privada, que hay que sumar a la firma de nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzados a finales de 1984.

Sin embargo, la concesión de nuevos créditos, destinados a poder hacer frente al pago de los intereses, implica una serie de medidas estabilizadoras que son impopulares y se suman a la tensión política reinante en el archipiélago filipino. En este momento de apretón del cinturón, las reivindicaciones y huelgas sectoriales son frecuentes.

Los campesinos protestan por el aumento del precio de los abonos, los maestros han estado en huelga estas últimas semanas, y los conductores de los taxis colectivos protestan porque se les han reducido las tarifas en el área de Manila.