El Gobierno aprueba un real decreto para crear 40.000 colocaciones en el sector público durante 1985

La Administración ofrecerá cerca de 40.000 colocaciones en el sector público a lo largo de 1985, según el proyecto de real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de la Presidencia, Javier Moscoso. De esta cifra, 27.836 corresponden a la creación de empleo neto, y el resto son reposiciones por jubilación o plazas que serán cubiertas por funcionarios en promoción. La nueva normativa, tal como se explica en el texto del anteproyecto, trata de poner fín al problema de los contratados administrativos e interinos y a los desequilibrios existentes en materia de distribución de efectivos.

Durante 1985 la Administración hará una oferta de 39.736 plazas en el sector público, de las que 27.836 corresponderán a la creación de empleos netos, 8.500 a reposición de empleo por jubilaciones y otras causas, y 3.400 a las que serán ocupadas por los que ya son funcionarios públicos, a través de los turnos de pro moción.En las convocatorias que vayan saliendo a lo largo del año se reservará para promoción interna un número de colocaciones que nunca podrá superar el 50% de las vacantes. Las plazas para promoción interna serán objeto de convocatorias específicas. Además de las plazas anuncia das en la oferta de empleo público, podrán convocarse los pues tos que queden libres por aplicación de la ley de incompatibilidades.

En las convocatorias de ingreso para personal laboral se establecerá una reserva de plazas para personas minusválidas que permita alcanzar, progresiva mente, el 2% de la plantilla de personal laboral. A partir de la publicación de este real decreto no podrá nombrarse personal interino para cubrir plazas que no se hayan anunciado en la oferta de empleo público. Únicamente podrá hacerse en aquellos pues tos que no entren dentro de esta consideración. En cualquier caso, el personal interino sólo podrá ocupar esas vacantes, cuando se hayan producido después de una convocatoria, o cuando no hayan sido cubiertas tras las pruebas de selección. En cualquier caso, estas plazas habrán de salir a oferta en una posterior convocatoria.

Con estas medidas se pretende poner fin al problema del personal no permanente que viene prestando sus servicios en la Administración pública bajo la figura de contratado administrativo, de colaboración temporal e interino. Al mismo tiempo, se da cumplimiento al compromiso del Gobierno recogido en el Acuerdo Económico y Social (AES).

En el Acuerdo Económico y Social hay dos referencias expresas a la creación de empleo por parte del Gobierno. La primera de ellas, a la que da cumplimiento el real decreto presentado ayer en el Consejo de Ministros, está contenida en la declaración preliminar que abre el texto del AES. El Gobierno, al especificar sus objetivos de política económica, presión fiscal, déficit público, etcétera, señala que "compatible con los objetivos anteriormente descritos, puede contribuir a la creación de empleo con un aumento neto, en 1985, no inferior a 25.000 trabajadores en la Administración pública". La oferta de empleo que ahora hace el Gobierno es de 27.836 empleos netos.

La segunda referencia a creación de empleo se encuentra en el artículo 7 del AES, donde se dice que se aumentará los fondos del Inem para establecer conciertos con organismos públicos que permita la contratación de 160.000 o 190.000 desempleados. En este caso, todas las contrataciones son eventuales.