Interior crea una comisión conjunta con el poder judicial

El Ministerio del Interior creó ayer una comisión, que presidirá el subsecretario del departamento, Rafael Vera, y que estará integrada por los máximos representantes de los Cuerpos de la Seguridad del Estado y miembros no destacados del Poder Judicial. El nuevo organismo tendrá como fin "la búsqueda de soluciones a los problemas que puedan surgir entre ambas instancias". Este hecho se produce pocos días después de la polémica ocurrida tras el cese del fiscal Emilio Valerio, encargado de seguir las pesquisas sobre el asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard. Valerio había pedido datos de los servicios secretos del Estado en torno a los Grupos Antiterroristas de Liberación, involucrados en las hipótesis sobre los autores del crímen.

Es la primera vez que un ministerio ajeno al de Justicia se sitúa como interlocutor entre el Poder Judicial y el Gobierno, si bien "existe beneplácito para ello de Justicia", según informó una fuente de Interior.Contrariamente a lo expuesto, tanto el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, como su subsecretario, Liborio Hierro, desconocían a primera hora de la tarde de ayer, cuando ya estaba constituida esta comisión, la función y cometido, al menos en el fondo, que desempeñará. Lo mismo les ocurría a los vocales del Consejo General del Poder Judicial Perfecto Andrés y Gonzalo Casado. Estas cuatro personas se reunieron ayer en un almuerzo informal en el curso del cual unos y otros se preguntaron sobre el cometido de la comisión, informó uno de los comensales.

En cuanto al cometido, espe cialmente el papel que desempeñará esta institución en esta comisión, que preside un miembro del Gobierno, un portavoz oficial del Consejo General del Poder Judicial manifestó a este periódico que "dentro de unos días se podrá informar". No obstante, la única referencia oficial es una nota del propio Ministerio del Interior, en la que además de señalar la finalidad ya expuesta, anuncia que "se trabajará para el perfeccionamiento" de las relaciones entre Interior y el Poder Judicial "con el objetivo común de garantizar el cumplimiento del ordenamiento legal vigente".

La creación de esta comisión se produce a escasos días de la separación del fiscal Emilio Valerio de las investigaciones sobre el asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, el último eslabón, al menos público, de la cadena de incidentes protagoniza dos por Interior hacia el Poder Judicial en los últimos meses, especialmente por actuaciones de miembros de los Cuerpos de la Seguridad del Estado. Es el caso de los procesamientos a guardias civiles en el País Vasco, y de los sucesos que ocurrieron en Madrid en torno a la detención de un supuesto delincuente, que provocó la intervención del juez Jacobo López Barja de Quiroga.

Guardias civiles y policías

La parte de Interior en esta comisión estará compuesta por los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía, teniente general José Antonio Sáenz de Santa María y comisario Rafael del Río; los jefes de los gabinetes de Asuntos Legales e Información de la Dirección de la Seguridad del Estado (DSE), teniente coronel Gui llermo Ostos y comisario Francisco Álvarez; el jefe de la División de Enseñanza de la Dirección General de la Policía, comisario Jesús Prol, y el jefe del gabinete del subsecretario, Diego Martínez. Los representantes del Consejo General del Poder Judicial serán los jueces de instrucción números 12 (Barcelona) y 13 (Madrid), magistrados Fernando Luis Gómez Vizcarra, decano de los jueces de Barcelona, y Antonio García Paredes; así como los facultativos Antonio Martínez y Emilio Fernández. En la reunión constitutiva se fijó la próxima incorporación de representantes del ministerio fiscal.

Interior informó que la comí sión trabajará sobre los siguiente problemas básicos: "la intercomunicación personal, lo más frecuente posible, entre jueces y fiscales y miembros de la Policía Judicial; el estudio de medidas operativas que, en breve plazo, puedan ponerse en marcha para reordenar el funcionamiento de la Policía Judicial; el estudio de las medidas legislativas que, a medio plazo, podrían arbitrarse, y la consideración de posibles cauces a las situaciones conflictivas que, en ocasiones, se producen".