Fuera los discrepantes de televisión

EL REQUERIMIENTO dirigido por la Ejecutiva Federal del PSOE a dos vocales del Consejo de Administración de RTVE a fin de que presenten su dimisión de los cargos para los que fueron designados por el Congreso de los Diputados significa una confesión del abismo existente todavía en nuestra vida pública entre el diseño formal establecido por las leyes y el funcionamiento real de las instituciones. Aunque Elena Vázquez y Luis S. Enciso recibieran su mandato del Parlamento, la dirección de su partido ha tratado de esgrimir unos inexistentes derechos para coaccionarlos y exigirles su renuncia.Los socialistas hacen caso omiso de la letra y del espíritu del ordenamiento jurídico y se aprestan a sustituir las decisiones adoptadas en el hemiciclo por las medidas decretadas en los despachos de un partido. El portavoz del grupo parlamentario del PSOE parece mantener la interpretación de que los consejeros propuestos por el PSOE al Congreso deberían ganarse diariamente la confianza de los diputados socialistas que contribuyeron a su elección. Sin embargo, Elena Vázquez y Luis Enciso fueron designados también con los votos de Coalición Popular. Al portavoz socialista se le ha escapado que corresponde a las Cámaras en cuanto tales, y no a los grupos parlamentarios, esa designación. La teoría de que los consejeros de RTVE estarían vinculados al mandato imperativo de la ejecutiva del PSOE o de los diputados socialistas que participaron en su nombramiento carece de respaldo legal.

Según el estatuto de RTVE, los 12 miembros del consejo de administración son elegidos "entre personas de relevantes méritos profesionales" por una mayoría cualificada de los dos tercios del Congreso y del Senado, y su mandato concluye al término de cada legislatura. No es un azar que el estatuto detalle con precisión las causas del cese del director del Ente Público RTVE (imposibilidad física o enfermedad, incompetencia manifiesta o actuación contraria a los principios u objetivos básicos del estatuto, condena por delito doloso) y no mencione, en cambio, los motivos de destitución de los consejeros. La razón es que el nombramiento y el cese del director corresponde al Gobierno, oído el consejo de administración, mientras que los vocales de este último órgano reciben su mandato del Congreso y del Senado, precisamente para velar por el cumplimiento del estatuto y para controlar las actuaciones de la persona designada por el Ejecutivo.

Nadie ha puesto en duda la honradez, buena voluntad y recto proceder de Elena Vázquez y Luis S. Enciso, que han demostrado sus "relevantes méritos profesionales" a la hora de ejercer con autonomía e independencia el cargo de consejeros, y cuya ejecutoria como militantes socialistas se halla por encima de cualquier sospecha. Sometidos a un inquisitorial proceso instruido por un tribunal que se erige como juez y parte y en cuyas diligencias no se admite la publicidad de las actuaciones, el derecho a utilizar los medios necesarios para su defensa y la presunción de inocencia, los cargos dirigidos contra los dos vocales no se basan en la conculcación de preceptos sino en la vagorosa suposición de que las preguntas o advertencias de los incriminados en torno a las irregularidades o al mal funcionamiento de Televisión no se corresponde con la realidad.

Según el curioso veredicto, los criterios para decidir sobre el buen o mal fundamento de las inquietudes de los dos consejeros, obligados a elegir entre la dimisión o la amenaza de expulsión del PSOE, serían exclusivamente cuantitativos. Resultaría así que el alineamiento de los otros cinco socialistas (Valentín Andrés Álvarez, Rafael Estévez, Eugeni Giralt, Mariano Mufloz y Feliciano Sofin) con el director de RTVE zanja automáticamente una larga serie de cuestiones -desde el presunto tráfico de influencias en la publicidad estática hasta el despilfarro y la ineficiencia de la gestión- que sólo una auditoría llevada hasta el fondo permitiría dilucidar. Al parecer, Elena Vázquez y Luis Enciso se han tomado en serio las tareas que el estatuto les asigna como controladores del Ente Público RTVE y como veladores del cumplimiento de su autonomía. Pero su derecho a formular preguntas y a exigir respuestas es el núcleo mismo de las funciones que corresponden a cualquier miembro de cualquier consejo de administración del mundo. Demos tiempo al tiempo. Porque si los acontecimientos dieran una parte de razón -aunque fuese mínima- a las preocupaciones de Elena Vázquez y Luis Enciso, sus cinco compañeros del PSOE no tendrían biombos suficientes para ocultar su vergüenza.