Resistencia de los acreedores de Aluminio Español a renegociar los créditos exteriores
Los bancos acreedores de Aluminio-Alúmina Española han decidido aplazar sin fecha fija la adopción de una postura común sobre la solicitud del grupo de proceder a una reestructuración de dos créditos por un importe de 350 millones de dólares (unos 60.000 millones de pesetas) cuyo impago provocó hace más de dos años su suspensión de pagos. Los bancos han aceptado, en principio, la posibilidad de alargar los plazos, pero se han mostrado reticentes ante la solicitud de estrechar los márgenes (diferencial) sobre el tipo de interés.
La decisión de darse un plazo de tiempo apropiado para fijar una postura común frente a la solicitud del grupo fue adoptada el pasado lunes en Londres, durante una reunión que celebraron conjuntamente los dos sindicatos bancarios, uno dirigido por el Orion Bank of Canadá y otro conjunto del Citibank y el Banco Bilbao. Los bancos se han dado un plazo indeterminado para que sus departamentos jurídicos analicen las implicaciones legales de la renegociación y sus efectos económicos en cuenta de resultados.En principio, la solicitud de Aluminio-Alúmina ha sido aceptada en cuanto a la posibilidad de extender la vida media de los créditos de 3,5 a algo más de 5 años. No obstante, varios bancos se han opuesto a alguna de las condiciones restantes y han exigido, simultáneamente, una explicación más detallada de los motivos que mueven al grupo a solicitar una reestructuración de estos dos créditos, cuando hace tan sólo un año de la fecha de la suspensión de pagos del grupo.
La oferta de reestructuración del grupo Aluminio-Alúmina a los dos sindicatos se basa en los siguientes puntos: pago anticipado de 100 millones de dólarés (60 para el crédito de 200 millones del grupo Orion y 40 para el de 150 millones del Citibank); extensión de la vida media de los créditos; rebaja del diferencial en 1/4 de punto, y modificación de la claúsula de garantía, sutituyendo el denominado cash deflficiency agreement por un aval de la Empresa Nacional del Aluminio (Endasa), accionista mayoritario de Aluminio-Alúmina. Con esta reestructuración, además, el grupo buscaría prolongar las ventajas fiscales que tienen los créditos y que expiran en 1986.
De los puntos citados, los tres primeros son buenos para la empresa, en razón a la tendencia al abaratamiento del mercado financiero y el último es beneficioso para los bancos, según fuentes consultadas. Sin embargo, la opinión dentro de los dos sindicatos bancarios no es unánime, y mientras algunas entidades consideran favorable la renegociación, otras se niegan en redondo. El problema, además, se ha visto agravado con algunas sugerencias de que los bancos que se nieguen a la renegociación corren el riesgo de perder negocio bancario con el grupo de empresas del Instituto Nacional de Industria (INI).
El interrogante de Alcan
Otro problema que ha surgido en la renegociación es el temor a que se repita la historia de septiembre de 1982, cuando las profundas diferencias surgidas dentro de los accionistas del grupo (INI, la multinacional candiense Alcan y el grupo estatal francés Pechiney) llevaron al impago momentáneo de los créditos y a la solicitud de declaración de suspensión de pagos.Al parecer, los problemas en esta ocasión los está planteando la firma canadiense, que habría sugerido en sus acciones cautelares la posibilidad de abandonar el grupo. Alcan obtuvo, en el proceso de negociación para el levantamiento de la suspensión de pagos, el derecho a exigir el mismo tratamiento que tuvo Pechiney cuando el INI procedió a cubrir por sí sólo la ampliación de capital en el grupo, incluida la parte de la empresa francesa.
La decisión posterior del INI de comprar Aluminio de Galicia (donde el grupo galo era mayoritario) y de fusionarla este próximo marzo con Endasa, acentuó las reticencias de Alcan, que podría abandonar en las próximas semanas sus participaciones españolas. La renegociación de los créditos perseguiría, precisamente, evitar que la salida de Alcan fuera traumática o llevara al grupo a una situación jurídica parecida a de 1982.
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