Pujol, dispuesto a hacer inversiones que ayuden a la candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de 1992

La Generalitat de Cataluña está dispuesta a replantear su política de inversiones para obras y acomodarla a las necesidades del proyecto de la candidatura olímpica de Barcelona a ser sede de los Juegos de 1992, siempre que el Ayuntamiento barcelonés dé pruebas de querer compartir el protagonismo político de la misma. La voluntad de colaboración entre convergentes y socialistas quedó patente tras la reunión que el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, mantuvo ayer con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Samaranch exhortó a todas las autoridades catalanas a un trabajo en equipo, sin rivalidades, si se desea de verdad que Barcelona sea sede de dichos Juegos.

Juan Antonio Samaranch ha desplegado en las últimas 48 horas una intensa labor para explicar la situación real de Barcelona en la carrera para obtener la sede de los Juegos. El martes por la tarde se entrevistó en el Palacio de la Moncloa, de Madrid, con el presidente del Gobierno, Felipe González. Ayer se reunió por espacio de 75 minutos con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y por la noche cenó con el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall.Samaranch pidió a todas las autoridades catalanas un trabajo en equipo, sin rivalidades, "si ustedes desean de verdad que los Juegos Olímpicos de 1992 sean adjudicados a la ciudad de Barcelona". Según fuentes oficiales, Pujol le dio garantías de que, "por razones patrióticas", cesarán las críticas hechas hasta ahora al proyecto olímpico.

El mensaje de Samaranch urgiendo el final de la guerra fría que ha existido hasta ahora, por los celos que mostraba Convergència i Unió (CiU), desde la Generalitat, respecto al protagonismo de Pasqual Maragall y los socialistas del Ayuntamiento en la promoción de la candidatura de la ciudad, parece que hizo efecto aún antes de la presencia física del presidente del COI en Barcelona. En el marco de los contactos que mantienen CiU y el Partit del Socialistes de Catalunya (PSC), la candidatura olímpica goza de especial atención.

A consecuencia de ello, el Gobierno catalán ha hecho llegar por primera vez al PSC un mensaje claro de colaboración sobre el proyecto, que todos coinciden en calificar como "el de mayor trascendencia de los que actualmente tiene Cataluña". La Generalítat se muestra ahora dispuesta a comprometer un elevado porcentaje de sus programas de inversión para el área geográfica afectada por el proyecto olímpico. La contrapartida exigida por CiU es, según fuentes solventes, la de compartir el protagonismo que hasta ahora ha copado casi en exclusiva Maragall.

Samaranch ha transmitido con absoluta claridad, en sus conversaciones con las autoridades catalanas, el peligro que se cierne sobre la candidatura olímpica de Barcelona como consecuencia de las diferencias entre la Generalitat y el Ayuntamiento. Para Samaranch, "sólo con una labor conjunta y de entendimiento entre ambas instituciones, una unidad de todos los catalanes, los Juegos Olímpicos son posibles".

Desconfianza mutua

Las diferencias entre quienes administran las dos principales instituciones de Cataluña se han traducido en cosas concretas. Desde el Ayuntamiento se ha acusado a la Generalitat de incumplir los compromisos financieros que ésta contrajo con la candidatura. El Gobierno Pujol se ha retrasado en el pago de los 30 millones de pesetas que debía aportar a la Oficina Olímpica en 1984 y ha incumplido su compromiso, adquirido por su director general de Deportes, Josep Lluís Vilaseca, de aumentar la dotación para 1985 de 50 a 80 millones. La Generalitat tampoco accedió a pagar los honorarios de Ricardo Bofill por el proyecto del futuro centro del INEF, una instalación que debe financiar ella.

Las críticas de CiU a la gestión socialista de la candidatura también son concretas. Las económicas, referentes a un aprovechamiento poco eficaz del dinero municipal, se tradujeron en una propuesta de recortar la partida del presupuesto de Inversiones dedicada al anillo de Montjuïc en casi 200 millones de pesetas. La alegación había estado precedida de una nota pública y de varios artículos en la Prensa de su portavoz, Antoni Comas, criticando "la serie de actuaciones erróneas que lleva a término el equipo de Gobierno municipal, que, de hecho, pueden disminuir las posibilidades de Barcelona como sede olímpica". El que Barcelona, contra lo previsto por el Ayuntamiento, perdiera la organización de los Mundiales de natación y la final del Mundial de baloncesto de 1986, así como los cambios introducidos en la distribución del anillo olímpico por los fallos de un estudio de las condiciones del subsuelo, también han sido atribuidos por CiU a errores de los socialistas.