El sumario del asesinato de Brouard

EL CONFLICTO surgido entre el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Bilbao y el fiscal Valerio Martínez, a quien se había encomendado inicialmente la inspección del sumario que investiga el asesinato de Santiago Brouard, ha concluido con la designación para esa tarea de otro miembro del ministerio público. Para situar el incidente en su adecuado contexto resulta necesario recordar que el artículo 124.2 de la Constitución somete a los órganos del ministerio fiscal a "los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica". Mientras los ciudadanos tienen derecho a su juez ordinario o natural, que es independiente e inamovible, el fiscal encargado de un caso determinado, en cambio, está situado en una línea jerárquica, no es recusable, puede ser sustituido por cualquiera de sus colegas y debe actuar en consonancia con los criterios recibidos de sus superiores.Al desarrollar el mandato constitucional, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado, máxima autoridad de esa estructura jerárquica, "podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos". Cada fiscal deberá atenerse en sus dictámenes a esas órdenes o instrucciones, si bien tendrá libertad a la hora de las intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia. Si un fiscal cree que las órdenes recibidas son contrarias a las leyes o resultan improcedentes, puede dirigir un escrito razonado a su jefe, que resolverá en última instancia la cuestión tras escuchar a la Junta de Fiscales. La sustitución del fiscal Valerio Martínez, no presenta, así pues, ningún aspecto jurídico anormal.

Sin embargo, la circunstancia de que las Cortes Constituyentes -a iniciativa de UCD- acuñaran la discutible fórmula de que el fiscal general del Estado sea designado por el Gobierno crea habitualmente espacios de sombras -justificados o no- cuando el ministerio público interviene en un sumario que puede implicar negativamente a la Administración.Así pues, el hecho de que la sustitución del fiscal Valerio Martínez se adecúe a la normativa del ministerio público y a las prácticas fijadas por la costumbre no basta para anular la posibilidad de interpretaciones al respecto. A la circunstancia de que este sumario verse sobre un suceso tan dramático y enigmático como el asesinato de Santiago Brouard hay algunas informaciones sobre datos que manejaba el fiscal sustituido que merecen confirmación o un desmentido rotundo. En este sentido figura las pesquisas que efectuaba sobre la procedencia de las armas que se utilizaron en el asesinato. En cualquier caso, es preciso recordar que el principal actor en la formación de un sumario es el juez instructor y no el fiscal, cuyo auténtico protagonismo se asocia con el momento acusatorio vinculado a la conclusión del sumario. El ministerio público, ciertamente, puede intervenir en el proceso penal para instar a la autoridad judicial "la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos". Pero corresponde al juez instructor la decisión de rechazar las diligencias propuestas por el fiscal si las considera "inútiles o perjudiciales". Y aunque el fiscal inspecciona directamente la tramitación del sumario, corresponde al juez la tarea de practicar las diligencias, acumular las pruebas y preparar el juicio oral.

Por lo demás, el asesinato de Santiago Brouard debe ser aclarado y castigado, tanto por la necesidad de hacer cumplir el principio de legalidad como por la enorme repercusión que tendría sobre la vida pública española la impunidad de sus autores. La identidad de quienes asesinaron al dirigente abertzale, cuya participación en las negociaciones con ETA parece quedar confirmada por su viaje de finales de agosto a Santo Domingo para entrevistarse con Eugenio Etxebeste, revelará finalmente cuál es el signo político e ideológico de los grupos que se oponen a la pacificación del País Vasco.