El Gobierno proyecta reducir por decreto-ley la cuantía de las nuevas pensiones a partir de este afilo

El decreto-ley es el instrumento que proyecta utilizar el Gobierno para poner en vigor el primer paquete de medidas de reforma de la Seguridad Social y reducir desde el presente año las nuevas pensiones. Varios borradores distintos han sido preparados en los últimos días, junto a las medidas que el Ejecutivo propondrá a partir de esta semana a los otros firmantes del Acuerdo Económico y Social (AES). Todos ellos intentan afrontar como principales problemas el fraude y la entrada anual de pensionistas con altas remuneraciones, que disparan el gasto.

Mañana expira el plazo de tres meses previsto en el AES para que una comisión tripartita intentara ponerse de acuerdo sobre la reforma de la Seguridad Social. Pero Gobierno, CEOE y UGT expresarán hoy su intención de empezar a contar desde el momento en que el Ejecutivo formule sus propuestas. Hasta ahora, sólo ha entregado un análisis desde 1964 a 1985, la proyección de los gastos e ingresos hasta 1993 (conclusión: el déficit a cubrir por el Estado aumentará desde el billón de pesetas actual a tres billones, si no se adoptan medidas correctoras), y un estudio sobre los regímenes especiales.

Vía "más sensata"

Los nuevos documentos que recibirá la comisión a partir de está semana concretan la aproximación de dichos regímenes y enumeran numerosas medidas. Según fuentes de la Administración, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha ultimado también varios borradores distintos de un decreto-ley para aplicar las medidas más urgentes de racionalización y reforma.Frente a las noticias originadas por el XXX Congreso del PSOE, las citadas fuentes han señalado que el Gobierno pretende iniciar la reforma desde 1985, aunque tras el Congreso "se ha impuesto una vía más sensata que la propugnada por el caballo de Economía y Hacienda".

No sólo se ha descartado como instrumento una ley o varias leyes -antes de iniciarse el congreso se había admitido el gradualismo, y responsables del partido y de UGT pidieron aplazar por motivos políticos la parte más dura de la reforma hasta la próxima legislatura-, sino que han sido suavizados los contenidos que más pudieran lesionar derechos adquiridos.

En la parte que sus autores presumen más polémica, los borradores de decreto-ley corrigen algunos factores de expansión del gasto introducidos por las reformas de 1967 (Ley de Bases) y 1972 (Ley de Financiación y Perfeccionamiento). Ambas disposiciones, en opinión de los actuales responsables del sistema, rompieron el equilibrio entre cotizaciones y prestaciones, además de propiciar situaciones de favor para colectivos como los incluidos en regímenes hoy deficitarios, en especial el agrario (véase cuadro adjunto), que nunca ha tenido superávit.

Las medidas de mayor alcance del proyecto de decreto-ley se centran en dos puntos: elevar el período de cotización necesario para tener derecho a pensión (de 10 a 15 años, aunque todavía hay un mínimo de cinco para determinados casos de algunos regímenes), y calcular la nueva pensión sobre lo cotizado durante los últimos 10 años, en lugar de los dos años actuales. Según las fuentes consultadas, los borradores difieren al respecto en cómo añadir los ocho años. En un caso, se ha optado por tomar sencillamente lo cotizado por cada trabajador y su empresa durante los 10 años de cómputo futuro, al igual que se hace hoy con los dos últimos o los dos que más beneficien al pensionista. En otro, se prevé tomar la cotización de los dos últimos años y sumarle la de los ocho anteriores, pero actualizada por la inflación de cada uno de ellos.

Nuevos modelos

En ambas opciones, resultarían reducidas las nuevas pensiones, especialmente las másaltas y las del primer caso. No obstante, el segundo mecanismo, que se aplicaría al menos durante un período transitorio para garantizar derechos adquiridos, limitaría el conjunto de la reducción al 15% respecto a lo que las leyes vigentes atribuyen a los activos.Hasta el Congreso del PSOE, en medios informados se admitía que, si actualmente a los nuevos pensionistas se les fija la jubilación de partida en tomo al 90% de lo cotizado en los dos últimos años (base reguladora), los proyectos de reforma lo reducirían al 60%. o 70% Así se intentaba corregir, siguiendo modelos europeos, la principal espiral de gasto: mientras que cada año causan baja poco más de 200.000 pensiones (fundamentalmente, las de quienes mueren y tienen pensiones ínfimas), también se incorporan cerca de 460.000, con bases reguladoras mucho más altas. Pero la pensión media entre los más de cinco millones existentes es de 27.663 pesetas, debido a que un 89% están por debajo del salario mínimo.

En otros países europeos la base reguladora se obtiene de la media de toda la vida laboral (República Federal de Alemania, Suecia, Bélgica, Noruega, Reino Unido), o en todo caso de períodos más amplios que en España (tres años en Italia, 10 en Francia, cinco en Portugal). Por otra parte, en España hay varios regímenes (principalmente, el agrario y del de autonómos a partir de la Ley de Bases) en que cinco años de cotización dan derecho a jubilarse, práctica considerada más como "compra de pensiones" que como mecanismo de protección y solidaridad.

Otros objetivos serán el evitar la compatibilidad de pensiones y de éstas con trabajo remunerado, suprimir subsidios o pensiones de importancia residual, como la denominada "favor familiar", reformar la protección a la familia, y refundir en un nuevo concepto de incapacidad temporal la actual incapacidad laboral transitoria (días de enfermedad) y la invalidez provisional.