Portugal: una coalición frágil y un sistema en crisis
El primer ministro portugués, el socialista Mario Soares, considera que en su residencia oficial de Sáo Bento hay un fantasma por conjurar: el de Oliveira Salazar. Las palabras del líder del Partido Socialista (PS) y cabeza de la coalición de gobierno con el Partido Socialdemócrata (PSD) de Mota Pinto, se refieren a un fantasma estético, todavía presente en la mansión, 15 años después de la muerte del dictador. Éste también vive en un internado para niños del obispado de Bragança que ha pasado a llamarse Fundación Casa de Trabajo Doctor Oliveira Salazar.Son sólo dos anécdotas. La época salazarista apenas si es un punto de referencia. Ni siquiera la Confederación Empresarial Portuguesa (CIP), que ataca abiertamente la viabilidad del actual sistema político, reivindica la vuelta atrás. "No queremos cambiar del parlamentarismo de ahora al corporativismo de entonces", asegura uno de sus vicepresidentes, Rui Manuel Nogueira.
Cuando en el Portugal azotado por la crisis, escapado in extremis de la bancarrota, amenazado por el hambre y la miseria, desilusionado del funcionamiento de los partidos y escéptico ante las posibilidades de recuperación, se habla de cambiar el sistema, no se cuestiona al régimen democrático. Se propugna un cambio constitucional y de práctica política que permita superar el bloqueo y la inoperancia de las fórmulas que se han revelado inútiles.
Las reglas del juego
Tan descartada está la vuelta a la situación anterior al 25 de abril de 1974 como la recuperación de los fervores revolucionarios que, en opinión de los actuales gobernantes portugueses, situaron al país en 1975 al borde de una dictadura comunista. El proceso, ha derivado hacia una democracia pluralista homologable con las de los países europeos, en la perspectiva de la integración en la CEE, prevista para el 1 de enero de 1986.
Hay cuatro grandes partidos: el socialista (PS), el socialdemócrata (PSD), el comunista (PCP) y el Centro Democrático y Social (CDS). Son los únicos que obtuvieron representación parlamentaria en las últimas elecciones, celebradas el 25 de abril de 1983. PS y PSD, los dos mayoritarios, formaron una coalición con la garantía teórica de estabilidad que da contar con el 70% de los diputados. Pero, en la práctica, éste es un Gobierno tan inestable como los anteriores, amenazado en todo momento de ruptura y que, como asegura el vicepresidente del PSD y, ministro de Justicia, Rui Machete, apenas si hace otra cosa que "navegación costera", es decir, al día, sin perspectiva de futuro, sin saber qué ocurrirá mañana.
En diciembre, Soares y el viceprimer ministro y titular de Defensa, Mota Pinto, líderes del PS y el PSD respectivamente, renegociaron los términos del acuerdo. Decidieron aplazar la definición de sus estrategias separadas de cara a las elecciones municipales y presidenciales (previstas para final deaño); acordaron descongelar los alquileres; fijar las indemnizaciones de las empresas nacionalizadas; crear comisiones para la reforma de la Administración pública y la tutela de las empresas del Estado, y establecer los términos de una nueva reforma agraria. El precio era la paz, que el PSD dejara de ser desde el Gobierno un partido de oposición.
Rui Machete, de 44 años, ve en el PS y el PSD una voluntad de mantener el pacto, pero reconoce que el compromiso de diciembre no ha sido sometido a una prueba real. De aquí a finales de febrero se sabrá si la coalición es estable" El vicepresidente del PSD, uno de los hombres menos quemados por la acción de gobierno, reconoce que su partido reúne en su diversi dad intereses no siempre coinci dentes y que la falta de un liderazgo claro agudiza las tensiones. No obstante, reivindica para et PSD un papel fundamental: "Es un partido profundamente popular, con capacidad de movilización sólo comparable a la del PCP".
Antonio Capucho, de 39 años ex secretario general del PSD hasta el último congreso y líder parla mentario a pesar de pertenecer al sector minoritario, aseguraba la semaná pasada, en una conversación informal en la Asamblea Nacional, que "la coalición quizás no resista la prueba de las presidenciales, pero sí la del presupuesto", que se discute ahora.
La visión del poeta Manuel Alegre, diputado socialista y amigo personal de Soares, es más pesimista. Alegre denuncia la "esquizofrenia de un poder alejado de la realidad, que habla de que todo va bien, como si estuviera ciego ante los hechos", y pide abiertamente una regeneración del sistema que, en su opinión, debe pasar por una reforma del sistema electoral, que responsabilice a los elegidos directamente ante los electores y elimine la mediocridad. "Entre el cacique natural y el cacique del sistema, prefiero el natural", asegura.
Jaime Gama, ministro de Asuntos Exteriores, considerado como el delfín de Mario Soares en el Partido Socialista, dice que "el PSD es el PSD que existe" y que "la coalición es entre este PS y este PSD" y confla en la supervivencia de la coalición.
La inestabilidad del actual Gobierno no es excepcional. Antes se ensayaron prácticamente todas las fórmulas posibles: Gobiernos mi noritarios del PS, de iniciativa presidencial, de centro-derecha y de socialismo-derecha (PS y CDS). Todas fueron inestables. Y todas, con su clientelismo e inoperancia, contribuyeron al crecimiento de un malestar profundo sobre el papel de los actuales partidos. Lo que en definitiva parece en crisis es lo que los portugueses llaman el sistema y que en castellano parece más apropido llamar modelo. Precisamente el caldo en que se cuece el proyecto político que se articula en torno al presidente Eanes.
La guerrilla institucional Gobierno-Presidencia -iniciada con el mensaje de fin de año de Eanes, muy crítico con el gobierno y la actual práctica política- encaja en esta dinámica de renovación o cambio del sistema que parece pasar, a medio plazo, por una nueva revisión constitucional.
Para Jaime Gama, el esquema político "deberá evolucionar en el sentido de permitir una convergencia entre el presidente y el Gobierno", con o sin alteración del sistema constitucional. Un análisis en el que la coincidencia es casi absoluta y para el que la vía más lógica es otra revisión constituciónal (la última, en 1982, redujo los poderes del presidente) que, probablemente, estará el presente año en el programa de la mayoría de los candidatos a la jefatura del Estado.
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