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Barrionuevo admite que informo a Ledesma de la providencia judicial en el 'caso Brouard'

Los ministros del Interior y de Defensa, José Barrionuevo y Narcís Serra, respectivamente, fueron los dos miembros del Gobierno que informaron al titular de Justicia, Fernando Ledesma, sobre las providencias judiciales en torno al asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard que habían recibido los servicios policiales del Estado. A estos servicios se les reclamaba, "de forma genérica", información sobre las armas, la composición y funcionamiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y sobre si algún estamento u organismo del Estado podría tener conocimiento de que se iba a perpetrar el atentado.

El Ministerio del Interior confirmó ayer que hubo "conversaciones" entre el titular de este departamento y el de Justicia, y la existencia de dicha providencia judicial en el caso de la Comisaría General de Información, pero negó que existiera ninguna otra comunicación escrita.Lo mismo ocurrió anoche con el Ministerio de Defensa, que informó que en su día recibió un oficio judicial en este sentido y lo remitió a Justicia, "como es costumbre en estos casos".

Los tres ministros implicados -Interior, Defensa y Justicia- negaron ayer enfáticamente que junto a la información de rigor y a su traslado a la Fiscalía General del Estado se hubiera expresado ninguna queja, malestar o intento de presión en el sentido de orientar la investigación.

Según otra fuente gubernamental, la providencia fue dirigida, mediante oficios, a los servicios policiales, concretamente a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información, que presiden el teniente general José Antonio Sáenz de Santa María, de 65 años, y el comisario Jesús Martínez Torres, de 43.

Por otra parte, la Delegación del Gobierno en el País Vasco ha remitido al fiscal de la audiencia las declaraciones de varios dirigentes de Herri Batasuna en torno al asesinato de Santiago Brouard para que solicite el procesamiento de los mismos.

En una conferencia de prensa celebrada el jueves pasado, los dirigentes de HB Jon Idígoras, Txomin Ziluaga y Tasio Erquicia afirmaron que el asesinato de Santiago Brouard "es un crimen del Estado español".

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Los ministros de Interior y de Defensa remitieron a Justicia las diligencias solicitadas sobre el 'caso Brouard'

Los oficios judiciales remitidos a solicitud del fiscal Emilio Valerio sobre la investigación del caso Brouard fueron remitidos a la Guardia Civil y a la Policía, según constató recientemente un redactor de EL PAÍS en la Audiencia territorial de Bilbao, por el juez de instrucción número 1 de Bilbao, Arturo González Yagüe, encargado del sumario 101/84 -asesinato de Brouard-, previa petición del entonces fiscal del caso, Emilio Valerio.Un portavoz oficial del Ministerio de Justicia confirmó ayer, en reiteradas conversaciones telefónicas de este periódico con el departamento, lo apuntado por la citada alta fuente del Gobierno, y facilitó una declaración oficial a instancia de EL PAÍS, en la que, si bien no se citan los nombres de ambos ministros, sí en cambio se habla de "los titulares de los departamentos afectados", que son los ministros Serra y Barrionuevo. El propio Barrionuevo, consultado anoche por EL PAÍS, dijo: "Me atengo a lo que dice el Ministerio de Justicia en su nota". La declaración oficial del Ministerio de Justicia es la siguiente: "El Ministerio de Justicia fue informado de la providencia judicial del caso Brouard por los titulares de los departamentos afectados. Del contenido de esta providencia se dio cuenta a la Fiscalía General del Estado. Por tanto, este ministerio no ha ejercido ningún tipo de presión, sino que se ha limitado a cumplir con su misión, o sea, trasladarlo a la Fiscalía General del Estado".

Es la primera vez que el Ministerio del Interior reconoce públicamente haber informado del tema a Justicia.

Este periódico supo, de una fuente de toda solvencia dependiente del Ministerio del Interior, que las providencias causaron "asombro" en los dos cuerpos policiales afectados, especialmente cuando preguntaba el fiscal Valerio si el CESID o cuerpos paraestatales del Estado podían tener conocimiento del atentado. Según dicha fuente, la mera cita del CESID provocó en un primer momento "desconcierto" y más tarde ,,enojo y malestar".

Malestar externo

En la Fiscalía General del Estado el receptor de los oficios fue el teniente fiscal Cándido Conde-Pumpido (padre del magistrado del mismo apellido, portavoz de Jueces para la Democracia). Al parecer éste lo recibió rodeado de un fuerte malestar externo. Inmediatamente se desencadena el proceso que concluyó con la separación del fiscal Valerio de las investigaciones.

Durante una intervención de Barrionuevo, el pasado jueves, en un coloquio en el programa Directo, directo, de Radio Nacional de España, el ayudante del fiscal general, José Antonio Martín Pallín expuso una versión de los hechos, y el periodista Julio César Iglesias, moderador del programa, preguntó a Barrionuevo si tenía algo que decir, a lo que respondió que no, lo que fue interpretado como un asentimiento de lo expuesto. Martín Pallín dijo en su intervención que las diligencias habían desconcertado al Gobierno. El ministro del Interior difundió ayer un comunicado señalando que "es absolutamente incierto que el ministro del Interior corroborara afirmacíón alguna del señor Martín Pallín".

En el curso del debate, José Antonio Martín Pallín expuso cómo el fiscal Emilio Valerio, encargado del caso Brouard, pidió -a través del juez, pero sin conocimiento del fiscal jefe de Bilbao- al comisario de policía que llevaba las investigaciones que se hiciera una diligencia genérica sobre todas las hipótesis posibles de la autoría real del asesinato del dirigente de Herri Batasuna (HB). Martín Pallín añadió, textualmente, según consta en la grabación:

"Y el hecho cierto, cronológicamente cierto, es que cuando, como es lógico, el oficio del juez llega al funcionario de policía correspondiente y éste intenta realizarlo o ejecutarlo lo pone en conocimiento. de esos organismos de seguridad del Estado a los que se1abía preguntado. Ignoro cuál fue la reacción real -porque no lo sé- de esos organismos del aparato de seguridad del Estado. Lo que sí es cierto es que su malestar, su perplejidad o lo que sea -no lo califico, ni mucho menos- se manifestó".

Martín Pallín añadió que la Fiscalía General comprobó la existencia de la petición de Valerio, y tras ello el fiscal jefe se entrevistó con Emilio Valerio y le dijo que en lo sucesivo consultase sus iniciativas. "El fiscal Valerio, por razones que ignoro, cree o piensa que esto es una forma de interferir en su actuación. Éstos son los hechos cronológicamente relatados. Cada uno que saque sus conclusiones", terminó. El conductor del programa preguntó entonces al ministro del Interior, José Barrionuevo, si tenía algo que añadir a lo dicho, y el ministro se limitó a decir: "No".

Herri Batasuna, al fiscal

Por otra parte, la Delegación del Gobierno en el País Vasco ha remitido al fiscal las declaraciones de varios dirigentes de Herri Batasuna sobre el caso Brouard, para que solícite el procesamiento de los responsables, según informa Efe desde Vitoria.

Varios dirigentes de HB, en el curso de una conferencia de prensa, responsabilizaron el pasado jueves al Gobierno de lo que ocurriese en torno a este caso.

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