El fiscal del Estado alemán occidental de Hesse recomienda la extradición de José María Ruiz-Mateos

El fiscal del Tribunal Supremo del Estado alemán occidental de Hesse ha recomendado formalmente la extradición de José María Ruiz-Mateos, solicitada por el Gobierno español. En sus conclusiones, el fiscal alemán occidental acepta como válidos los argumentos presentados desde Madrid en cuatro de los siete presuntos delitos de los que se acusa en España al fundador de Rumasa. Concretamente estima que Ruiz-Mateos puede tener responsabilidades por delitos fiscales, impago a la Seguridad Social, falsedad de documento mercantil y estafa y falsedad de libros de contabilidad.En su escrito, enviado a la Sala Segunda del alto tribunal del Estado, el fiscal rechaza, sin embargo, el argumento de que Ruiz-Mateos podía ser sometido a extradición por el delito de injurias al jefe del Estado, delitos monetarios y falsedad en algunos documentos que no ocasionaron dolo. Asimismo, considera que no existen motivos políticos en la solicitud de estradición por parte de Madrid.

Según medios jurídicos mencionados ayer por dos periódicos madrileños, la recomendación del fiscal de Hesse será seguramente seguida por los jueces. Después, en cualquier caso, tendrá que decidir el Gobierno federal de la República. Los abogados del fundador de Rumasa tienen de plazo hasta el próximo 15 de febrero para presentar alegaciones contra el escrito, que considera que la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de González se justifica en los siguientes motivos:

- Delitos fiscales. En los años 1977 y 1982, ambos inclusive, las empresas del grupo Rumasa detrajeron de las nóminas a pagar de su personal cantidades que alcanzaron un importe superior a los 5.200 millones de pesetas. Además, durante igual período, las referidas empresas detrajeron de los importes brutos a pagar a terceros cantidades por montante superior a 5.600 millones, referidos al impuesto sobre la renta del capital. Asimismo, se retuvieron y no pagaron diversas cantidades en concepto de impuesto de lujo, tráfico de empresas, etcétera. por importe superior a los 8.500 millones.

- Fraudes a la Seguridad Social. En los años 1981, 1982 y 1983, al menos, diversas entidades del grupo Rumasa, al formalizar y liquidar las partidas debidas a la Seguridad Social, de manera sistemática y consciente, faltaron a la verdad al sumar las cantidades base correspondientes, reflejándose así una cifra inferior a la realmente debida en una cantidad del orden de los 1.010 millones. Asimismo se acumularon pagos no realizados del orden de los 10.700 millones de pesetas.

- Falsedad de documento mercantil y estafa. En los últimos meses de 1982 y en 1983 se abrieron cuentas a nombre de empresas reales con desconocimiento de las mismas. Se aprovechó el nombre de esas firmas para aparentar una actividad inexistente.

- Falsedad de documento mercantil. En el ejercicio de 1982 se ordenó practicar una revalorización contable, sin justificación objetiva y contrariamente a los criterios y normas mercantiles, para aparentar un aumento patrimonial de Rumasa por importe de 350.000 millones de pesetas.